La Ley Forestal de Colombia: jugando al biopoder

Chemonics es una empresa internacional de consultoría que promueve el crecimiento económico de países en desarrollo. Entre los programas que apoya está el aprovechamiento forestal. Hasta ahí, todo bien. Más interesante es que ella ha sido una de las empresas favorecidas por el gobierno Bush en la “reconstrucción” de Afganistán e Iraq, luego de las intervenciones militares. Primero guerra y destrucción, luego negocios y reconstrucción.

Y, se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con Colombia? Chemonics tiene estrecha relación con la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, la cual maneja dineros del Plan Colombia en la lucha contra la droga. Comentan por ahí que Chemonics invitó gentilmente a ponentes del proyecto de ley forestal a Bolivia y Chile para ilustrarlos sobre su agencia en esos países. Ello tampoco sería problemático. Lo interesante resulta cuando se lee el contenido definitivo de la ley aprobada por el Congreso.

Entre otras, la ley establece el “derecho al vuelo forestal”, ingeniosa fórmula jurídica que permite transferir los derechos reales sobre los árboles por encima de un metro del suelo. En términos sencillos, el bosque natural –que también puede ser objeto de explotación económica (sostenible) a partir de la Ley Forestal– es dado como prenda general a los acreedores financieros, quienes pueden titular y enajenar la propiedad de sus derechos reales. Con esta sabia fórmula, Colombia entrega graciosamente parte importante de su soberanía ecológica y cultural, en clara contravía con la Constitución, a las potencias financieras. Así, mucho del tema de propiedad intelectual en materia de biodiversidad ha dejado de ser un escollo para la firma del TLC.

Guerra, desplazamiento de poblaciones, apropiación de las tierras, manejo de los recursos naturales, control de las vidas. Ésta es la lógica del biopoder. Y, si por un lado se gana, por el otro también. La plata invertida en Colombia contra la droga y la guerrilla revierte, parcialmente, a través de sus contratistas nacionales, al donante del norte.

Pero faltaban aún otras contraprestaciones. La propiedad sobre recursos naturales estratégicos para el futuro de la superpotencia. Biodiversidad, agua y recursos naturales son un objetivo prioritario en la negociación del TLC, así como en la aprobación de leyes individuales, en especial las ambientales. En la nuestra, por ejemplo, se otorga a las empresas forestales garantías de estabilidad contractual por 20 años y de volúmenes de aprovechamiento de recursos y servicios ambientales que, en caso de no obtenerse, llevarán a demandas por compensación.

La entrega de las riquezas culturales y naturales se hace a nombre del desarrollismo y megalomanía del Presidente de la República. Fue él quien nos anunció hace algún tiempo que soñaba con un país con cinco millones de hectáreas sembradas de palma africana, a pesar de que, con sólo algunos miles, ya se violaron masivamente los derechos fundamentales de comunidades afrocolombianas en Curvaradó y Jiguamiandó, situación que ameritó la intervención de la Defensoría y la Procuraduría (ver Resolución Defensorial N°. 39). También es su gobierno el que ahora, acusando antes a académicos y expertos de defender intereses oscuros, pretende no sólo erigir un muro de contención contra la guerrilla mediante la reconversión paramilitar en empresarios de plantaciones o de vigilancia forestales, sino consolidar la contrarreforma agraria iniciada por las AUC hace dos décadas, con el desplazamiento masivo de millones de personas y la apropiación de más de cuatro millones de hectáreas.

No es de asombrarse que la decisión de reglamentar la Ley de Impunidad haya sido la de invitar a una confundida Fiscalía a aplicar el principio de oportunidad para no procesar a los testaferros paras y asegurar así el statu quo de los territorios ganados a sangre y fuego. Biopoder en su más clara e inteligente expresión. ( El Espectador)

Fuente: Indymedia Colombia