México: Contra el robo de la palabra
Una ráfaga de dolor nos atraviesa con el asesinato de Noé Vázquez Ortiz, artesano y activista contra la presa El Naranjal, Veracruz, el 2 de agosto, horas antes de comenzar en su localidad la reunión nacional del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. Sin la oposición de activistas como Noé, la presa despojaría a 30 mil campesinos de agua y tierra.
Su asesinato es además un mensaje que intenta sembrar miedo en los que por todo el país resisten la devastación ambiental y social, desde sus comunidades, barrios, parajes. Se suma a decenas de asesinatos en años recientes de quienes se oponen con razón y derecho, a megaproyectos de empresas mineras, energéticas, carreteras, deforestación, contaminación industrial y basureros, agrotóxicos y transgénicos, urbanización salvaje que arrolla comunidades, barrios y naturaleza. Como resume la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la destrucción impune del ambiente se exacerbó al plantearlo como una ventaja comparativa que el gobierno de México ofreció en las negociaciones del TLCAN, situación que las trasnacionales han aprovechado en forma extrema. El ambiente es base de la vida de todos, pero además es el territorio y base del sustento de comunidades campesinas, indígenas, locales, urbanas, que no están dispuestas a dejarse despojar.
Por eso, pese a fuertes condiciones en su contra, desde leyes amañadas a violencia directa, las comunidades resisten. No sólo a megaproyectos, también al discurso dominante que quiere sentar la imagen de que la vida comunitaria y los lazos de solidaridad y autonomía son algo del pasado, contra el progreso, obviamente sin poner en cuestión qué significa progreso, a quién devasta, a quién beneficia, si lo necesitamos para vivir bien.
La pre-audiencia Territorialidad, subsistencia y vida digna, realizada en San Isidro, Jalisco, en el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, en junio 2013, abordó estos temas, a partir de 24 testimonios que presentaron comunidades en lucha de varios estados del país, desde carreteras inútiles –salvo para los ricos que quieren llegar más rápido a aeropuertos y centros financieros– contaminación y despojo de territorios, incluidos los pueblos wixaritari y rarámuri, por parte de gobiernos y transnacionales agrícolas, mineras, químicas, de energía, hasta violencia contra las mujeres por medicalización del parto o cerrar el futuro a los jóvenes rurales. El dictamen está en http://redendefensadelmaiz.net y otros anteriores en tppmexico.org
El panel internacional de dictaminadores (Jean Robert, Fernanda Vallejo, Dora Lucy Arias, Alfredo Zepeda) hizo siete constataciones, que forman una radiografía de los conflictos que atraviesan al país: 1) Guerra del Estado y del mercado contra la subsistencia, 2) Destrucción de la vida campesina, generación de masas de personas desposeídas y convertidas en consumidores, 3) Destrucción de procesos organizativos y tejidos sociales, 4) Traslado sistemático de los bienes comunales hacia la propiedad privada. 5) Desamparo institucional, simulación e impunidad. 6) Incumplimiento de las reglas del juego y la disolución del estado de derecho y 7) Uso arbitrario o abusivo de la fuerza.
Cada punto contribuye a comprender el mapa general, que aplica a muchos casos que los presentados en esta audiencia. Como línea roja transversal, surge el ataque a la vida comunitaria, indígena, campesina, no solamente en lo rural, también contra cualquier forma de comunidad, incluso urbana, que signifique que la gente mantenga o recupere la posibilidad de entender la realidad y decidir sobre su vida. La violencia es precedida por la introducción de una narrativa dominante que hace aparecer a los campesinos, indígenas y comunidades como descartables, formas obsoletas que no desempeñan un papel importante en la vida económica y el progreso. Nada más lejos de la realidad y un buen ejemplo es la alimentación mundial. Mientras que la agricultura industrial (con agrotóxicos, híbridos, transgénicos) ocupa en el mundo 80 por ciento de la tierra arable, lo que produce llega sólo a 30 por ciento de la población mundial, con un volumen casi igual de desechos, usando 70 por ciento del agua y combustibles de uso agrícola. Al otro extremo, las y los campesinos y productores en pequeña escala ocupan cerca de 20 por ciento de la tierra arable y junto a la pesca artesanal, huertas urbanas y recolección en bosques, alimentan a 70 por ciento de la población mundial.
Sus territorios son los que devastan las trasnacionales, voraces de tierras, agua y energía, trazando carreteras y megaproyectos para mover sus mercancías a costa de los que realmente mantienen al mundo.
Afirma el dictamen que “México vive uno de los momentos más dramáticos de su historia. Los poderes de arriba quieren imponer al país una transformación aún más radical que la que eliminó los campesinos europeos (…) Pero contrariamente a lo que pasó en Europa, las fuezas de abajo resisten y lo hacen organizadamente, como se demuestra con la totalidad de las denuncias y testimonios que se presentan en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos”
Hay muchos más ejemplos en todo el país. Por nombrar uno reciente: la valiente y justa resistencia del pueblo Yaqui para impedir que les roben el agua con el acueducto Independencia. La guerra de arriba se da en múltiples niveles, pero también las luchas de abajo, que rescatan su derecho a la subsistencia en su sentido más amplio, desde producir y cuidar el territorio y todos sus elementos, a mantener la organización colectiva, la comunidad, la palabra propia y la decisión sobre sus vidas.
Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC
Fuente: La Jornada