La Iglesia hace denuncia internacional contra la industria extractivista en la Amazonia
La Red Eclesiástica Pan-Amazónica (Repam) y una delegación del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) alertan a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre los graves impactos que la industrias extractivistas generan a las poblaciones en América Latina, en especial las de la Amazonia. Ésta es la primera vez que la Iglesia Católica latinoamericana recurre a la CIDH para avanzar en la defensa de los pueblos del continente.
La Repam señala que la Iglesia, en su actividad pastoral, viene resistiendo la propagación de esos efectos en defensa de los derechos humanos de los afectados en toda la región. Según el secretario ejecutivo de la Red, Mauricio López, la intención es presentar no solamente la visión de la institución sobre la cuestión sino también luchar por la garantía de medidas en los casos más emblemáticos.
La denuncia de la Repam pone de relieve la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos de pueblos indígenas y campesinos afectados. Entre ellos, están los casos de Piquiá de Baixo (Brasil), de San José, Progreso y Madalena (México), del Parque Nacional Yasuní (Ecuador), de la comunidad Nueva Esperanza (Honduras) y el caso de explotación petrolera en el campo 116, en la región de la Amazonia peruana.
Además de una audiencia pública en la CIDH, el pasado 19 de marzo los representantes de la Repam se encontraron, en una reunión privada, con el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza. En la ocasión, se discutió una propuesta de cooperación para realizar un esfuerzo conjunto por la causa y con la finalidad de fortalecer la democracia en los países americanos, además de acompañar a los Estados reforzando la ciudadanía y la apropiación por parte de los actores sociales de sus derechos de participación.
Tres de los obispos de diferentes países latinoamericanos (Brasil, Guatemala y Perú), que participaron de la audiencia en Washington, sede de la OEA, afirman que la región entera padece el mismo problema. El obispo peruano Pedro Barreto, presidente del departamento de Justicia y Solidaridad de la Celam [Conferencia Episcopal Latinoamericana] destacó la creación de la Repam como un espacio de diálogo y apoyo mutuo.
"Porque en los 6 millones de kilómetros cuadrados de la Amazonia los problemas son parecidos. Las poblaciones indígenas y ribereñas se ven afectadas en sus derechos fundamentales. Son unos 35 millones de hermanos y hermanas”,afirmó Barreto, en entrevista a la prensa.
Según un informe de la Repam, muchos Estados de la región permanecen indiferentes a prácticas como la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y los graves impactos a la salud, la integridad y la vida, en especial de comunidades indígenas y campesinas. La Red destaca la necesidad de que se adopte un modelo de desarrollo económico en América Latina que sea sustentable y equilibrado con los derechos humanos y el medio ambiente.
"Hay en la Amazonia una avalancha de proyectos armados por el gran capital, pero también está la extracción ilegal: la minería es muy fuerte”, precisó el obispo de Roraima (un Estado brasilero), Roque Paloschi. Cita también actividades predatorias del medio ambiente y de los pueblos locales vinculadas al agronegocio, como el monocultivo de caña de azúcar y de soja.
Actualmente, la Repam consolida una escuela de promoción y defensa de los derechos humanos en la Amazonia con el objetivo de garantizar que los agentes territoriales conozcan sus derechos, establecidos por la legislación, además de que tengan acceso y medios para defender sus causas ante la CIDH. "Hay una red de defensores ambientales en toda la Amazonia, y están preocupados por el impacto de todos estos mega-proyectos”, destacó Álvarez, en declaración a la prensa.
Fuente: ADITAL