La Argentina presionada para prohibir un agroquímico

Un grupo de abogados ambientalistas ha peticionado a la Suprema Corte de Justicia que imponga una suspensión de seis meses sobre la comercialización y aplicación de glifosato, que es la base de muchos herbicidas, entre los cuales se encuentra el producto Roundup del gigante agroindustrial estadounidense Monsanto.

La prohibición, de ser aprobada, significaría que "no podríamos hacer agricultura en la Argentina", dijo Guillermo Cal, director ejecutivo de CASAFE*, la asociación de las compañías de fertilizantes de Argentina.

La Argentina se ha convertido en un centro mundial exportador de alimentos, debido principalmente al uso de semillas genéticamente modificadas que han sido diseñadas para resistir el glifosato. Eso les ha permitido a los productores de soja (soya) aumentar de manera espectacular los rendimientos mediante la siembra directa sin roturación de suelos, junto con la pulverización del herbicida para eliminar las malas hierbas sin afectar al nuevo cultivo.

El país es el principal exportador del mundo de aceite de soja y ocupa el segundo lugar en exportaciones de maíz, el tercero en sojas y el séptimo en trigo. El glifosato es el herbicida más usado y los productores gastan en él unos 450 millones de dólares al año y utilizan anualmente en sus cultivos unos 150 millones de litros, señala el señor Cal.

Cualquier prohibición sobre el uso del glifosato podría tener terribles consecuencias fiscales: el gobierno argentino, ya de por sí limitado por falta de fondos, depende en gran medida de los aranceles percibidos sobre las exportaciones agrícolas. Se espera recaudar unos 5 mil millones de dólares este año, aunque esta cifra es casi la mitad del nivel obtenido el año anterior después de que el largo conflicto con los productores, una prolongada sequía y los precios más bajos recortaran drásticamente la producción del principal cultivo comercial del país, la soja.

"Sabemos que estamos enfrentando a un Goliat", expresó Mariano Aguilar, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que en abril presentó un recurso de amparo ante la Suprema Corte pidiendo la suspensión de la comercialización y aplicación de glifosato en todo el país, a la espera de la investigación de la comisión de expertos creada en enero por el gobierno. No se ha podido obtener declaraciones de la Secretaría de Agricultura y la corte todavía no se ha expedido.

La demanda del Sr. Aguilar fue presentada luego de (la difusión de) una investigación de Andrés Carrasco, científico del CONICET **, un instituto de investigaciones con financiamiento gubernamental. Según el estudio del Sr. Carrasco, aún ínfimas cantidades de glifosato podrían causar malformaciones embrionarias en anfibios y por lo tanto, por extrapolación, podrían tener implicancias para los seres humanos.

"Sospecho que la clasificación de la toxicidad del glifosato es demasiado baja... En ciertos casos, éste puede ser un poderoso veneno", declaró el señor Carrasco en una entrevista concedida al (periódico internacional) Financial Times. Afirma que pobladores cercanos a las zonas productoras de soja comenzaron a reportar problemas a partir de 2002, un par de años después de las primeras grandes cosechas en que se utilizaron semillas genéticamente modificadas, las cuales fueron aprobadas para el uso en Argentina en 1996.

Las investigaciones de otros científicos argentinos y la evidencia aportada por los activistas locales han señalado una alta incidencia de defectos de nacimiento y cáncer en personas que viven cerca de zonas fumigadas. Un estudio realizado por el médico Rodolfo Páramo en el norte de la provincia agrícola de Santa Fe reportó 12 malformaciones por cada 250 nacimientos, lo cual está muy por encima de la tasa normal.

El Sr. Carrasco dijo que en su investigación utilizó glifosato puro, así como un herbicida que contiene 500 g de glifosato por litro – más o menos la concentración estándar de muchos fertilizantes del mercado - que luego diluyó 5.000 veces.

Monsanto dice que sus formulaciones Roundup contienen entre 360 g y 540 g por litro y, en el caso de los herbicidas sólidos, 680 g a 720 g por kilo. Señala, sin embargo, que sólo tiene un tercio del mercado argentino, dado que el glifosato estuvo sin patente durante varios años y otros productores ofrecen productos genéricos con diferentes concentraciones de esta sustancia química.

Hugh Grant, director ejecutivo de la empresa, expresó al Financial Times: "No estoy demasiado preocupado por el estudio. Creo que la base científica es inconsistente".

La compañía sostiene que el producto químico es seguro para los seres humanos y que ha sido utilizado sin efectos colaterales nocivos durante décadas.

El Sr. Carrasco señaló que cuatro personas de CASAFE fueron enviadas para tratar de registrar su laboratorio y que había sido "seriamente reconvenido" por Lino Barrañao, ministro de ciencia y tecnología de Argentina. "Hay muchos millones de dólares en juego, pero la única cosa que yo no podía hacer cuando me encontré con esto, era callar", dijo.

El Sr. Carrasco reconoció que había "demasiados intereses económicos en juego" para prohibir completamente el glifosato. Pero, aseveró, los funcionarios podrían comenzar a delimitar el problema mediante la aplicación de controles efectivos allí donde se fumigan cultivos.

N. de la T:

** CASAFE: Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes

*** CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Traducción: Gladys Guiñez para Acción por la Biodiversidad

Por Jude Webber desde Buenos Aires y Hal Weitzman, desde Chicago

El original en inglés de este artículo se puede encontrar en FT.com