Libia se apropia de las zonas arroceras de Mali

MALIBYA es un buen ejemplo de este fenómeno, una empresa libia a la que el gobierno de Mali, en su política de promoción de las inversiones privadas en el sector de la producción arrocera, ha concedido 100000 hectáreas en la zona de la Oficina del Níger, la principal zona arrocera del país, en concreto al oeste de Macina, en la región de Ségou, cuarta región de Mali.

Este proyecto estratégico, según el acuerdo firmado por ambos países, tiene por objetivos principales: garantizar la autosuficiencia alimentaria del país, el desarrollo de la agroindustria y el desarrollo de las actividades ganaderas.

Según el director general de MALIBYA, Abdalilah Youssef, “los componentes de la primera fase del proyecto, financiado por MALIBYA, son, en primer lugar, la construcción de un canal de suministro de agua de una longitud de 40 km, que va desde la zona de Kolongotomo hasta la sede del proyecto, en la zona de Boky-Wèrè. La capacidad mínima del canal es de 130 metros cúbicos, lo que permite un suministro de 11 millones de m3 diarios y más de 4 mil millones de m3 al año. El otro componente es una carretera de también 40 km de largo. El coste del contrato se estima en 25 mil millones de FCFA. El proyecto se ejecutará en un periodo de 12 meses”. Para llevar a cabo la ejecución de los trabajos relativos a la construcción del canal y la carretera adyacente, MALIBYA ha subcontratado a la empresa china CGC.

“Se trata del canal más grande de Mali y uno de los más grandes de África. Hemos comenzado con el proyecto que se va a llevar a cabo por etapas, la primera en unas 25000 hectáreas de tierras agrícolas En estas 25 000 hectáreas, comenzamos los trabajos hace ya más de un año. El proyecto será un proyecto multifuncional que englobará actividades agrícolas (sobre todo el cultivo del arroz, cuya producción será de en torno a 200000 toneladas por año), ganaderas e industriales. Además de actividades agrícolas, habrá producción ganadera, con una proyección de 25000 toneladas de carne por año, fábricas para la transformación de productos agrícolas (como de concentrados de tomate y laboratorios)”, explicó el director de MALIBYA al periódico privado L’aube en su edición del 10 de noviembre de 2008.

De hecho, el cinturón de Macina es una zona de vocación agro-pastoral y la mayor zona arrocera de la Oficina del Níger en términos de superficie. Se trata no sólo de una zona ganadera por excelencia, sino también de una zona de tránsito y origen de animales trashumantes.

De esta forma, el gobierno de Mali proclama su voluntad de garantizar la autosuficiencia alimentaria del país, mientras continua firmando acuerdos inquietantes con inversores extranjeros, lo que permite a estos últimos obtener el control sobre las tierras agrícolas más importantes del país.

Conviene recordar de igual forma que hace algunos años, con la ocasión de una cumbre de la Comunidad de Estado Sahelo-Saharianos (CEN-SAD) en Bamako, el Presidente de Mali, Amadou Toumani Touré ofreció 100000 hectáreas a la CEN-SAD en la zona de la Oficina del Níger. ¡Todo parece apuntar a que la CEN-SAD está dirigida por Libia!

Libia, que tiene una gran dependencia con respecto a las multinacionales en materia de suministro de productos agrícolas, importó 177000 toneladas de arroz en 2005 evaluadas en 62 mil millones USD, según datos de la FAO. Queda claro que como otros países árabes, Libia busca salir de su dependencia alimentaria a través de proyectos como el de Mali.

Sea cual sea el destino final del arroz, su producción no va a servir de mucho a los agricultores y agricultoras de Mali porque ésta se traducirá en la expulsión de algunos agricultores locales de sus tierras y entrará de forma directa en competencia con los otros productores por el suministro de agua desde el río Níger, el recurso más importante para el riego en la región. La empresa ha incluso entablado negociaciones con el gobierno para tener prioridad en la atribución del agua en la temporada seca, cuando el nivel del río está más bajo. Según las informaciones a las que hemos tenido acceso, MALIBYA planea explotar ella misma estas 100000 hectáreas de tierra, contratando a los campesinos y campesinas locales como obreros y trabajadores agrícolas.

Además, hay una gran inquietud sobre la forma en la que este proyecto va a destruir la importante diversidad de semillas de arroz locales y favorecer de este modo un pequeño número de variedades mejoradas y de técnicas modernas en el sector agrícola, como se destaca en el acuerdo.

“Hemos firmado un contrato con una empresa china para la producción de arroz híbrido. Hoy, en los que respecta al rendimiento del arroz, Mali está en 2 toneladas por hectárea. Con la introducción de esta nueva variedad de arroz híbrido, el rendimiento aumentará de 2 a 8 ó 9 toneladas por hectárea. Son sobre todo las grandes potencias productoras las que cultivan este arroz híbrido y las que tienen el monopolio. Aquí no existe aún. Se trata de una primicia en Mali, incluso en África”, destaca el director de MALIBYA.

