Mapa de conflictos ambientales de Brasil

Por Joan Martínez Alier*

Se acerca el 25 aniversario del asesinato de Chico Mendes (1944-1988) en el Acre, Brasil, defendiendo la Amazonia contra la deforestación. Chico Mendes era un seringueiro, fue un sindicalista que defendía a los recolectores de caucho contra los poderosos ganaderos que quemaban la selva. Aprendió a leer ya de muchacho con un viejo comunista oculto en esa frontera entre Brasil y Bolivia, superviviente de la columna Prestes.

Lejos de disminuir, los conflictos por deforestación y expansión de la frontera agropecuaria continúan creciendo en toda la Amazonia. Continuamente se producen muertes a causa de esta expansión. Pero hay además muchos otros conflictos por injusticias ambientales, por la expansión minera, por infraestructuras (carreteras, grandes represas), por contaminación de agrotóxicos.

Ya hace 10 años se formó en Brasil la Red por la Justicia Ambiental. Los activistas recibieron la visita de Robert Bullard, que en Estados Unidos llevaba décadas de lucha contra el racismo ambiental, es decir, luchando contra la contaminación en barrios donde vive gente de color y gente pobre. Eso dio impulso a esa red brasileña. Para dar más visibilidad a tantos casos de injusticia y conflictos abiertos, hubo varios intentos, a nivel de estado (Río de Janeiro, Minas Gerais…) de inventariar y mapear tales conflictos.

Eso ha culminado con la publicación en la web de un inventario y mapa general de Brasil y de un libro compilado por Marcelo Firpo Porto, Tania Pacheco y Jean Pierre Leroy con el título Injustiça ambiental e saúde no Brasil. O mapa de conflictos, en noviembre. Es un trabajo pionero en el mundo, con 400 casos inventariados, cada uno con una descripción de dos o tres páginas que incluye sus características principales (por ejemplo, ¿es un conflicto por minería, por residuos nucleares, por asbesto o amianto, por robo de tierras…? ¿Cuáles con los actores principales? ¿Cuáles han sido los resultados?).

En Colombia existe ya un mapa parecido (con el proyecto EJOLT), pero con 70 casos solamente. En México hay diversas iniciativas en el mismo sentido. El tema está creciendo tanto en la práctica y en la investigación universitaria que se anuncia y se prepara ya un primer Congreso Latinoamericano de Conflictos Ambientales en la Universidad Nacional General Sarmiento en Buenos Aires para octubre de 2014. No para resolver los conflictos en beneficio de las empresas sino para estudiarlos, para difundirlos, darles un sentido histórico.

¿Cuál es, pues, el propósito de esos inventarios y mapas, más allá del avance de la ecología política? Se trata de mostrar las causas estructurales de tantos y tantos conflictos, es decir, cómo nacen del aumento del metabolismo de la economía mundial y de la exportación creciente de materias primas… No son casos NIMBY ( not in my backyard: no en mi patio) sino síntomas del gran movimiento mundial por la justicia ambiental. Por ejemplo, en Brasil ha surgido un movimiento que se llama Justiça nos trilhos, en protesta contra los accidentes en las vías férreas que transportan las materias primas a los puertos de exportación. Hay protestas parecidas en otros lugares del mundo. En Brasil existe un movimiento de atingidos por barragens, es decir, de afectados por represas. Lo mismo ocurre en México.

Se trata de dar visibilidad a las poblaciones afectadas, de poner en la mesa sus demandas, sus estrategias de resistencia y las alternativas que plantean.

En muchos conflictos aparecen incertidumbres científicas (¿cuán dañino puede ser el cianuro empleado en la minería de oro a cielo abierto?, ¿cómo afecta el glifosato usado en los cultivos de soya transgénica a las poblaciones?), y por tanto el debate debe abrirse a las poblaciones locales pobres, que conocen mejor lo que está ocurriendo que las distantes autoridades sanitarias oficiales. Los conocimientos ganados en un caso de conflicto sirven para otros casos.

El objetivo no es simplemente dar la lista de impactos o riesgos ambientales que afectan a distintos grupos locales de población (campesinos, indígenas, afrobrasileños o quilombolas…), sino, más allá de eso, ver a tales poblaciones como portadoras de derechos, que se escuchen sus voces (sus relatos orales, muchas veces también con videos), voces silenciadas por las empresas, por el Estado, por los medios de comunicación, voces que claman por la justicia social y ambiental.

Los inventarios y mapas de injusticias ambientales son instrumentos de lucha contra la injusticia y el racismo, sacan de la invisibilidad a poblaciones cuya vida misma está amenazada. El mapa, dicen los investigadores brasileños, no es sólo una tribuna, un altavoz, es también en cierto modo como un escudo protector, en la medida que eso sea posible en un contexto lleno de violencia contra los pobres.

* ICTA, Universidad Autónoma de Barcelona

Fuente: La Jornada