Ley de semillas: “Estas leyes se hacen a la medida de los monopolios”

4 Septiembre 2014

Por Che Barracas. La combinación del uso simultáneo de semillas genéticamente modificadas y agroquímicos ha generado todo un debate sobre si existe realmente certidumbre científica sobre su inocuidad; lo cierto es que corporaciones como Monsanto ejercen una fuerte presión sobre los países del sur para que se legalicen mecanismos y aplicaciones biogenéticas que incluso ya están prohibidas en los países del norte. Por otro lado, organizaciones campesinas y ambientalistas denuncian que la legislación que se está impulsando en materia de semillas implica “una propiedad intelectual, lo que quiere decir que quien quiera usarla va a tener que pagar por ello”, comenta Carlos Vicente.

“Las llamamos 'Leyes Monsanto' porque se hacen en los países donde tiene presencia esta multinacional. En la Argentina, esta es una modificación de la Ley de 1973, que ya era un avance en la privatización de las semillas; la reforma se plantea en el año 2012, en una conferencia de prensa del entonces Ministro de Agricultura [Norberto] Yauhar junto a representantes de Monsanto”, asegura. Si bien el proyecto no terminó de promoverse ya que generó resistencias incluso desde dentro de organizaciones del oficialismo, en 2014 se ha vuelto a proponer una Ley similar que según denuncian más de un centenar de organizaciones campesinas, ambientalistas y políticas, está echa a la medida de esta corporación.

Para Carlos Vicente, “existe una contradicción evidente en este Gobierno, que ha adoptado medidas contra determinados monopolios como puede ser mediante la Ley de Medios, y sin embargo promueva esta Ley que beneficia ni más ni menos que a Monsanto”. Según él, esto tiene que ver con el modelo agrícola de la Argentina, que desde 1996, “cuando se abre las puertas a la invasión de la soja y a la soja transgénica que hoy ocupa 20 millones de hectáreas hasta la actualidad, no se ha modificado ninguna de las políticas públicas en relación al agronegocio. Lo único que ha habido es la creación a principios de este siglo de las retenciones, que permite que el Estado recaude más aplicando tributos a las exportaciones, lo que convierte al propio Estado en partícipe de este agronegocio y por tanto revela una ausencia de voluntad de modificar este modelo”.

“Producir alimentos para los pueblos y no para las corporaciones”

Vicente manifiesta que las prácticas agroecológicas siguen siendo las más beneficiosas, no solo por su amigabilidad ambiental, sino porque permiten además producir alimentos que satisfacen las necesidades de toda la población, “respetando la biodiversidad y produciendo para los mercados locales. Después de 30 años, está perfectamente demostrado”.

El capitalismo como problema

“La gran pregunta sigue siendo ¿qué hacemos con el sistema capitalista?”, que según Vicente sigue destruyendo los recursos del planeta, provocando crisis climáticas que se agudizan año a año, y estima que “no existe posibilidad de replantear este sistema capitalista depredador”. Por ello, la confrontación de este modelo de producción de alimentos no solo pasa por cuestionar únicamente aspectos como la Ley de Semillas, sino también “las relaciones sociales de explotación” que genera.

Según Vicente, “el 99% de los partidos políticos [en la Argentina] apoya este modelo extractivista y depredador” con un horizonte “mucho peor con lo que puede venir después del kirchnerismo inclusive”.

Campaña contra Monsanto

La consigna “No a la Nueva 'Ley Monsanto’ de Semillas en Argentina” es el lema que han elegido un conjunto numeroso de organizaciones sociales y ambientalistas, y que dieron a conocer el pasado 18 de junio en el Hotel Bauen, una campaña pública que busca frenar la modificación de la actual legislación.

Según esta campaña, el proyecto de ley que desde el año pasado elabora el Ministerio de Agricultura de la Nación, implicará un mayor avance en la privatización de las semillas y en la monopolización del mercado de alimentos a favor de las transnacionales del agronegocio. Declaran que “las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones” y exigen “fuera Monsanto de Argentina y América Latina”.

Esta Ley “implica la prohibición de guardar semillas o que el agricultor le pague regalías a Monsanto por su uso, y además permite el patentamiento de toda nuestra biodiversidad”, algo que según denuncian implicaría aplicar “derechos de autor” a la riqueza biológica que posee la Argentina y que hasta ahora ha sido de dominio público. Pero además otorga facultades policiales al Instituto Nacional de Semillas, que le permitirán, en caso de infracciones a los derechos de estas corporaciones, allanamiento de sembrados, secuestro de mercadería o de medios de trabajo propios de la agricultura. Más información sobre esta campaña.

Fuente: Marcha.org