México, Chiapas: esclavos de los cafetales

Jornaleros viven "esclavitud" en Chiapas; ni el gobernador ni la CNDH hacen nada, denuncia la UNORCA

Ciudad de México, 29 de oct (sinembargo.mx)

Cientos de indígenas chiapanecos e inmigrantes centroamericanos viven en una situación de esclavitud en las fincas cafetaleras propiedad de alemanes, "solapada y hasta fomentada" por el gobernador Juan Sabines Guerrero, denunció Olegario Carrillo Meza, presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), quien además ha iniciado una campaña para informar ante organizaciones defensoras de derechos humanos en el país sobre las condiciones, prácticamente "feudales", con que son tratados los trabajadores cafetaleros.

Desde la segunda semana de octubre, Olegario Carrillo Meza, presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), ha venido denunciando en diversos medios de comunicación, así como en organizaciones defensoras de los derechos humanos, que en las fincas cafetaleras de Chiapas hay irregularidades en el trato que reciben los indígenas e inmigrantes guatemaltecos que laboran en ellas, llegando a calificarlas como de "esclavitud".

El dirigente urge ahora a la Secretaría de Gobernación que intervenga para dar solución a este maltrato por parte de dueños extranjeros de esos ranchos cafetaleros, pues el gobernador, Juan Sabines Guerrero, no los ha querido frenar.

Explotación, abuso, discriminación e ilegalidad son los ingredientes de la mezcla de café amargo que se produce en las fincas chiapanecas, narra también una crónica publicada por El Universal y firmada por Carolina Rocha.

La periodista registró que el maltrato no sólo se da en los cafetales, sino también en las fincas de plátano, azúcar, caña y cacao. "Como en la época de la hacienda feudal, está prohibido salir mientras dure el contrato de trabajo; el alimento, techo y cuidado lo provee el patrón; y lo que no da él, sale del bolsillo del trabajador al estilo de las tiendas de raya", dice Rocha.

"Así es la vida del pobre, dichoso el que vive de otra forma" suelta con dolorosa crudeza uno de los trabajadores guatemaltecos que espera en la Casa Roja del Instituto Nacional de Migración, justo en la frontera de Talismán, su permiso temporal de trabajo.

De acuerdo con medios locales y diversas fuentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los pagos van de 50 a 100 pesos por jornada. Pero, también se denuncia que la CNDH no ha llegado al fondo de esto, porque hay lugares a los cuales no han tenido acceso ya que no hay vías de comunicación efectivas y se requiere de varios días de caminata para llegar hasta ellos.

Se especula, que es ahí donde la situación de maltrato laboral existe con mayor presencia, pues es donde más se refugian inmigrantes centroamericanos e, incluso, familias enteras.

La frontera sur del país tiene una extensión de 1,140 kilómetros . Cuatro estados de México colindan con la región centroamericana: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Existen diversos cruces por donde indocumentados centroamericanos ingresan a México para poder llegar a los Estados Unidos. Según datos del Instituto Mexicano de Migración la frontera con Guatemala -que está en Chiapas- es la más concurrida para cruzar (de 40 mil a 80 mil personas cada año), pero también es de las más peligrosas.

Según casas de asistencia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos existe un número indeterminado de casos de vejaciones, asaltos, tortura, explotación sexual, secuestro y asesinatos en esta zona. Se sabe que quienes están detrás de estos delitos son miembros del crimen organizado. Pero ahora, también se suman los empresarios que quieren sacar provecho de la situación de pobreza y hambre que viven los indocumentados.

Olegario Carrillo, un jornalero entrevistado por El Universal, asegura que los trabajadores carecen de herramienta o de equipo que los mantenga a salvo de algún animal o de los químicos que se rocían en los cafetales. Además que para los trabajadores no es fácil regresar a sus comunidades, pues la travesía y los caminos son riesgosos. Esto también impide que se cuente con servicios de salud dignos.

En el caso de los centroamericanos, según testimonios entrevistados por fuentes periodísticas, aceptan de inmediato cualquier paga bajo cualquier condición, pues "están desprotegidos en un país como México".

En ocasiones, autoridades mexicanas los contactan con los patrones de las fincas; y son estos mismo los que retienen sus papeles hasta que hayan cumplido su último día de trabajo. Dentro de las fincas a los trabajadores se les mantiene siempre con hambre, así lo relata la crónica publicada por El Universal. Sin embargo, existen tiendas para que los jornaleros puedan satisfacer esa necesidad básica, pero eso cuesta dinero, que será descontado de su sueldo. Hay niños, pero no hay escuelas. Ellos también deben trabajar, aunque a un ritmo más lento. Hay dormitorios, se les llama "galleras", y son unas literas de madera sin colchón, así es como describe ese mundo la periodista Carolina Rocha.

