MAB exige aprobación urgente de política nacional sobre personas afectadas por represas

Un año después del crimen de Brumadinho, las poblaciones afectadas siguen luchando por obtener una reparación financiera justa. Si bien en la cuenca del río Paraopeba, el derecho al asesoramiento técnico se ganó recientemente en los territorios, en Mariana y en toda la cuenca del río Doce, este derecho no se garantizó a todas las familias afectadas. La discrepancia sólo puede explicarse por el vacío legal que existe en cuanto a los derechos de los afectados y afectados por las represas en el Brasil.

Para poner fin a esta situación y dar seguridad jurídica a los afectados, el Movimiento de Afectadas/os por Represas de Brasil (MAB) lleva décadas construyendo un proyecto de ley que puede contribuir a la garantía de los derechos de las poblaciones afectadas, ya sea por la construcción de proyectos hidroeléctricos y depósitos de relaves mineros, o por la ruptura de estas estructuras.

Leandro Scalabrin, abogado y miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos – CNDH, explicó que la lucha del movimiento siempre ha sido garantizar los derechos de los afectados que nunca fueron previstos por la ley. Recordó que en 1986 se produjo un hito en la consecución de los derechos de las personas afectadas, cuando se firmó un acuerdo entre el Ministro de Minas y Energía de la época y los afectados del sur del país, para garantizar derechos, como el reasentamiento colectivo de las familias afectadas. Desde entonces, otras iniciativas han tenido pequeños avances y grandes retrocesos, pero hasta el día de hoy no existe una legislación que aborde la cuestión.

Scalabrin dice que con la privatización del sector eléctrico en los años 90, la situación sólo empeoró. En 2006, la CNDH creó una comisión especial para investigar las violaciones de los derechos humanos en la construcción de represas en Brasil. El informe elaborado por la comisión terminó sirviendo de subsidio para que el MAB preparara la primera propuesta de una Política Nacional sobre Personas Afectadas por Represas.

«Este informe constató que uno de los problemas de las violaciones de los derechos de los afectados es que no había ninguna ley que garantizara esos derechos. Y que, por lo tanto, dependía de la organización de los afectados en cada caso, en cada región, para obtener más o menos derechos. Esto causaba situaciones desiguales, a veces involucrando a la misma compañía», informó.

Poco a poco, con cada pequeña victoria de los afectados en sus territorios, se fue consolidando el proyecto de ley, hoy llamado Política Nacional para los Afectados por Represas (PNAB). El 25 de junio de 2019, el proyecto de ley (PL) fue aprobado en la Cámara de Representantes, justo después de la conclusión de la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) de Brumadinho. Desde entonces, el proyecto de ley se encuentra en el Senado Federal, donde está siendo debatido por el Senador Carlos Viana de Minas Gerais (PSD).

Tchenna Maso, de la coordinación nacional del MAB, cuenta cómo el proyecto se enfrenta a dificultades para avanzar en el legislativo, gracias al fuerte lobby que las grandes empresas del sector eléctrico hacen con los diputados y senadores.

«Ellos (el grupo de presión del sector eléctrico) cuestionan mucho el nivel de participación que queremos para los afectados y afectados en este proceso, además de propuestas más radicales sobre los planes de desarrollo regional», dijo.

Con una de las legislaturas más conservadoras de los últimos años, el avance del proyecto parece depender más de la organización y movilización de los afectados que de la buena voluntad de los parlamentarios. Y hay muchas razones para movilizarse. Iury Paulino, del colectivo de Derechos Humanos del MAB, explica qué cambios en la vida de las personas afectadas por la aprobación de este marco legal: «Significa que podemos tener un conjunto de leyes que regulen el desempeño, de las corporaciones, de las grandes empresas en estas empresas. El texto establece un conjunto de valores y directrices que no sólo se refieren al derecho de propiedad, sino que también contemplan el derecho a la vida, el derecho al territorio, el derecho al río, el derecho al agua, el derecho a la cultura».

Iniciativas locales

En Minas Gerais, el estado donde ocurrieron las dos mayores tragedias sociales y ambientales del país en relación con las represas, la Política Estatal para los Afectados por Represas (PEAB) ya aprobada en la primera ronda, también está siendo procesada en la Asamblea Legislativa. La propuesta debe pasar ahora por una segunda ronda de votación.

También se están tramitando o negociando otros proyectos similares en otros estados de la federación, como Bahía, Ceará y Río de Janeiro. En Río Grande do Sul, el actual gobernador del estado, Eduardo Leite (PSDB) revocó en 2019 el Decreto Nº 51.595, de 23 de junio de 2014, que instituía la Política de Desarrollo de las Regiones Afectadas por las Empresas Hidroeléctricas – PDRAEH, y la Política Estatal para los Afectados por las Empresas Hidroeléctricas – PEAEH.

Las empresas de electricidad han activado su máquina de publicidad

Si las grandes empresas mineras o las empresas del sector eléctrico dedicaran todos los recursos que gastan en publicidad y medios de comunicación pagos, seguramente la situación de las poblaciones afectadas por las represas sería diferente en el Brasil. Recientemente, los grandes medios de comunicación publicaron un artículo escrito por dos «especialistas» que sólo atacan la propuesta del PNAB.

El texto afirma, sin presentar datos precisos, que «es innegable que el texto aprobado por la Cámara no representa una propuesta viable, al menos para el sector eléctrico». El extracto demuestra claramente cuál es el sujeto de derecho que tienen en cuenta: las empresas.

Los «expertos» también afirman que el texto del PL es «amplio y subjetivo», lo que no permite delimitar con precisión el espectro de los afectados. Y, por supuesto, cuestionan todas y cada una de las disposiciones de la ley que permiten la participación directa de los afectados y afectados. Y terminan promoviendo un verdadero terrorismo mediático, al afirmar que la propuesta «debería centrarse en el precio de la luz», ya que la reparación de las poblaciones afectadas generaría un «costo» para las empresas del sector eléctrico, por lo que concluyen que un proyecto de este tipo, que pretende garantizar los derechos de las poblaciones que sufren por la construcción o ruptura de presas, sería diametralmente opuesto al «desarrollo nacional».

No hay duda de que se trata de la activación de sus máquinas de propaganda, con el objetivo de defender los intereses de los empresarios únicamente, en ausencia de los derechos de las poblaciones afectadas. Para el MAB, ningún proyecto de desarrollo en el país puede ignorar el bienestar, la dignidad y la integridad de los trabajadores.

Fuente: Radio Mundo Real