Líderes indígenas y campesinos de América Latina denuncian estragos del neoliberalismo

El desalojo masivo de comunidades indígenas y campesinas y la apropiación de reservas naturales, así como asesinatos "colectivos y selectivos" por grupos paramilitares a la sombra del poder público, son frecuentes en numerosas regiones de América Latina, se denunció en el seminario Territorio, vida y seguridad humana frente a planes económicos y militares, que se celebró en Madrid.

Decenas de representantes de comunidades indígenas y campesinas de América Latina se reunieron en la capital española para analizar y denunciar los estragos de la globalización y el neoliberalismo, de Chiapas, México, a la Amazonia.

La situación es similar en México, Colombia, Costa Rica, Argentina o Brasil, en zonas donde empresas multinacionales, estadunidenses o europeas llevan a cabo proyectos comerciales y de explotación de los recursos naturales.

Esos "desalojos" de los pobladores originales de América Latina se han caracterizado por la brutalidad de grupos paramilitares que actúan con la anuencia de algunos gobiernos.

La situación en Chiapas, en concreto en Montes Azules, también fue motivo de análisis durante el encuentro, máxime cuando ya se sufren las consecuencias en las comunidades indígenas del llamado Plan Puebla-Panamá.

Rubén Moreno, de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos de Chiapas, explicó a La Jornada: "La implementación de varios programas en Montes Azules, algunos de ellos con recursos de la Unión Europea (UE), están provocando el desalojo de las comunidades. En Montes Azules se está intentando limpiar la zona con el uso de la fuerza militar y paramilitar para que el gobierno y las trasnacionales puedan desarrollar sus megaproyectos".

El representante mexicano denunció la proliferación de campamentos militares en esa región de Chiapas, además de que persiste el temor a una nueva escalada violenta de los diversos grupos paramilitares existentes en la zona.

Moreno señaló que "lo único que nos queda es pelear y resistir para que no nos desalojen de nuestra tierra, y denunciarlo en el exterior para recibir el apoyo internacional, ya que en México no hay justicia. Un ejemplo de esto es lo que sucedió en 2003 en varias regiones de Chiapas -como en el caracol de Morelia o la Garrucha-, donde hubo una serie de asesinatos a manos de paramilitares y hasta la fecha no ha habido ninguna detención.

"Como siempre, las comunidades indígenas no sentimos ningún tipo de protección de las autoridades mexicanas. Al contrario, hay un permanente hostigamiento militar. Pero ante el aumento del control del Ejército nosotros tenemos la esperanza de que nuestras denuncias en el exterior provoquen la sensibilización de la gente sobre lo que está pasando en Chiapas y en América Latina, pues se está aniquilando a comunidades y culturas enteras, además de la usurpación de su territorio. Por eso nos extraña que hasta la fecha no hayamos tenido ninguna respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre nuestra reclamación sobre los hechos de Montes Azules."

Sobre la situación en Colombia, el sacerdote jesuita Javier Giraldo denunció la impunidad de que gozan autores de miles de crímenes, perpetrados por comandos paramilitares en años recientes.

Sostuvo que el origen del paramilitarismo en Colombia se remonta a 1962, cuando Estados Unidos llegó para extender su política de seguridad en América Latina y exigió al gobierno la legalización de grupos mixtos de militares y civiles para ser adiestrados por ellos.

Agregó que estos grupos se han sustentado en un base ideológica que se ha asumido y extendido entre la población civil, en la que se acepta la alianza del poder civil con el militar, sin que se fijen con claridad las fronteras entre ambas, lo que ha derivado en la impunidad total de sus crímenes.

Los representantes de Colombia, Brasil, Chile, Argentina, México y Bolivia, además del Movimiento de los Sin Tierra, los indígenas Mapuche, las Madres de Plaza de Mayo y defensores de los derechos humanos de Chiapas, Costa Rica, Bélgica, Italia, Cataluña e Irlanda hicieron una declaración de alerta a la comunidad internacional.

"Desde el mundo de la exclusión y su autoritarismo nos pretenden imponer los conceptos y planes de la globalización neoliberal y de la impunidad de crímenes de lesa humanidad", señalaron.

En cuanto a las amenazas latentes, apuntan que proyectos como el Plan Puebla-Panamá "descomponen a los pueblos y atentan contra la vida, el territorio colectivo, las aspiraciones de seguridad humana y la dignidad de millones de personas, especialmente de las comunidades que han sido azotadas por la militarización y paramilitarización al servicio de intereses hegemónicos y de multinacionales". (La Jornada)

Fuente: Revista Rebelión