Las organizaciones socioambientales desnudaron los negocios detrás del fuego en las islas
Para el extractivismo no hubo cuarentena y durante la pandemia millones asistimos casi en directo a la destrucción de importantes áreas naturales: miles de hectáreas de bosque nativo desmontadas en el norte y fuego en casi todo el país. En el Delta del Paraná, como en un morboso espectáculo, las ciudades y pueblos no sólo debieron asistir a las quemas frente a sus ojos sino que fueron obligadas a respirar el humo de las mismas. La contundente impunidad del agronegocio y la especulación inmobiliaria, contrastó con la desidia, timidez y (a esta altura evidente) complicidad de segmentos en todos los poderes del Estado.
Las organizaciones socio-ambientales rápidamente señalaron a los actores responsables de la destrucción y se movilizaron exigiendo que pare el fuego y se castigue a los responsables. Así consiguieron desarmar los discursos que naturalizaban las quemas, instalar en la agenda pública y política la necesidad de reaccionar, y obligaron a los Estados a activar algunos resortes. El grueso de la clase política sobreactuó su consternación en los medios y redes. La indignación popular logró que avanzaran algunas iniciativas como la media sanción de la modificación de la ley de manejo del fuego (26.815) votada hace pocos días, que busca evitar el cambio en el uso del suelo resguardando las áreas quemadas. En pleno incendio, el Poder Judicial que podría haber actuado de oficio, tardó en recibir las denuncias; lejos de recabar pruebas, identificar responsabilidades y aplicar justicia, fueron nuevamente las organizaciones las que se pusieron la tarea al hombro.
En Ramallo al norte de la provincia de Buenos Aires, y frente a las islas Lechiguanas, la ONG Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) que se formó en 2012 para frenar los vertidos industriales al río y hoy trabaja en un amplio abanico de temas, logró documentar eso que sabíamos todos y todas: que atrás del fuego estaban los negocios de un puñado de empresarios parte de un modelo ecocida. Sobre todo esto conversamos con Evangelina Romano y Mariana Rearte de UPVA.
Huerquen: Este año los humedales de nuestro país ardieron una vez más. Cuéntennos cómo lo vivieron en Ramallo
UPVA: A partir de agosto de este año empezaron a aparecer focos de fuego en las islas entrerrianas y en la provincia de Buenos Aires enfrente de Ramallo. Las consecuencias fueron humo por todas partes persistiendo en las poblaciones costeras durante semanas, un cielo encapotado de cenizas, animales y plantas calcinados, rancheros desplazados con su ganado muerto y sus bienes destruidos, y una enorme pérdida de biodiversidad que llevará años reparar.
El humo inundó Ramallo desde agosto. Realizamos denuncias a la Prefectura la cual no podía intervenir por “no tener jurisdicción” ya que las islas pertenecen a Entre Ríos. Hicimos una denuncia en la municipalidad y tratamos de formar una comisión con las distintas instituciones del partido junto con prefectura para resolver la situación que se estaba viviendo, no solo con el fuego, la destrucción y la contaminación, sino con la gente que vive en ese lugar a la cual nadie ayudaba a apagar el fuego y salvar su vivienda y animales. Nunca tuvimos respuesta de nadie.
En paralelo empezamos a recibir denuncias de pobladores de las islas, pescadores y turistas, donde se exponía y mostraban la presencia de distintas maquinarias en las islas. Empezamos a averiguar y nos pusimos en contacto con la bióloga Natalia Morandeira que estudia desde hace años la zona y había denunciado en distintos ministerios y secretarias la situación que se estaba viviendo con las quemas en las Islas Lechiguanas. Así empezamos a realizar investigaciones y trabajo de campo en el lugar para tomar las pruebas para que la justicia actúe.
Hqn: Las organizaciones sociales y ambientales denunciaron que el fuego fue intencional y tenía que ver con el cambio de uso del suelo para hacerle lugar a desarrollos inmobiliarios o el impulso al agronegocio. ¿En Ramallo hubo denuncias?
UPVA: Creo que con nuestra investigación quedó plenamente demostrado que eso fue así, ya no quedan dudas de la intencionalidad de los fuegos en las islas, ya que inmediatamente que cesó el fuego, las maquinas estaban preparadas en el lugar para dar comienzo a un ecocidio premeditado y fumigar con agrotóxicos las 4.500 hectáreas para luego sembrar soja. En Ramallo gracias a la perseverancia y astucia de compañeros de nuestra organización pudimos tomar fotos y videos con un dron de la destrucción que realizaron, con todo ese material nuestro abogado, Fabián Maggi, hará esta semana una presentación en la justicia de Entre Ríos.
Hqn: ¿Qué determinó la justicia?
Transporte a las islas de equipos de fumigación y bidones de agrotóxicos – Foto UPVA
UPVA: Sobre el Delta del Paraná rige una medida cautelar que busca preventivamente proteger a las islas de daños ambientales, porque tras las quemas, necesitan un respiro para restaurarse. La medida cautelar fue dictada el día 1 de Julio, cuando el Juzgado Federal Nº2 de Paraná, falla a favor de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, representada por la Dra. Agostina Castillo y la Dra. Melisa Martiñena, y a la Asociación Civil Foro Medio Ambiental, representada por el Dr. Fabián Maggi, la Dra. María Viviani y el Dr. Gustavo Madeira, imponiendo un amparo que ordena, como lo dice textualmente el fallo “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda”. También instruye a las Fuerzas de Seguridad con jurisdicción sobre la provincia de Entre Ríos, Gendarmería y Prefectura, a garantizar que tales medidas sean implementadas.