El líder nacional de la UNORCA aseguró que a la explotación de indígenas y campesinos en Chiapas se suma la persecución judicial que ha emprendido el mandatario estatal chiapaneco, Juan Sabines, en contra de militantes y dirigentes de esa organización por exigir la restitución de 271 hectáreas de las que fueron despojados cientos de familias.

"Probablemente hasta niños estén trabajando", dice una fuente de la CNDH al sitio web Periodistas en Línea. Carrillo Meza dijo que ya solicitó la intervención directa del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, para que el mandatario estatal deje en libertad a Juan Diego Gálvez Gómez, Jerónimo Díaz López e Ignacio Díaz López, detenidos "injustamente" por haber emprendido acciones para la recuperación de sus tierras en el predio Santa Elena, municipio de Tapachula, que fue reclamado por Everardo Bensftorff, hijo de alemanes, pero que hoy vive en Estados Unidos.

Fuente: Ver aquí

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Familias guatemaltecas laboran casi todo el día en fincas de Chiapas para recibir una paga mínima y un trato "inhumano", asegura la CNDH
Esclavos de los cafetales

19 de febrero de 2008
El Universal

CAROLINA ROCHA / PERSPECTIVA 13

TAPACHULA, Chis.- Explotación, abuso, discriminación e ilegalidad son los ingredientes de la mezcla de café amargo que se produce en las fincas chiapanecas.

A unos cuantos kilómetros de Tapachula, en las grandes explotaciones cafetaleras, es posible atestiguar una especie de esclavitud moderna que se alimenta del sudor, pobreza y necesidad de los trabajadores agrícolas guatemaltecos.

Así ha sido durante décadas, pero el abuso en contra de estos trabajadores es poco denunciado.

De tan común y cotidiano, pocos en Chiapas se atreverían a calificar como ilegales las condiciones en las que se subsiste en las fincas, no sólo de café, sino de plátano, cacao y caña de azúcar.

Como en la época de la hacienda feudal, está prohibido salir mientras dure el contrato de trabajo; el alimento, techo y cuidado lo provee el patrón; y lo que no da él, sale del bolsillo del trabajador al estilo de las tiendas de raya.

"Así es la vida del pobre, dichoso el que vive de otra forma" suelta con dolorosa crudeza uno de los trabajadores guatemaltecos que espera en la Casa Roja del Instituto Nacional de Migración, justo en la frontera de Talismán, su permiso temporal de trabajo.

La peregrinación

Día a día, sobretodo en los últimos y primeros meses del año, es posible observar la peregrinación de cientos de familias guatemaltecas hacia las grandes explotaciones agrícolas del sur de México.

"Se trasladan a Chiapas siempre con sus familiares, con sus esposas e hijos", explica una funcionaria del ministerio del Trabajo de Guatemala, ubicado a unos pasos del cruce fronterizo.

Los jornaleros visten con pantalones viejos, sucios y rasgados. Algunos llevan tenis desgastados o guaraches empolvados. Cargan mochilas o hasta maletas con ruedas para arrastrar. En la ropa, aseguran, se distingue a quienes buscan migrar a Estados Unidos.

Llegan a esperar, para ser enganchados o para que se tramite su permiso, de dos a tres días.

No requieren de herramienta para el corte de café porque esa la facilita el patrón, pero "no nos dan los trastes donde comer" por eso cargan con toppers, dice un joven de no más de 20 años, pero ya acostumbrado al trabajo de la finca.

Tan sólo en enero pasado el Instituto Nacional de Migración (INM) documentó a 3 mil 900 trabajadores agrícolas guatemaltecos para el trabajo en alguna de las 520 fincas registradas en Casa Roja.

Los contratos duran entre cuatro y seis semanas y la paga va de 50 a 100 pesos por caja de café: "si están un poco chuecos los cafetales pagan 100 para que la gente aguante", explica Emilio Aguilar, un contratista.

Pero aun ganando poco, la paga del lado mexicano es mayor a lo que se ofrece en Guatemala.

Por eso los jornaleros se venden por casi nada: "los mexicanos tienen el derecho de apoyar que les paguen otro precio, pero nosotros, como guatemaltecos, el precio que nos dicen, ese es" señala Demesio Velázquez, quien esperaba partir hacia Huixtla con su familia.

Antes de cruzar a México escucharon la perorata que siempre precede su salida a las puertas del ministerio del trabajo: "¿Saben que van a la pizca de café en la Finca el Portillo? ¿Que el precio es de 52 por caja? ¿Que el contrato incluye dos tiempos de comida?... como derecho tienen las habitaciones, la asistencia médica, que no los tengan a la intemperie, que tengan techo".

Rutina

La jornada laboral inicia a eso de las seis de la mañana. Antes de coger rumbo al monte por caminos accidentados y pendientes acentuadas, hombres y mujeres, "patojas y patojos" y, en ocasiones, recién nacidos envueltos sobre el torax de su madre, se sientan apretados en las largas bancas de los comedores comunales.