Según los especialistas, esta variedad de arroz presenta una calidad gustativa mediocre, lo que constituye un aspecto importante para los pequeños productores que abastecen los mercados locales. Además, los productores no pueden conservar ni reproducir las semillas de esta variedad y se verán obligados a volverlas a comprar todos los años.

Por otro lado, las organizaciones campesinas locales temen que la empresa libia introduzca a través de este proyecto arroz genéticamente modificado (OGM) en el territorio de Mali.

La Coordinación Nacional de Organizaciones Campesinas de Mali (CNOP, por sus siglas en francés), como estructura de representación política y de defensa de los intereses de los productores agrícolas, ha rápidamente estudiado el caso después de que las organizaciones campesinas de base se lo pidieran. Envió entonces una misión con representantes del Programa de Apoyo a los Colectivos Territoriales para tener una imagen fiable de la extensión de los trabajos de acondicionamiento sobre el terreno y de sus repercusiones para la población local.

Constataciones

Las visitas de las ciudades y de las obras con diferentes actores de base (efectuadas entre el 7 y el 20 de julio de 2009), la Prefectura, la Oficina del Níger, los ayuntamientos, la población afectada y otros, han llevado a las siguientes constataciones:

* La falta de un estudio de impacto social y medioambiental cuando comenzaron los trabajos de acondicionamiento en octubre de 2008.

* La falta de claridad en las informaciones suministradas a los diferentes actores en lo que respecta a la ejecución del proyecto.

* La construcción del edificio de la oficina de control en la ruta de trashumancia de Boky-wèrè.

* La obstrucción total durante 7 km de la ruta de trashumancia Kolongo por una carretera y un canal en obras, sin que se hayan previsto pasajes alternativos adecuados para los animales.

* La Oficina del Níger de Kolongo, que se negaba a firmar el contrato de arrendamiento porque no estaba implicada en la firma del acuerdo, ha cambiado su postura y actualmente defiende el proyecto.

* Los colectivos no reciben ninguna tasa de extracción de los productos extraídos de las canteras utilizados en la construcción de la carretera.

* La empresa explota las canteras sin la autorización de los colectivos y otras autoridades locales. Algunas zonas de extracción de materiales son cementerios o zonas ya parceladas por el ayuntamiento de Kolongo para la extensión de la ciudad.

* La formación de nubes de polvo ocasionadas por el tránsito de camiones de abasteciemiento e incrementadas por la falta de riego, a pesar de varias intervenciones llevadas a cabo por los colectivos afectados con la implicación de la administración.

* La destrucción de cementerios por las obras del canal y de la carretera.

* La destrucción de casas, pueblos, vergeles y huertos por la construcción de la carretera y la extracción de productos minerales (sólo 58 familias serán indemnizadas de un total de 150 familias afectadas). La expropiación de casas de los pueblos de la zona sin compensación alguna hasta la fecha.

El desarrollo de los agrocombustibles

Como si todo esto no fuera suficiente, las visitas también ha permitido identificar que otra superficie de 100000 hectáreas en el municipio de Monipébougou, aún en el cinturón de Macina, pertenece ya al grupo TOMOTA, un operador económico de Mali, que las dedica al cultivo de jatropha, utilizada como agrocombustible.

Los campesinos del municipio, que no tienen otra riqueza que sus tierras, han sido también aquí expropiados en beneficio de los intereses privados. Según el teniente de alcalde del municipio, Mamadou Coulibaly, “la entrega de estas tierras se ha hecho sin las implicación de los actores afectados en la base y no se ha firmado ningún acuerdo entre el grupo y el municipio. Además, los trabajos han llegado hasta la carretera nacional sin tener en cuenta los límites creados para identificar las rutas de paso de animales. Esto pondrá en cuestión los resultados obtenidos por los colectivos locales en el marco de la búsqueda de soluciones a los conflictos sangrientos, e incluso mortales, entre ganaderos y agricultores. Le hemos escrito al Prefecto, al Gobernador, al Ministro de Medio Ambiente e incluso al grupo TOMOTA para que se respeten los derechos de todos y de los campesinos que han sido expropiados. El ayuntamiento quiere que se respeten las rutas de paso de los animales para evitar conflictos”, explica M. Coulibaly en el emplazamiento del grupo.

Estos mismos campesinos que no han sido indemnizados se ven obligados a trabajar para el Grupo TOMOTA por una media de 500 a 750 FCFA al día para poder cubrir las necesidades de sus familias.

Las poblaciones expulsadas

Al empezar la casa por el tejado, la población afectada por el proyecto MALIBYA no tiene otra esperanza que esperar las conclusiones relativas a sus indemnizaciones. La historia de Antoinette Dembélé es un buen ejemplo. Una sexagenaria que se dedicaba a la horticultura desde hacía décadas en la parcela que le había dejado su esposo antes de morir, para poder cubrir los gastos familiares y otros gastos sociales. A ella le expropiaron la parcela situada junto al canal de suministro de agua en el marco de las obras del proyecto.

