La reforma agraria es todavía un tabú en Guatemala

Guatemala tiene también uno de los índices de Gini -el que mide el nivel de concentración de la tierra- de 0,84, muy cercano a 1 que significa la concentración total, y pasó de ser un país autosuficiente en términos alimentarios a un país dependiente de la importación de alimentos.

Según Carlos Barrientos, secretario ejecutivo del Comité de Unidad Campesina (CUC), estos datos serían el resultado de un modelo político y económico que privilegia la expansión de monocultivos a gran escala e impulsa con fuerza el extractivismo y los megaproyectos energéticos, a costa de los derechos de las personas y la soberanía alimentaria del país.

En el marco de la Misión Internacional de seguimiento sobre el derecho a la alimentación y ataques a defensores de derechos humanos en Guatemala, La Rel conversó ampliamente con el directivo del CUC.

-Uno de los enfoques de la Misión Internacional es analizar la situación del derecho a la alimentación. ¿Cuál es tu evaluación?

-La situación es muy grave y hay tres elementos que lo confirman. Somos el país con el porcentaje más elevado de desnutrición infantil crónica del continente, hay un proceso acelerado de concentración de tierra como resultado de la expansión de los monocultivos para la producción de agrocombustibles, y somos muy vulnerables antes los embates del cambio climático, como por ejemplo la sequía que se dio este año.

En este sentido, las condiciones de acceso a la alimentación para la mayoría de la población son muy precarias, al tiempo que no existe ningún interés en incentivar, apoyar y proteger la producción agrícola campesina, que en Guatemala representa más del 50 por ciento de la producción nacional de granos básicos.

-¿En qué manera la expansión de monocultivos afecta el derecho a la alimentación?

-Estamos hablando de más de 300 mil hectáreas sembradas con caña de azúcar y más de 100 mil hectáreas con palma africana. En el caso de la palma hay un proceso muy acelerado de expansión.

Entre 2005 y 2013 casi se ha cuadruplicado la extensión de tierras destinadas para este cultivo, y hasta hay zonas donde la palma ya está compitiendo con la caña de azúcar. En su mayoría, son grandes latifundistas nacionales que siguen acaparando tierras, algunos de ellos relacionados con la narcoactividad.
Esta situación está afectando en gran medida la capacidad de las familias indígenas y campesinas de arrendar tierras para sembrar y cosechar sus granos básicos, y esto afecta gravemente su capacidad de sustentarse y alimentarse.

-Por un lado el Estado no incentiva la producción agrícola campesina, por el otro vemos a grandes corporaciones agroindustriales apoyando programas de distribución de alimentos para paliar el hambre…

-Es un gran negocio para las empresas transnacionales. Aprovechan la crisis generada por fenómenos naturales, las declaraciones de “estado de emergencia” y el hambre de la gente, para enriquecerse más.

Además, se están adueñando de las palabras, las vacían de su contenido original y las devuelven con otros significados, creando mucha confusión. Ahora escuchamos a Monsanto hablar de desarrollo y de soberanía alimentaria. Todo esto es una vergüenza.

-¿Qué proponen los movimientos como alternativa a este modelo?

-Hemos presentado una propuesta de ley de desarrollo rural integral, que encamina acciones dirigidas a fortalecer a los pequeños productores y a los campesinos y campesinas sin tierras, obligando al Estado a poner énfasis e invertir en ellos.

Por primera vez los protagonistas son los pobres del campo, es decir los que con su trabajo dan de comer a Guatemala. Además, uno de los elementos estratégicos de esta ley es el de la soberanía alimentaria, y el Estado tiene que trabajar para alcanzarla y garantizarla.
También se crean los Tribunales Agrarios, para que los conflictos de tierras se diriman en esta nueva instancia, sustrayéndolos de los tribunales penales que generan la criminalización de la demanda de tierra.

Lamentablemente, hay varios sectores de la sociedad guatemalteca que se oponen con fuerza a que se apruebe esta ley.

-¿Cuáles son estos sectores?

-Fundamentalmente son los grandes terratenientes aglutinados en la Cámara del Agro, pero tampoco podemos olvidar que la riqueza de la oligarquía guatemalteca se origina en el campo. Aunque varios empresarios ya se dedican al comercio, a los servicios y a la finanza, nunca abandonan sus raíces.

En este sentido, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras(CACIF) ha mostrado un rechazo cerrado e ideológico a este proyecto de ley, y ha hecho de todo para que se engavetara en el Congreso, argumentado que se trata de una reforma agraria solapada.

-Como si “reforma agraria” fuera una mala palabra o algo despreciable…

-Aquí en Guatemala, para el sector empresarial hablar de reforma agraria es tabú.

Históricamente es algo impensable e inaceptable. Cualquier cosa que ellos crean que puede favorecer a los pobres del campo genera una oposición cerrada y enfermiza.

-Durante estos días, hemos escuchado a pobladores que nos explican como la resistencia y la protesta contra un modelo basado en monocultivos, extractivismo y mega-proyectos, es criminalizada, judicializada y reprimida.

-Estamos asistiendo a una remilitarización de las zonas donde hay resistencia y protesta de las comunidades que se oponen a proyectos mineros, hidroeléctricos y a la expansión de los monocultivos de caña y palma.

En estas zonas de alta conflictividad es donde han vuelto a abrirse bases militares que se cerraron a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Esto demuestra que el despliegue militar está en función de proteger los intereses económicos y comerciales de estas grandes corporaciones.

Pero esto va más allá. Hay un uso masivo de los medios de comunicación para atacar, desprestigiar y tildar de comunistas y terroristas a las personas que se oponen a este modelo, así como han vuelto a surgir grupos neofascistas, como la Liga Pro Patria y la Fundación contra el Terrorismo, que promueven el odio, la violencia y la construcción social del miedo.

De igual manera, se generan falsas acusaciones contra los miembros de la resistencia que derivan en órdenes de captura, procesos viciados y detenciones, y han vuelto a resurgir prácticas del pasado, como secuestros y asesinatos, que involucran tanto a los aparatos represivos del Estado como a guardias privados.

Todo este esquema está generando fuertes divisiones en las mismas comunidades y debilitamiento de la lucha.

-¿Quiénes están detrás de toda esta maquinaria que produce odio y terror?

-Cuando hablamos de minería, energía y monocultivos estamos hablando de las principales familias ricas y poderosas de Guatemala. En este sentido, las comunidades indígenas y campesinas se están enfrentando a los verdaderos poderes económicos del país que, generalmente , están asociados a grandes corporaciones transnacionales.

En este contexto, las instituciones del Estado son cómplices por acción u omisión de esta situación, violentando los convenios internacionales ratificados por Guatemala, aprobando leyes que favorecen a las empresas y otras que atentan contra los derechos fundamentales de la población.

Además, se ha dado un uso excesivo de la declaración de “estado de excepción”, que suspende varias garantías constitucionales y que abre paso a la represión contra los movimientos populares.

-Con mucha dificultad, pero las comunidades y los movimientos mantienen su lucha...

-Las comunidades están recuperando las prácticas ancestrales y están impulsando la agroecología y la agricultura familiar, y esto permite contrarrestar un poco los embates del modelo sobre el derecho a la alimentación.

Además, tenemos una gran experiencia, capacidad y fortaleza en resistir. Nos estamos articulando para que las experiencias locales de resistencia se conviertan en algo mucho más amplio a nivel territorial.

Fuente: Rel-UITA