México: Sentencian a muerte a “El Triunfo”

Una investigación de la asociación civil Impunidad Cero, titulada “Minería en México: impunidad, violaciones a derechos humanos, ecocidios y opacidad”, reveló que esas concesiones contemplan actividades en 240 mil hectáreas; no obstante, según información del gobierno federal, la reserva tiene una extensión de 119 mil 177 hectáreas. Es decir, se habla de 120 mil 823 hectáreas sujetas a sobreexplotación por empresas mineras que trabajan sin reglamento ni norma alguna; o bien que se ha rebasado el territorio.

Por si fuera poco la SE y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han omitido publicar la información correspondiente a los concesionarios, los proyectos o las manifestaciones de impacto ambiental de los mismos; además, no hay supervisión de los organismos encargados de medir el impacto ambiental de los megaproyectos mineros en la zona, según lo descubierto por la investigadora Ana Ávila, maestra en Ciencias Sociales por Flacso.

Efectos en comunidades:

Se violó el derecho a la consulta de los pueblos y participación ciudadana que es reconocido en el apartado “B” del artículo segundo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la obligación del Estado de consultarlos por ser entidades de interés público, en el diseño, aprobación y aplicación de las políticas públicas relacionadas con su desarrollo y sus territorios. Se aclaró en el estudio que cuando el ejercicio se lleva a cabo, se hace de forma deficiente o con información manipulada.

¿De cuántas personas afectadas se habla? El biólogo Juan Carlos Castro Hernández, especialista en Biodiversidad y director de “El Triunfo”, consideró que el impacto es sobre 400 mil personas, ya que dentro de la reserva hay 29 ejidos, un bien comunal y cientos de propiedades privadas. Sin contar a las más de 80 especies de aves y vertebrados en peligro de extinción; las 500 especies de vertebrados y 3 mil especies de plantas vasculares que ahí habitan.

A los pobladores también se les ha violado el derecho a la salud puesto como consecuencia de beber agua contaminada, los habitantes de la región han presentado nuevas enfermedades.

Personal de Impunidad Cero recorrió cada casa del municipio de Acacoyagua —un municipio asentado en la parte baja de esa área natural protegida— para detectar los acuerdos entre empresarios mineros y comuneros. Aunque ese dato no lo especificaron, estas entrevistas permitieron poner en evidencia la crisis en torno a la salud de los habitantes.

De acuerdo con información recopilada por Milenio, los pobladores de ese municipio que se bañaban en los ríos Cintalapa y Cacaluta sufrían un tipo de sarpullido que luego generaba llagas; los bebés nacían ya con heridas en la piel; y los peces de esos arroyos, morían.

El médico de la demarcación, Juan Velázquez, calculó que de 2005 a 2015 la tasa de muertes por cáncer subió de 7 a 22 por ciento. “Los cánceres de todo tipo, pero principalmente de hígado se volvieron las primeras causas de muerte en la localidad”, declaró al diario a medios a finales de 2016. El doctor de Escuintla también reportaba índices más altos de este padecimiento.

El organismo civil admitió que no hay un tratamiento adecuado para las enfermedades puesto que no hay estudios toxicológicos ni un reconocimiento de las afectaciones por la extracción de titanio en la región.

Consultada por el diario nacional, la doctora Sandra Moreno Andrade, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, constató que no hay investigaciones científicas que den cuenta de los efectos causados por la contaminación de las minas en la región del Soconusco; y aunque se hizo una postulación de financiamiento con Conacyt —aseveró— a fin de documentar y medir las afectaciones de contaminantes al agua, no se aprobó.

Este contexto de enfermedad ya imperaba cuando el conflicto contra las minas Cristina, Casas Viejas y El Bambú —cercanas a “El Triunfo”— explotó en 2015. En lugar de que la autoridad efectuara las consultas tal como lo marca la legislación, las mineras establecieron convenios de manera directa con algunos pobladores.

Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, comentó que a unos les ofrecían una camioneta, a otros una renta pero el intercambio “dependía de la necesidad de la persona”.

De los municipios que conforman el área natural protegida donde convergen dos ecosistemas: el bosque de niebla y la selva tropical húmeda, el de Escuintla es el que cuenta con más concesiones, seis en total, otorgadas entre 2011 y 2013. Le sigue el municipio de Ángel Albino de Corzo, con cinco; Siltepec y Mapastepec, con cuatro, y Pijijiapan, La Concordia y Acacoyagua, con dos.

El Panorama Minero de Chiapas —documento elaborado por la Dirección General de Minas que depende de la SE— da cuenta de 111 concesiones mineras (al 31 de enero de 2016) en la entidad, lo que equivale a 16 por ciento del territorio.

Conclusiones:

Impunidad Cero concluyó que el problema que ocurre en Chiapas es muestra de lo que sucede en muchas regiones del país, cuando a las comunidades que habitan dentro de una zona minera se les considera poco o parcialmente a la hora de explorar y explotar una región del territorio nacional.

En general, el sector minero se caracteriza por la falta de transparencia, la dificultad para encontrar información pública y de interés para las personas y la contradicción en los datos oficiales.

Fuente: Aquí Noticias