“Los chinos vinieron a destruir mi huerto y todas sus plantas : guayabos, naranjos, papayos, cebollas…y hasta la fecha no me han indemnizado. Hemos intentado apelar a las autoridades locales, entre ellas el ayuntamiento y la Oficina del Níger. Estas nos han dicho que no pueden hacer nada contra una decisión que viene del gobierno y no pueden sino constatar los trabajos. Yo me veo obligada a quedarme en casa y vender cigarrillos y especias para hacer frente a las necesidades de la familia. Tenemos demasiados años para librar batallas tan difíciles, porque nos han hecho saber que la tierra pertenece al estado y que sólo nos pertenecen los árboles y plantas que hemos plantado o cultivado. Si intentamos conseguir más información de los chinos que trabajan en las obras, ellos nos dicen que vayamos a ver al Presidente de la República, que ellos no tienen que rendir cuentas a nadie. La única esperanza que nos queda es esperar nuestra indemnización”.

Aunque se ha creado en el pueblo una comisión para hacer un listado de todos los problemas de la población con vistas a informar al ayuntamiento y a la población de las decisiones tomadas, muchos habitantes desconocen la existencia de tal comisión, lo que cuestiona su legitimidad y su papel de defensa de la población local. Otras voces han denunciado que esta comisión está siendo manipulada por los defensores del proyecto.

Hay que decir que todo apunta a que este proyecto sólo beneficiará a Libia, contrariamente a lo que piensa la población, que espera beneficiarse del acondicionamiento de estas 100000 hectáreas. Todo esto se debe a la falta de claridad por ambas partes. La información está sesgada en todos los niveles y en función de los intereses de las partes afectadas: la Prefectura de Macina, la Oficina del Níger, la población, entre otras. Lo que lleva a las autoridades locales a creer en este proyecto es, según el Prefecto de Macina M. Cissé, lo siguiente: “después de las constataciones y los encuentros con los representantes de los dos inversores, que no tuvieron lugar antes del comienzo de los trabajos, creo que se trata de un proyecto firme que va a permitir acondicionar una gran superficie y desarrollar el cinturón. No he podido observar mala fe en ninguna de las partes –MALIBYA y TOMOTA, quizás un problema de enfoque”.

El director de la Oficina del Níger de la zona de Kolongo, que había expresado su rechazo hacia el proyecto porque no había participado en el proceso de la firma del acuerdo, ha ahora cambiado su postura y defiende el proyecto. Cree que el acondicionamiento del canal principal de abastecimiento de 17 km podrá también servir a la Oficina del Níger para acondicionar otras parcelas.

Es importante destacar que todas las reivindicaciones evocadas por los diferentes actores ponen de manifiesto la falta de conocimiento del contenido del acuerdo, ya que hay que decir que el acuerdo firmado por los dos países continua siendo algo inaccesible y desconocido. Los servicios afectados, la población en general y, aún más, el campesinado de la localidad ignoran su contenido y su quintaesencia. Esto justifica quizás una cierta esperanza de obtener un beneficio de una parte consecuente de esta inversión. Sin embargo, de ninguna forma se garantiza en el acuerdo que la población vaya a obtener beneficio alguno.

La defensa de los productores locales

Tras convertirse en un tema particularmente complejo y sensible, la cuestión de la tierra suscita muchas inquietudes en lo que respecta al futuro de los pequeños productores.

Como consecuencia de esto, un buen número de estructuras estatales (el Programa de Apoyo a los Colectivos Territoriales, la Dirección Nacional de la Producción de Recursos Animales) y de estructuras privadas de la sociedad civil (Coordinación Nacional de Organizaciones Campesinas y la Federación de Ganado y Carnes de Mali) se han reunido para formar una comisión nacional con el objetivo de luchar y defender los intereses de las poblaciones afectadas que sobreviven gracias a la agricultura, la ganadería y la pesca.

La CNOP tiene como objetivo no sólo reforzar la lucha con el conjunto de organizaciones de la sociedad civil, sino también organizar con algunos parlamentarios una interpelación al Ministro de Agricultura y al del Medio Ambiente en la Asamblea Nacional para aclarar el asunto y garantizar los derechos de todos los actores.

Dado que en el acuerdo se habla de un arrendamiento renovable de 50 años, varios observadores temen el acaparamiento definitivo de estas tierras a manos de Libia a través de la concesión de un título de propiedad. Esto crearía peligros sin precedentes como rebeliones y la destrucción de sistema semillero en la zona arrocera con la introducción de semillas mejoradas, incluso transgénicas.

Lamine COULIBALY & Boa ventura MONJANE

Fuente: Vía Campesina