Luchas de resistencia contra los agronegocios
En el marco de los 20 años de la revista Biodiversidad, activistas y profesionales de diferentes países de América Latina debatieron en San José, Costa Rica, sobre las experiencias de luchas y resistencia ante los embates del modelo extractivista del agronegocio.
Por Giorgio Trucchi
La defensa del derecho de rescatar, proteger, conservar y promover las semillas criollas, luchando contra la expansión de los monocultivos, la invasión de transgénicos y la creación de marcos jurídicos, que están hechos a la medida de los intereses corporativos de las transnacionales del agronegocio, es algo que acumula diferentes países de América Latina.
Carlos Vicente, miembro del equipo regional de Grain, cuenta que la invasión de la soja transgénica en Argentina ha alcanzado una extensión que supera los 20 millones de hectáreas -cuatro veces el territorio de Costa Rica-, y está acompañada por el uso anual de 30 millones de litros de glifosato.
En Colombia, el cultivo de maíz y algodón modificado genéticamente ha venido creciendo vertiginosamente, superando las 100 mil hectáreas en 2012.
En Chile, la siembra de transgénicos ha aumentado 1,200 por ciento durante los últimos 15 años, ocupando casi 36 mil hectáreas, es decir el 4.8 por ciento del total de superficie agrícola.
Con la expansión de la siembra de OGM, también ha venido creciendo la agresividad de las grandes corporaciones que controlan el mercado de las semillas.
Ley de Semilla: un tentáculo transnacional
Una de las estrategias de penetración y control que transnacionales como Monsanto están usando a lo largo y ancho de América Latina es la creación o modificación de las leyes de semillas, en el marco de la firma y ratificación de Tratados de Libre Comercio (TLC).
“Estas leyes son prácticamente iguales en todos los países y son redactadas por las mismas corporaciones. Aprovechan la ignorancia y la actitud servil de gobiernos y políticos nacionales, y van adaptándolas a los estándares internacionales de protección de la propiedad intelectual”, dijo a La Rel, Camila Montecinos, agrónoma y miembro de Grain.
El principal objetivo de este otro tentáculo de las transnacionales es prohibir el derecho del agricultor y las familias campesinas a guardar sus semillas criollas.
“Todo esto es parte del control del agronegocio sobre los sistemas alimentarios en su totalidad, lo cual genera una mayor ilegalización y erosión genética de las semillas criollas, menor diversidad y oferta de alimentos, mayores costos y una grave agresión a la soberanía alimentaria de los países”, dijo Carlos Vicente.
De acuerdo con datos de Grain, en el siglo pasado se perdió el 75 por ciento de la diversidad agrícola mundial y la FAO reconoce que la principal causa de esta pérdida es la agricultura industrial.
Las trasnacionales “descubren” semillas
Colombia y Chile son ejemplos muy claros de cómo el intento de hacer aprobar leyes en el marco de los TLC y del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91), desemboca en la criminalización del campesinado y de las organizaciones que luchan por el rescate, conservación, uso, manejo y libre circulación de las semillas criollas.
Por medio de la Resolución 970/2010 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el gobierno pretende regular todo lo relacionado con semillas, definiendo que la únicas semillas que pueden circular en Colombia son las mejoradas y certificadas.
Para las personas que utilicen una semilla protegida legalmente o similarmente confundible con una protegida legalmente, la pena es de entre 4 y 8 años de reclusión y hasta 1,500 salarios mínimos de multa.
En Chile, el proyecto de ley para aprobar el UPOV 91, mejor conocido como “ley Monsanto”, prohíbe reproducir y guardar semillas, so pena de confiscación, destrucción de cultivos o cosechas, aplicación de multas y hasta de reclusión.
“Quieren privatizar las semillas criollas a través de artículos redactados de manera maliciosa, bajo pretexto que se pueden descubrir variedades, adueñarse de ellas y de las que son parecidas”, dijo Camila Montecinos.
“Tenemos una enorme diversidad de maíces criollos que han venido adaptándose desde hace cientos de años, y que ahora pasarían a ser ilegales porque las grandes corporaciones los ‘descubren’ y los registran a su nombre”, agregó Carlos Vicente.
“Es el mundo al revés, porque todas las semillas supuestamente mejoradas se hicieron a partir de las semillas criollas. Aquí se están violentando los derechos colectivos de los agricultores, rompiendo el esquema ancestral milenario de intercambio de las semillas”, ahondó Germán Vélez, del Grupo Semillas de Colombia.
Resistencias
Pese a las tantas dificultades, las resistencias se multiplican en el continente latinoamericano y logran resultados importantes, elevando el nivel de conocimiento, concientización y movilización de las poblaciones y deteniendo, en las calles y en los tribunales, los proyectos de muerte de la grandes corporaciones de las semillas.
“Hay un espectro muy grande de lucha que está frenando el avance de los agronegocios, al tiempo que va construyendo conciencia social sobre la necesidad de una distribución equitativa de la tierra, la diversificación de la producción agrícola y el rescate y conservación de las semillas criollas”, concluyó Vicente.
Fuente: Rebelión