Megaminería: “las normas están dirigidas a beneficiar a las empresas”

La megaminería, tratados de libre comercio, convenios y distintas formas de acuerdos con los Estados muestran una lógica perversa que no se detiene y que aprovecha hasta la pandemia para seguir haciendo negocios. Desde la Plataforma America Latina Mejor sin TLC se realizó un conversatorio donde participaron del encuentro  el investigador Manuel Pérez Rocha del Instituto de Estudios Políticos (IPS) en Washington y miembro del consejo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC). José Bayardo Chato, abogado en derecho de los pueblos indígenas y miembro de Derechos Humanos y Medio Ambiente, en Dhuma Puno, Perú. Saul Zeballos miembro de la Asamblea Jachal No Se Toca, San Juan Argentina, y Vidalina Morales Presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) y representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica en El Salvador. 

Apuntes para reflexionar

Los Tratados de Libre Comercio, TLC, son invisibilizados para las mayorías. Hay unos 3000 TLC y tratados bilaterales de inversión que en este momento están en vigencia en nuestra región. Los proyectos de la megaminería funcionan con cláusulas de protección a los inversionistas  ¿Qué pasa cuando no se cumplen? abordado por el investigador Manuel Pérez Rocha. 

Los TLC incluyen cláusulas de solución de controversias que “permiten a las empresas internacionales evadir a los tribunales locales y presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional”. Hay una lógica invisibilizada que protege a inversionistas, “un sistema que opera por encima de los Estados y los gobiernos…Los Estados ceden su soberanía a estos tribunales. Los inversionistas extranjeros pueden demandar por miles de millones de dólares, en tribunales como el CIADI, el Centro Internacional de Disputas Internacionales, aunque hay otros. 

Perez Rocha explicó de qué se trata: “estas demandas se realizan frente a un panel de tres abogados corporativos, que aunque no son tribunales formalmente constituidos, son tres abogados corporativos, altamente remunerados. Imaginen que ganan medio millón de dólares por caso”, que operan en secreto, sin testigos y mucho menos sin la presencia de las comunidades afectadas”. Y agregó “estos tribunales son una caricatura del sistema legal, con muy poco precedente y sin compromiso por la verdad y la justicia. Estos abogados solo se guían por las afectaciones de los Tratados de Libre Comercio y no hay consideración por las afectaciones ambientales o de derechos humanos”.

El investigador explicó su finalidad: “protegen a los inversionistas sobre medidas regulatorias que reduzcan el valor de su inversión, como resultado pueden demandar a los Estados por medidas de interés público que surjan de procesos democráticos y que afecten sus ganancias, no por lo que disminuyeron sino por lo que esperaban ganar. La mayoría de las empresas mineras demandan por lo que esperaban ganar, no es que ya estén instaladas y se  hayan reducido sus ganancias sino a consecuencia de procesos de resistencia popular y el descredito, por ejemplo se reduce el valor de sus inversiones, entre la más desconocidas y otras cláusulas relevantes. Precisó que “las cláusulas de protección, le dan seguridad a las empresas inversoras, tanto que si los pueblos se levantan para resistir su instalación y el Estado no implementa la defensa de esos capitales también pueden demandar a los Estados”.

La pandemia parece ser también una oportunidad de negocios. La minería fue declarada una actividad esencial donde se “está arriesgando la vida de los trabajadores, y que también las empresas están considerando demandar a partir de esta crisis que no les permite operar y como están enfrentando cualquier medida de salud pública que les afecte sus ganancias esperadas”.

La lucha de los pueblos

Saúl Zeballos de la Asamblea Jachal No Se Toca,  provincia de San Juan, Argentina, relató la experiencia de organización frente a la primera explotación megaminera, Veladero,  con uso de tóxicos, ubicada sobre la margen del rio Jachal. 