Ahí desayunan lo de todos los días, y lo que comerán al final del corte: arroz, frijoles y tortillas.

Y si el finquero es generoso, en la noche tendrán derecho a una colación de pan duro y té. No hay más.

Para la leche, atún, galletas o para cualquier alimento adicional "la finca tiene tiendas y nos van descontando después", explica uno de los trabajadores del cafetal San Antonio, en la zona más alta de Tapachula.

Y dice sin ironías, "si uno se pone a comprar se regresa con nada".

Así, con poco en el estómago empieza la rutina.

Trepar, alcanzar, acarrear a lomo, caminar, escoger y luego, 24 horas después, volver a empezar. Lo hacen los hombres, las mujeres y los niños.

Cerca de la una de la tarde comienza el regreso hacia los galerones donde se separa el café. Pueden ser recorridos de más de una hora con costales repletos de cereza que duplican el peso de quien los lleva a cuestas.

Y ahí también se observa a niños y niñas, encorvados, que descienden con más agilidad que los mayores. Ya sentados en el suelo, mientras separan de manera automática el grano rojo del verde, emergen las historias de vida:

"Tiene siete años que me dejó mi esposo y desde esa fecha estoy trabajando aquí", relata una mujer menudita con el cabello pegado al rostro empapado en sudor.

Delante de ella, y sin levantar la mirada, está su niña de seis años, a "la que no le gustó la escuela" por lo que un año pizca y otro no, como hace un gran número de familias que educan de manera itinerante a sus hijos con la esperanza de que por lo menos lean y escriban.

"¿No está muy chiquita para decidir?", la respuesta es tan fría y cruda como el galerón de la finca donde todo es trabajo y no hay jugueteo a pesar de que hay un gran número de niños. "Esa es su profesión", dice sin dejar de separar los granos.

A escasos metros de ellas, también sentados en el suelo, están Giovanni y su hermano Israel, de 10 y 7 años, respectivamente. Acaban de depositar la carga que como burros acarrearon de la parte más alejada de la finca.

"Esto lo recogimos entre todos y lo echamos aquí", indica Giovanni, quien, dice, "ya tiene tiempo" dedicado a la pizca, al menos desde que los dejó su papá.

-¿A qué hora les toca la comida?

-A las dos de la tarde.

-Estás a punto de perdértela.

-Ya pues.

-¿Si no has acabado comes o sigues trabajando?

-Sigo trabajando.

Ayudan a su madre y resulta lógico. En las fincas, no hay escuelas, y sí muchos incentivos para que ellos laboren. Se paga por caja y por ende: más manos, más paga.

"El domingo no es obligado pero nosotros por unos centavitos, sí vamos a cortar", indica Norma.

Autoridades en complicidad

El trabajo es voluntario, pero a decir del Quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Mauricio Farah, se estaría tipificando "la trata de personas".

Agrega que hay complicidad de "las autoridades locales, del estado y federales" porque conocen las condiciones en las que se encuentran los jornaleros, saben "que permanecen en la finca, que no pueden salir, que se les cobra el alimento y que son obligados a trabajos en condiciones inhumanas y degradantes".

Las galleras pueden ser pequeños cuartos con colchones o un establo con costales. "Si tenemos dónde dormir, bien, si no, qué le vamos a hacer", dice Obdulia.

En la Finca San Antonio se cuenta con una serie de cuartitos separados para las familia -que se acomodan como pueden-, y una especie de nave industrial de lámina y sin ventanas para los hombres solteros, quienes duermen en literas metálicas de tres niveles y sin colchón, pero cubiertas con plástico "para que no se cuele el frío".

Pocos denuncian ante migración sus condiciones laborales, sólo cuando les reducen su pago final. "Encontramos a empleadores explotadores que quieren abusar de ellos y finalmente este círculo vicioso termina por completarse con una autoridad omisa tanto en la regulación, como en la aplicación de la ley" expone Farah.

Otra de las prácticas comunes contra los jornaleros es la retención de sus documentos.

Las autoridades migratorias impiden la salida a los jornaleros hasta que llega el transporte de los finqueros que los lleva a la explotación.

"Los documentos se los dan al patrón y al término del trabajo nos los entregan", indica Walter.

"Lo que pasa es que hay personas que llegan un día y se retiran, entonces el finquero ya invirtió" intenta explicar la agente de migración, Iris Marbella Mejía, y que a la pregunta expresa sobre la legalidad de retener documentos responde "no, no sé". Y luego justifica: "muchas veces el trabajador confía en el patrón".

Pero Mauricio Farah aclara que "es ilegal y penoso que el personal del INM no conozca la ley, porque eso implica permitir que el empleador pueda mantener al trabajador en condiciones de esclavitud". Tampoco la Secretaría del Trabajo verifica las fincas.

[Enviado por Cencoalt - Centro de Comunicación Alternativa - ed.oohay@tlaocnec - http://cencoalt.blogspot.com/]

Fuente: Adital