México: creciente descontento social contra los megaproyectos

Por Francisco López Bárcenas

El día primero del mes, en la agencia municipal de San Luis Beltrán, municipio de Oaxaca, se reunieron varias decenas de organizaciones del estado, con el propósito de analizar la situación nacional y estatal, intercambiar nuestras experiencias de lucha, así como explorar los temas y condiciones que nos permitirán dar forma a iniciativas conjuntas y acciones inmediatas de cambio y transformación social. Dentro de los problemas que analizaron se encuentran los despojos territoriales y de recursos naturales, violación de derechos humanos y las reformas estructurales, tanto las ya aprobadas como las que amenazan implementar.

Dentro de su análisis estuvieron presentes los proyectos de represas y de generación de energía eólica, pero la minería ocupó un lugar preponderante. Y no era para menos, pues en Oaxaca, como en otros lugares, se ha vuelto un problema explosivo. Tan sólo en la región de los Valles Centrales, Tlacolula y Ocotlán, ocho de cada 10 hectáreas están concesionadas; mientras en la Sierra Sur y Costa oaxaqueña, 120 mil hectáreas están en manos de mineras extranjeras y mexicanas. Caso especial es el del istmo, donde además de 20 proyectos eólicos, que han despertado un fuerte malestar social, también existen varias concesiones ya otorgadas a empresas mineras. Como para corroborar los efectos sociales de la megaminería, 10 días después de ese encuentro se presentó en la capital del estado el informe Justicia para San José del Progreso, promovido desde noviembre del año pasado por la Misión Civil de Observación. En dicho informe se constata que San José del Progreso es uno de los pueblos donde más violación de derechos humanos por oposición a la minería se hna cometido, con varios asesinatos, detenidos y amenazados.

Pero no sólo en Oaxaca hay descontento y protestas contra la minería a cielo abierto. En la comunidad nahua de Cuauhtapanaloyan, en la sierra Norte de Puebla, entre los días 7 y 9 se reunieron varias organizaciones indígenas y campesinas de todo el país en lo que denominaron Encuentro Nacional Indígena y Campesino por la Defensa de la Tierra y el Territorio, que se opone a la minería, las represas y las ciudades rurales, con que el gobierno intenta invadir la sierra. La preocupación de los reunidos no es para menos: en la región existen alrededor de 89 concesiones otorgadas a empresas mineras mexicanas y extranjeras, algunas de las cuales ya tienen luz verde para comenzar a sacar el mineral, oro, plata, cobre, cobre y zinc, entre los más importantes. Los trabajos del encuentro concluyeron con una marcha en la que participaron cientos de indígenas nahuas y totonacas de esta región poblana, así como indígenas, campesinos, estudiantes y maestros de diversas organizaciones.

Como parte de estas resistencias a los megaproyectos, este fin de semana varias organizaciones han convocado a otro encuentro contra la minería, en la comunidad nahua de Zautla, también en la sierra Norte de Puebla, donde se espera que, como en los anteriores, concurran organizaciones de diversas partes del país, para compartir con los asistentes sus problemas, pero también sus estrategias de resistencia, políticas, jurídicas y demás que tengan, pues en este tipo de luchas no puede excluirse ninguna. Paralelo a éste, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, los opositores a la Minera San Xavier realizarán el festival que año con año efectúan para reafirmar su oposición a la minería a cielo abierto, pero también para impulsar una nueva ley minera que, más que llevarla para discutirse en el Congreso de la Unión, se discuta entre los opositores a la minería a cielo abierto, para que refleje sus aspiraciones en este aspecto.

Un asunto que resalta en este tipo de encuentros es que en ellos se han hecho presentes lo mismo organizaciones añejas que bisoñas, situación que bien manejada puede tender un puente entre generaciones de lucha, donde unas aprendan de otras el arte de la resistencia. Otro punto de confluencia es que la mayoría de ellas han declarado a sus territorios libres de minería y muchas han tomado medidas para asegurarse que así sea, como es formalizarlo en asambleas realizadas conforme a la ley, o bien iniciando juicios contra las concesiones ya otorgadas, que es una forma de poner a prueba las instituciones encargadas de hacer valer los derechos. Lo que se enuncia, pero hasta ahora sigue siendo un pendiente muy importante, es cómo le van a hacer los inconformes para tejer la tan necesaria unidad para oponerse a la unidad de las empresas mineras que buscan apoderarse de sus bienes. Porque sin ella, alcanzar el objetivo de vuelve un asunto muy difícil.

Fuente: La Jornada