Hqn: UPVA acaba de denunciar con imágenes que efectivamente el fuego estaba relacionado al agronegocio. ¿Qué descubrieron? ¿Cómo lograron documentarlo?
UPVA: Al recibir denuncias de los vecinos que fotografiaron una lancha que llevaba bidones de agroquímicos desde la costa de Ramallo hacia la zona de Islas, UPVA decidió llegarse hasta las islas Lechiguanas para lograr documentar el hecho.
Fuimos en una lancha y nos encontramos con el pase del zanjón de San Gregorio cerrado con pontones y cadenas. Pudimos atravesarlo, y con la ayuda de un dron logramos tomar imágenes de un mosquito en plena fumigación sobre el terreno quemado, y de lagunas desecadas a fuerza de bombas. También se encontró un camión de agua convertido para mezclar los agrotóxicos, una retroexcavadora para realizar el terraplenado, gran cantidad de bidones de glifosato y 2-4D que se utilizan para la fumigación, y bolsas de semillas de soja para la siembra intensiva. El lugar estaba cercado por un enorme terraplen para que al crecer el río, el agua no pueda ingresar al territorio de islas.
Después de los incendios, lo que debería suceder es que el sistema pueda regenerarse a partir de las lluvias y la crecida del rio. Cuando el agua ingresa viene al territorio insular con sedimentos y nutrientes para dar nueva vida a la tierra quemada. Estos terraplenes no van a permitir que el sistema de islas se regenere y la vida vuelva a florecer. Con el agravante de la aplicación de agroquímicos y de la imposición de un monocultivo. De esta manera se estaría eliminando la funcionalidad ecológica de los humedales de las islas del delta del Paraná, cuestión que de una u otra manera, afectará a toda la región.
Hqn: ¿Qué repercusiones hubo en Ramallo a partir de la denuncia de UPVA (que sin sus recursos hizo lo que la Justicia no pudo)?
UPVA: La repercusiones fueron de la misma gente que estaba indignada ante esta situación, no entendían por qué nadie intervino para parar todo esto, ya que no tuvimos respuesta de ningún organismo de control.
Asimismo resulta notable la falta de compromiso de las autoridades locales para tomar cartas en el asunto, librando la problemática de los incendios a la acción de la comunidad, prefiriendo desviar la mirada ante hechos tan graves como son los incendios o las restricciones a la navegación. Si la imposibilidad de actuar sobre jurisdicciones de otra provincia justifica ese silencio, estamos y seguiremos en un riesgo inimaginable que hoy estamos padeciendo. Tampoco lo hizo la justicia donde Natalia Morandeira había presentado su denuncia. Nos dejaron solos. Es por eso que decidimos visibilizar con un comunicado primero y luego con el video que está en las redes, la impunidad con la que se mueven estos empresarios como Di Fonzo y otros empresarios locales. Esta destrucción desmedida en todos los sentidos de la palabra, que realizaron y siguen realizando estos personajes nefastos llamados empresarios, tiene que ver con una avaricia desmedida y un desprecio a la vida irrazonable para cualquier ser humano.
Las organizaciones sociales, asambleas por la vida y el medio ambiente se hicieron eco de nuestro informe y compartieron nuestra denuncia en los distintos medios de comunicación y digitales para que se haga oír nuestra voz con lo sucedido, no sólo en Entre Ríos y Ramallo (BsAs), porque esto nos atañe y perjudica a todas las provincias por igual en menor o mayor medida.
Hqn: ¿Qué nuevo escenario se abre con todo esto? ¿Qué acciones están planteando?
UPVA: Con respecto al impacto en la sociedad esta situación permitió evidenciar cómo la codicia y los negociados influyen de manera determinante en la calidad de vida de todas las personas. Nadie queda excluido de los efectos de las actividades predatorias y extractivas que se llevan a cabo.
Estamos evaluando iniciar algún tipo de convocatoria que movilice a la comunidad en demostración del repudio que causan hechos como éste; y algunas acciones de concientización que despierten a la sociedad antes que sea demasiado tarde, por nuestros hijos y las generaciones venideras.
Hqn: ¿Qué conclusiones van quedando de lo vivido hasta acá?
UPVA: El proceso de globalización que se impuso impuso a la Argentina en los años ‘90 es un modelo de país productor de transgénicos y exportador de forrajes. Las consecuencias de la implantación de ese modelo extractivo y de producción masiva de commodities a lo largo de los años, vaciaron inmensos territorios de sus poblaciones rurales. Cientos de pueblos en estado de extinción, cuatrocientos mil pequeños productores arruinados, entre ellos el cierre definitivo de millares de tambos, y muchísimos chacareros endeudados debido a la incorporación de nuevos paquetes tecnológicos con dependencia a insumos, semillas genéticamente modificadas, herbicidas y maquinarias de siembra directa que solo producen alimento para animales o biocombustible, no apto para seres humanos. Han convertido a nuestra tierra en desiertos verdes, este modelo excluyente solo envenena y mata.
Hoy sostenemos que otra manera de producir es posible y buscamos generar conciencia ambiental en los territorios para realizar, con la participación ciudadana, ese cambio de paradigma para que dejen de fumigarnos, de envenenar nuestros cuerpos, nuestro hábitat, nuestro suelo, nuestra agua y nuestro aire.