La muerte de Javier Chocobar: Justicia negada en el Noroeste de Argentina

La conquista de 1492 nunca estuvo tan cerca para la comunidad Los Chuschagasta como aquel 12 de octubre de 2009. Como varios siglos atrás, como en décadas pasadas, entraron los blancos con sus armas de fuego a los territorios ancestrales con ánimos de conquistar y saquear los bienes comunes. Como en aquel entonces, los pobladores, antiguos pueblos originarios, se defendieron con lo que tenían, piedras. Los blancos: el empresario Darío Amín y dos ex policías, Luis Humberto Gómez y Eduardo José Valdivieso. Los pobladores: familias diaguitas del paraje El Chorro, en el Valle de Choromoro, provincia argentina de Tucumán.

Un caso, reflejo de cientos de casos, sacude la agenda de los pueblos originarios de América Latina en la histórica lucha por la defensa de sus territorios y la ansiada interculturalidad. A fines de agosto, en el mes de las ofrendas a la Pachamama, luego de nueve años de exigir justicia, la comunidad indígena Los Chuschagasta logró el inicio del juicio oral a los acusados del asesinato de su autoridad comunitaria, Javier Chocobar. Los tres imputados son el empresario Darío Amín y los ex policías Luis Humberto Gómez y Eduardo José Valdivieso, acusados como partícipes necesarios en los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y tenencia ilegal de armas de -fuego. Gómez, conocido como “El Niño”, es un efectivo retirado, acusado de haber pertenecido a un grupo clandestino de policías, el Comando Atila. Su amigo Valdivieso figura en las listas desclasificadas de agentes de inteligencia del Batallón 601, unidad del Ejército Argentino que participó en la última dictadura cívico-militar.

El 12 de octubre de 2009, el comando liderado por Amín ingresa armado en el territorio comunitario de Los Chuschagasta, a unos 70 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán, para reclamar la posesión sobre una cantera de piedras lajas. Ante la resistencia de los comuneros diaguitas, comienzan a disparar. Javier Chocobar, autoridad de la comunidad, es alcanzado por una bala en la pierna y minutos más tarde muere. El cacique Andrés Mamaní y su primo Eduardo Mamaní resultan gravemente heridos. El empresario junto a los ex policías se retiran, sin darse cuenta que la cámara con la que estaban grabando queda tirada en el lugar. Hoy esas imágenes capturadas resultan una prueba clave para el juicio.

“A Javier Chocobar la familia de Amín lo tenía en la mira desde hace años. Cuando éramos chicos el padre de Darío Amín ya lo había amenazado que lo iba a matar si no le entregaba la vivienda. Y no lo consiguió él, lo consiguió el hijo”, narra Delfín Cata, comunero y hermano de Javier Chocobar.

La comunidad, integrante de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán, contaba con una medida de protección judicial dictada en 2007 en el marco de una causa por amenazas sufridas de parte de una familia terrateniente. En septiembre de 2009 la justicia levantó esa medida y dejó el terreno librado para que, sin esperar siquiera un mes, Amín ingresara para amedrentar a la comunidad y asesinar a su líder.

”Estamos antes de la creación del Estado nacional, somos preexistentes. Somos comunidad y estamos en regla a lo que exigen las leyes del derecho occidental, y todo eso fue violentado”, relata Nancy Chocobar, sobrina de Javier y una de las voceras de la comunidad. Desde hace siglos, Los Chuschagasta tienen posesión de su territorio en una provincia argentina donde menos del uno por ciento de los terratenientes acaparan la mitad de las tierras. La porción de tierra donde se encuentra la cantera de piedras lajas está relevada como territorio de la comunidad de ocupación tradicional, actual, pública y pacífica, de acuerdo al relevamiento jurídico técnico catastral llevado a cabo en el marco de la Ley de Relevamiento Territorial (26.160). “La comunidad es nuestra porque la ley lo dice y la vamos a hacer respetar”, describe Audolio Chocobar, hijo de Javier y actual presidente de la Comisión Comunitaria.

Audolio tiene 33 años y su rostro refleja parte del duelo por la muerte de su padre. Cuenta con respeto, con admiración, que Javier se preocupaba mucho por las cuestiones que hacen a la comunidad, armaba las reuniones y se ocupaba de ayudar a los vecinos cuando faltaba algo. “Para nosotros, aparte de ser un vocal era un líder comunitario, fundador de esta comunidad”.

En Los Chuschagasta se registraron en 2004 unas 102 familias, que hoy representan a más de 700 personas distribuidas en casas, muchas veces hacinadas. Crían sus animales y producen sus propias verduras. Uno de sus alimentos más importantes es el maíz y cocinan, tal como lo hacían sus antepasados, locro, mazamorra y mote. También algunas bebidas alcohólicas como la chicha, el arrope y la loja.

Nueve años sin respuestas:

En el siglo XXI, en un Estado de derecho que adhiere a tratados internacionales, llegar a la justicia para una comunidad que vio asesinar a su autoridad no debería ser un problema. Pero “llegamos solos, no hay organismos ni instituciones del Estado que nos estén acompañando”, se indigna Nancy Chocobar. Según un informe elaborado por ANDHES (Abogadas y abogados del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales), en Tucumán hay, en promedio, cuatro conflictos territoriales por comunidad, de los cuales 60 por ciento se judicializa. Sólo un tres por ciento de esas resoluciones judiciales beneficia de alguna manera a las comunidades, el otro 97 por ciento resulta favorable a terratenientes o no tiene ninguna resolución.

La justicia se ha construido en base a una lógica colonizadora y occidental. Belén Leguizamón, abogada querellante en la causa e integrante de ANDHES, percibe mucha violencia simbólica en este juicio “porque no se han generado las condiciones necesarias para una lectura intercultural ni para el entendimiento de otra cosmovisión”.

“No estamos acá para tener en cuenta factores emocionales”, dijeron los jueces en una audiencia ante el quiebre y la angustia de los comuneros que, por sus propios medios y sin ningún tipo de apoyo estatal, viajan durante tres horas desde la comunidad para llegar al Tribunal cada día del juicio.

En un fallo que puede resultar histórico, los jueces tienen la posibilidad de quebrar esa famosa cuadratura de complicidad entre justicia y empresarios, políticos y policías.

- Foto de Enrique Carrasco.

Fuente: Ojarasca - La Jornada