México: Méndez denunciará a Asamblea de Afectados Ambientales abusos de dos empresas españolas

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales “evidenciará” en España las “agresiones cometidas por las empresas” originarias de esa nación del Continente Europeo, Elecnor y Enágas, en 24 municipios mexicanos, nueve de ellos tlaxcaltecas, durante la ejecución del Proyecto Integral Morelos (PIM) para la instalación de un gasoducto.

Así lo informó Alejandra Méndez Serrano, coordinadora del Programa de Procesos Organizativos Socio–Ambientales del Centro Fray Julián Garcés, quien precisó que esta denuncia será realizada por el académico, investigador y activista, Octavio Rosas Landa, consejero de esta organización social.

Refirió que Rosas Landa viajará en octubre a esa nación, a la invitación de una organización de ese país. “Denunciará todas las agresiones cometidas por las dos empresas españolas” involucradas en el PIM, así como las acciones emprendidas por los gobiernos federal, estatal y municipal en este asunto.

Explicó que la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y esa agrupación europea documentan “las violaciones cometidas” por esas compañías transnacionales, a fin de “evidenciar esta situación grave de imposición e intromisión de capital español, por despojo a las comunidades”.

Recordó que en Tlaxcala, el trazo del PIM afecta a los municipios de Tlaxco, Hueyotlipan, Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Isabel Tetlatlahuca, Ixtacuixtla, Panotla, Texoloc y Natívitas, pero solamente vecinos de los últimos cuatro municipios han mantenido un movimiento de protesta y resistencia, acompañados por diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) e investigadores.

El PIM, también llamado por pobladores “proyecto de la muerte”, incluye tres planes: la construcción de dos hidroeléctricas, de un acueducto y de un gasoducto. Implica a los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Además de las dos empresas españolas, también participa una de origen italiano; son señaladas, junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “de vulnerar derechos humanos, de poner en riesgo la vida humana ante posibles accidentes y de contaminación ambiental”.

Méndez Serrano anotó que debido “a la impunidad” en este caso que se ha llevado hasta los tribunales, “pareciera que no pasa nada. Sin embargo, nosotros queremos exigir que se cumpla y que el Estado asuma su responsabilidad”, asentó.

Insistió en que las instancias gubernamentales sean imparciales, que respeten las garantías “y derechos humanos de toda” la población. “Parece un camino bastante difícil, pero no quitamos el dedo del renglón de señalar la responsabilidad del Estado mexicano en este asunto”, puntualizó.

Fuente: La Jornada de Oriente