La Ley 30: crónica de un país secuestrado

La ley fue publicada en Gaceta Oficial el miércoles 16 de junio.

Dicha ley 9 en 1 bajo el título de Promoción de la Aviación Comercial, tuvo como cortina de humo las siguientes modificaciones:

• Código laboral entre ellas:
• Derecho de huelga
• Eliminación del descuento obligatorio de la cuota sindical
• Modifica el código penal y judicial
• Modifica seis leyes orgánicas entre ellas:
• Ley de Ambiente: en la no aplicación de los Estudios de Impactos Ambientales para proyectos declarados de interés social por el gobierno al libre albedrío
• Participación ciudadana en las consultas a los proyectos
• Modificación a la ley de la policía nacional otorgando impunidad a las unidades de policías para hacer uso de la fuerza.

Esta ley fue presentada por el ministro de Gobierno y Justicia Raúl Mulino y Roxana Méndez Ministra de Seguridad quienes firmaron sin competencia legal, ya que al momento de firmar la ley eran ministros de otros cargos ministeriales.

Organizaciones populares entre ellas sindicales, ambientales, indígenas, campesinas, de mujeres y pueblo en general han mantenido una lucha en todos los espacio público haciendo conciencia de la peligrosa ley que hace retroceder a Panamá 20 años atrás en materia de desarrollo social y derechos humanos por la actitud manifiesta del gobierno. Entre unas de las expresiones civil para el dialogo y revisión de la ley 9 en 1 fue la iglesia católica, y que a la vez fue desestimada de manera indiscriminada por la ministra de trabajo.

Además, hay que expresar que el actual gobierno en los últimos meses ha atacado a la sociedad civil organizada y perseguido a dirigentes y activistas de distintas índoles privándolos de libertad y ejecutando pinchazos telefónicos.

A esta conducta se suma el hostigamiento a medios y periodistas por informar las injusticias y atropellos a los panameños que en el diario vivir se sienten defraudados y frustrados por un gobierno que no cumplió con las promesas electorales.

Ante estos hechos, el ejercicio de informar y manifestarse es cercenado a quienes disienten con el actual gobierno, y para esto fue aprobada la ley del cancelazo que penalizan a quiénes se manifiestan en las calles también considera como criminalización de la protesta la ley 14 de 13 de abril que establece seis meses a dos años de cárcel.

Pero el detonante fueron los hechos del 10 de julio en la provincia de Bocas del Toro a noroeste del territorio panameño, en donde se dieron intensos enfrentamientos entre organizaciones y ciudadano contra las fuerzas represoras. Los resultados fueron:

• Cuatro (4) muertos
• Trescientos doces (312) heridos por perdigones
• Cuatrocientos noventa y dos (492) casos abiertos

La masacre de Bocas del Toro como se conoce, muestra que el gobierno tiene como objetivo imponer una política contraria a la voluntad del pueblo a través de la nula consulta, la arbitrariedad, persecución y la represión a toda organización social, medio de comunicación y ciudadano que disienta con su plan gubernamental.

Cabe mencionar que ante los hechos en Bocas del Toro se instalo la comisión para los “Acuerdo de Changuinola” integrada por representantes de sectores de trabajadores, empresa privada, sector ecuménico, partidos políticos y el órgano ejecutivo, que fue otro circo de burlas para el pueblo en la mesa de dialogo de 90 días.

Ante la movilización del pueblo panameño, y de organizaciones sociales, el gobierno actual inicio una cerco informativo y judicial, en donde el Fiscal Auxiliar de la República de Panamá toma acciones cuando emite Resoluciones de Indagatoria para formular cargos por acciones en la Provincia de Bocas del Toro y atacando a la sociedad civil organizada. Percibida esta actitud, ante la confusa desaparición del indígena Valentín Palacios. Denuncia emitida por sus familiares en los hechos en Bocas del Toro, y que posterior la policía expone luego que la sociedad civil interpone un habeas corpus dos días antes.

Pero ante esta batalla mediática y judicial organizaciones de derechos humanos y comunicadores internacionales como Human Rights Everywhere Panamá elaboraron un informe sobre violación de Derechos Humanos de los hechos de Bocas del Toro tratando de combatir la desinformación, además de ayudar al proceso de justicia y reparación exigido por las víctimas. También la Defensoría del Pueblo emitió un informe como otras organizaciones de la sociedad civil. Ya que el gobierno nacional pretendía desmovilizar los esfuerzo en las investigaciones de los hechos instalando una comisión de la verdad manipulada.

Las voces de ciudadanos por doquier, quieren derogación de la ley 30, no hay vuelta atrás, que es exigencia para la convivencia de la sociedad y la paz ambiental. Para este 11 de octubre la mesa de dialogo deberá presentar informe con los resultados, ante la Asamblea Nacional, como lo establece el acuerdo de Changuinola.

Panamá, 4 de octubre de 2010.

Vea: Ley de Muerte