Zeballos recordó la lógica que usaron las empresas para favorecer su instalación, con estudios de impacto ambiental que solamente se presentaron ante los funcionarios, sin audiencias públicas infringiendo así la Ley General de Ambiente de la provincia. “Tampoco Veladero cumplió, ni cumple,  con el seguro de ambiente, incumple con la Ley de Glaciares en la Argentina, incumple con el Código de Minería, que establece que ante tres infracciones graves de un mismo establecimiento, la mina debe ser cerrada en forma definitiva. “Ya llevamos tres derrames constatados por las autoridades que no se hicieron presentes para hacer cumplir el Código de Minería”.  Recordó las recomendaciones del Banco Mundial que ya en 1991 exhortaban la instalación de industrias sucias en países menos desarrollados con salarios más bajos, porque el lucro cesante sería menor y donde la expectativa de vida es menor. “Así de cruel es el razonamiento de quienes dirigen el Banco Mundial …Entonces después de prestarle a la Argentina para hacer el relevamiento en todo el territorio nacional, un préstamo que luego Argentina tiene que devolver, el Banco Mundial sigue prestando, ahora que hay pasivos ambientales, para que otras empresas vengan a remediar  lo que dejaron las compañías mineras”. Precisó “cuando hay ganancias se privatizan las ganancias, pero cuando hay perdidas las socializamos entre todes, entonces los países subdesarrollados terminamos siendo aun mas subdesarrollados porque nos endeudan y nos contaminan. Nosotros desde la Asamblea Jachal No Se Toca luchamos por defender la vida y sabemos que es una lucha muy desigual porque del otro lado está la irresponsable empresa canadiense Barrick Gold y su socia china Shandong Gold”. 

Desde El Salvador, participó Vidalina Morales, luchadora social contra la megaminería. “La lucha contra la minería metálica se instala poco después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica  y EE.UU, CAFTA, se inicia en el año 2004, con técnicos y científicos se hizo mucha concienciación en la población, participaron iglesias, organizaciones ambientalistas, hubo un entramado de organizaciones para defender nuestro territorio, El Salvador, de una amenaza”. 

Vidalina relató que en El Salvador la minería no había sido una opción porque la fuente de subsistencia siempre fue “la agricultura en pequeño y nos preocupaba mucho que nos plantearan que la minería era un desarrollo para nuestro país”. Lucharon por una ley desde el 2004 hasta el 2016 en que se aprobó una ley. “El Salvador se ubica como primer país en el mundo libre de minería metálica. Era una lucha de David contra Goliat por la magnitud de estas empresas, que son capaces hasta de comprar voluntades. Asumimos una lucha para que El Salvador no pagara a Pacific Green y luego Ocean Gold”.

Una lógica perversa explicó: “las empresas como  la Pacific Green, cuando demandó, ni siquiera El Salvador tenía un tratado de libre comercio con Canadá … tuvieron que abrir una subsidiaria en las islas Nevada en EEUU para ampararse desde allí al tratado de libre comercio entre EEUU y Centroamérica y pueda iniciar la demanda contra El Salvador. 

Desde Puno, Perú, el abogado José Bayardo Chato, también habló sobre la lucha de los pueblos originarios cuyos derechos no son tomados en cuenta cuando se firman acuerdos entre las corporaciones y el Estado, “todas las políticas de Estado y las normas estaban dirigidas a consolidar este tipo de relaciones que van a beneficiar a las empresas”. Hay todo un aparato que deja de lado a un protagonista que son los pueblos originarios. Todas las actividades extractivas se realizan en territorios de las comunidades campesinas. En esta parte de Perú, el sur andino, existe presencia de comunidades aymaras y quechuas…cuando los pueblos reaccionan contra estas actividades extractivas ahí es donde el estado transfiere la policía al servicio de los privados para controlar la zona”. 

Bayardo precisó que las normas que dictan los estados están a favor del extractivismo, “se olvidan de la Resolución 169 de la OIT que es una norma de rango constitucional , que rige desde 1995 en nuestro país, y que señala que se debe consultar a los pueblos antes de implementar cualquier acción administrativa o legislativa que pueda perjudicarles. Bastaría con la implementación de este convenio para que se abra un diálogo antes de la concesión para el extractivismo. Los Tratados de Libre comercio no contemplan a las poblaciones campesinas que no son escuchadas”. 

Fuente: Marcha