México: Crónica de un despojo anunciado en Chiapas

En Chiapas desde el año 2007, en el sexenio anterior, fue lanzado un proyecto agrícola denominado irónicamente Programa de Maíz Solidario (actualmente Programa de Maíz Sustentable, PMS), que estaba basado en la entrega de semillas híbridas y de agroquímicos para las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas. El programa amenazaba la reproducción y conservación de la rica biodiversidad de maíces nativos derivada de los saberes y conocimientos colectivos de los campesinos y campesinas, por lo que obtuvo una fuerte respuesta social y académica ante la falta de componentes sustentables y ecológicos. A partir del año 2011, el PMS se ajustó a una estrategia agrícola federal implementada por el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) de la FAO-Sagarpa. El resultado fue que el PESA cooptó a través de financiamientos a las organizaciones y asociaciones que trabajaban con los campesinos para transformarlas en agencias coordinadas bajo un modelo de atención estándar para el desarrollo.

En el año 2012, las agencias ya concentraban un padrón de familias campesinas beneficiarias que recibirían diversas dotaciones: animales de traspatio importados (gallinas y cerdos), semillas patentadas para una agricultura de traspatio y un nuevo modelo de organización para la producción agrícola. Los resultados de esta política atentaron no sólo contra la diversidad biológica, sino contra la economía y la cultura de las familias campesinas, ya que la propuesta carecía de una comprensión de las diferentes funciones de la agricultura familiar, pero sobre todo carecía de una visión que le permitiera reconocer el valor cultural, social y ecológico que tienen la milpa y el maíz nativo en la alimentación de las comunidades indígenas. Ambos programas no sólo no contribuyeron al fortalecimiento de la alimentación mediante el autoconsumo, o la construcción de redes de valorización de la producción, sino que, por el contrario, sirvieron para desconfigurar la autonomía alimentaria, afectaron los sistemas biológicos que gestionan los campesinos y desarmonizaron las actividades familiares. En sí, lo que se fortaleció fueron los principios de clientelismo político-electoral.

Lo más dramático de estos efectos es que no fueron errores casuales, sino que la aplicación de programas respondía a una selección planeada de beneficiarios realizada con anticipación por las secretarías estatales de Agricultura y de Desarrollo Social para embaucar a las comunidades ubicadas dentro de la traza de la carretera de San Cristóbal de Las Casas a Palenque. La avalancha de apoyos que recibieron las comunidades situadas en los territorios dentro de la traza se reforzó con la omnipresencia del Oportunidades, la Cruzada contra el Hambre, el programa Setenta y más, el FANAR (antes Procede), el Procampo y otros apoyos municipales para la construcción de viviendas.

A nivel político, durante todo 2014 el gobierno del estado y el municipal de San Cristóbal de las Casas se empeñaron en concertar un plan de paz con los presidentes municipales de Los Altos. Dicho plan no fue más que la política caciquil del ya les dimos, ahora toca cobrarles. En los hechos los alcaldes firmaron la sesión de territorios para la construcción de la carretera sin consultar con sus comunidades, con lo que violaron el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, haciendo más ilegítimo el despojo. El atropello y la simulación se hicieron evidentes en septiembre del año pasado con la Declaración de la laguna del Suyul, en la que comunidades campesinas e indígenas de más de 10 municipios de los Altos de Chiapas denuncian y rechazan la traza de la carretera por sus territorios.

Según el reporte Los derechos humanos a debate, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la construcción de la carretera San Cristóbal-Palenque responde a una estrategia para consolidar el Plan Mesoamericano (antes Plan Puebla-Panamá), cuyo objetivo es el despojo territorial para un desarrollo basado en el turismo de élite, la extracción mineral, forestal, hidrológica y de hidrocarburos, así como la generación de energía mediante la construcción de un complejo de presas hidroeléctricas.

Tal despojo en Chiapas se ha realizado por una vía legal de quienes imponen sus propias leyes en el Congreso o mediante la violencia paramilitar, como ha ocurrido en los desplazamientos de la comunidad de Banavil, Tenejapa, o con el pretendido proyecto mega-turístico en el ejido de San Sebastián Bachajón, pero con el mismo patrón de transgresión hacia lo sagrado, como ha sucedido a escala nacional con la imposición de la supercarretera Toluca-Naucalpan en la laguna Chinahuapan y dentro del bosque Otomí-Mexica en el estado de México o la atroz concesión a la minera canadiense Firs Majestic en el cerro del Quemado, lugar sagrado para los wixárikas, por nombrar sólo algunos casos.

Los gobiernos federal y estatales actuales violan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de México al utilizar estrategias brutales e impunes, como las inexplicables versiones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, los encarcelamientos de más de 380 miembros de las autodefensas de Michoacán –muchos de ellos indígenas– y de los líderes yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez en Sonora, la agresión directa y paramilitar en los territorios autónomos del EZLN, u otras, como la crisis humanitaria que padecen los niños, niñas, hombres y mujeres centroamericanos a quienes se les ha criminalizado por migrar.

Pero el Estado mexicano también puede recurrir a la violencia sutil o indirecta, como lo muestra la desestructuración de la propiedad social de la tierra, dentro de las leyes secundarias de la reforma energética, o su pretendida modernización agraria y alimentaria basada en la aprobación institucional de la biotecnología, los derrames accidentales de maíces transgénicos, la promoción de paquetes agroquímicos que contaminan los alimentos y matan la tierra, la aplicación de agrotóxicos que contaminan la miel, afectan a la industria apícola y acaban con las mariposas monarca, entre otras afectaciones.

El Estado es responsable de nuestra excesiva dependencia del sistema agroalimentario norteamericano. Lamentablemente, también de una complicidad criminal con las refresqueras y las trasnacionales alimentarias dentro de una cruzada que constituye un silencioso genocidio nutricional y diabético. A estos actos de responsabilidad u omisión no puede más que denominárseles como de lesa humanidad, que aunque ya han sido juzgados por el Tribunal Permanente de los Pueblos de Roma en su capítulo México, irán con el tiempo y las luchas de organizaciones ganando un carácter vinculatorio por el que tendrán que responder penalmente, tarde o temprano, quienes hoy representan al poder público.

Fuente: La Jornada