México: con albazo legislativo Senado abre puerta a privatización de recursos genéticos
El Senado aprobó el 27 de abril por unanimidad la "Iniciativa de ley federal para el acceso y aprovechamiento de los recursos biológicos y genéticos", sin haber informado, consultado ni construido consensos con la sociedad civil
Dicha iniciativa fue aprobada al vapor, como parte de los trabajos de última hora antes del fin del periodo legislativo.
Sin que mediara foro, reunión o aviso a los interesados, los senadores desempolvaron una propuesta de Ley presentada por el senador Jorge Nordhausen del PAN en 2001 -y suspendida desde abril de 2004-, para agendarla entre las iniciativas que serían votadas en masa por el Senado en la sesión de ayer.
"Es inaceptable que la ley sobre los recursos genéticos, que es sin duda estratégica y prioritaria para la Nación, sea votada sin debatirla formalmente y sin construir consensos con los poseedores de esos recursos. Al excluir a las comunidades indígenas y a la sociedad de esta discusión, se pone en charola de plata nuestro patrimonio genético para ser privatizado por terceros", dijo Areli Carreón, integrante de la campaña de Ingeniería genética de Greenpeace.
Dicha iniciativa de ley, que tiene por objeto "regular el acceso, uso, aprovechamiento, conservación in situ y ex situ, y protección de los recursos genéticos, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento y comercialización de los mismos", no asegura que los recursos que se obtengan sean destinados a ese fin. Sin este componente, esta ley es una enumeración de trámites para legalizar la explotación de los recursos, en lugar de un instrumento para protegerlos.
Asimismo, diversos temas de interés público y colectivo han sido omitidos de esta iniciativa, como son: la valoración ambiental, cultural, social (no sólo económica) de los recursos genéticos y del conocimiento tradicional, así como las innovaciones y las prácticas asociadas a ellos. La propuesta no parte del entendimiento propio de las comunidades indígenas y locales sobre sus recursos, mucho menos contempla crear asistencia financiera y técnica para que puedan aprovecharlos por sí mismas, con mecanismos de protección como el reconocimiento a recursos biológicos colectivos o con esquemas comunitarios. "Las comunidades no deben ser consideradas simples proveedoras sino actores fundamentales de la conservación de los recursos genéticos", añadió Carreón.
Si bien la iniciativa atribuye al Estado y/o a los pueblos indígenas, ejidatarios, comuneros, propietarios o legítimos poseedores de tierra en donde estén los recursos el derecho de aceptar o no el acceso privado a los recursos genéticos, no contempla el hecho de que, por ejemplo, en áreas naturales protegidas la propiedad de la tierra es compartida, o el hecho de que hay recursos genéticos que pertenecen a más de una comunidad. La actual propuesta no incluye instrumentos de denuncia y aclaración, ni reconocimiento de los derechos y reclamos que puedan ser interpuestos por las comunidades cuando sus recursos genéticos sean recolectados con fines científicos o de lucro. Por otro lado, las responsabilidades civiles y penales para quienes incumplan o violen las disposiciones de esta ley son deficientes.
Los legisladores deben tomar en cuenta criterios internacionales como las Directrices de Bonn[1], que establecen la cooperación eficaz en apoyo a la generación de beneficios sociales, económicos y ambientales. También deben reconocer de manera integral las técnicas locales, el derecho consuetudinario y las prácticas culturales tradicionales asociadas a los recursos. Asimismo, establecer de manera obligatoria un fondo para la conservación de los recursos.
"Es indispensable crear mecanismos para manejar recursos genéticos compartidos por distintas comunidades o países; también es crucial abordar el movimiento transfronterizo de dichos recursos. Para evitar la biopiratería, es necesario que sea público el país de origen de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados", dijo María Colín, asesora legal de Greenpeace México. "Por otro lado, esta iniciativa de ley no garantiza los derechos a la información ni a la participación del público. En última instancia, abre la puerta a la privatización de los recursos genéticos mexicanos a pesar de que ni siquiera se han evaluado sus beneficios actuales y potenciales", dijo Colín.
Greenpeace hace un llamado a los diputados para que discutan con seriedad, adicionen y modifiquen esta iniciativa, antes de aprobarla.
Más información, con Gerardo Moncada a los teléfonos 5530-2165 ext. 112 y 019981075984.
Fuente: Greenpeace México
Boletín 0552 / 28 de abril de 2005