México: Xochicalco, donde el oro amenaza la tierra campesina

La riqueza abrumadora generada por las minas trae consigo un fuerte impacto ambiental y cultural. Éstas suelen establecerse en comunidades rurales, provocando la devastación de bosques y selvas, expulsando ejidatarios de sus tierras y degradando el medio ambiente de forma irreversible.

Hace algunos días, la revista Forbes enlistó a los hombres más ricos de México. A nadie sorprende que el magnate Carlos Slim encabece la lista; lo que sí llama atención es que quienes ocupan el segundo y tercer puestos son empresarios mineros, que han amasado una riqueza extraordinaria en años recientes. Las empresas mineras –principalmente transnacionales de capital canadiense– que operan en suelo mexicano generan cada año miles de millones de pesos.

Durante los sexenios de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón se concesionaron a la industria minera 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas de territorio nacional, más de una cuarta parte de la superficie de la nación. La tierra mexicana, fuente de vida de miles de comunidades indígenas, se ha convertido en una fuente de enriquecimiento para un puñado de empresarios, en una simple mercancía.

Una mina abierta en una zona protegida

En Morelos, la amenaza lleva el nombre de Esperanza Silver de México. Esta empresa canadiense busca obtener una concesión de 700 hectáreas en una primera

etapa, para abarcar 15 mil al final del proyecto, para explotar una mina de oro.

El desarrollo minero a cielo abierto se encontraría a medio kilómetro de la zona arqueológica de Xochicalco, en los cerros Jumil y Colotepec, dentro de terrenos de la comunidad de Tetlama. Esta zona es habitada por pueblos originarios dedicados al campo, los cuales viven en armonía con la tierra, el agua y el aire.

A decir de los especialistas ambientales, las minas a cielo abierto son de las actividades industriales más agresivas para el entorno natural. Después de talar grandes extensiones de bosque, es preciso demoler montañas enteras con dinamita. Los poderosos estruendos (que en el caso de Xochicalco probablemente derrumbarían algunas cavernas de la zona arqueológica) dejan tras de sí cráteres de varios kilómetros de extensión. Las toneladas de tierra que resultan de la explosión se colocan en barriles gigantes y se someten al proceso de lixiviación, un lavado con cianuro y agua mediante el cual se obtiene el oro puro.

Este proceso, que requiere cantidades enormes de agua, implica una contaminación ambiental importante. Los residuos terminan por filtrarse en las capas freáticas de agua que se ubican en las altas montañas. Asimismo, montañas de lodos tóxicos se disuelven con las lluvias, envenenando a poblaciones enteras.

Para extraer el oro del cerro Jumil se tiene contemplado realizar dos tajos: el primero, de casi 10 hectáreas de superficie y 50 metros de profundidad, y el segundo, con 49 hectáreas de superficie y 90 metros de profundidad.

Daños en las raíces

Las consecuencias del establecimiento de una mina de oro en una comunidad indígena van mucho más allá de la devastación ambiental y el consecuente daño a la salud. Las comunidades pertenecientes a los municipios cercanos a la mina –Temixco, Miacatlán y Xochitepec– se dedican a la agricultura, por lo que dependen de la fertilidad de la tierra y la pureza del agua. La operación de una planta minera implica el deterioro de los campos de cultivo, en donde se vuelve imposible sembrar o siquiera construir.

Por si fuera poco, las comunidades que reciben minas se enfrentan con la migración de sus habitantes a las ciudades, los daños a la salud de los trabajadores mineros (quienes reciben un pago ínfimo y trabajan en condiciones precarias) y la pérdida de sus tradiciones ligadas con la tierra. La “compensación” ofrecida por Esperanza Silver Company, equivalente a menos de 0.2 por ciento de las ganancias que obtendría por la explotación del oro, jamás podría subsanar los daños ocasionados.

La resistencia

Un movimiento ciudadano cada vez más fuerte, respaldado por organismos nacionales e internacionales, se opone a la construcción de la mina en Morelos. Su argumento legal se basa en el artículo sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según el cual se debe realizar un análisis riguroso antes de conceder un permiso de explotación para una mina, análisis hasta ahora inexistente.

El movimiento, integrado por ecologistas y habitantes, exige en contraparte que se protejan las áreas naturales de Morelos, el segundo estado mexicano más afectado por la destrucción de sus ecosistemas naturales. Una de sus demandas consiste en que todos los cerros de selva baja caducifolia, hogar de una riquísima flora y fauna, sean decretados Área Natural Protegida.

Fuente: Desinformémonos