La justicia sí nos escuchó: OSE no puede firmar contrato de proyecto Neptuno

El juez en lo civil de noveno turno, Alejandro Recarey, ordenó a OSE que “no suscriba contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo” hasta que “no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario”, según dice la sentencia. Ese consorcio está a cargo del proyecto Neptuno y lo conforman las empresas privadas Saceem, Ciemsa, Berkes y Fast.

De esta forma Recarey dio lugar a la medida cautelar de “no innovar” que habíamos presentado en agosto de 2023 la CNDAV y la Agrupación Tucu-Tucu, conformada por posibles afectados/as por el proyecto Neptuno y asesorada por la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. La medida pretendía suspender la adjudicación de la licitación pública del emprendimiento. Como, sin embargo, esto se realizó, hubo que solicitar la no firma del contrato, lo que ahora el juez ordenó, y se trata del paso previo a iniciar un juicio contra OSE.

¿Cuáles son nuestros objetivos? Asegurar que se cumpla la Constitución, que dictamina que el servicio de abastecimiento de agua debe ser prestado exclusivamente por el Estado; que se establezca una planificación de los recursos hídricos de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales del derecho humano al agua, con la realización de un estudio de impacto ambiental y de ordenamiento territorial, con la participación real en el ámbito de los Consejos Regionales y Comisiones de Cuenca; que se ofrezcan garantías respaldadas por la comunidad científica de que se han contemplado los aspectos socio-ambientales de la sustentabilidad de las obras y la calidad del agua potable del Río de la Plata a suministrarse con Neptuno.

Luego de realizadas las audiencias el 21 y 24 de junio, en las que presentamos como testigos a numerosos/as representantes de la comunidad científica de nuestro país, el juez Recarey reafirmó en la sentencia nuestra “legitimación activa” para presentar la medida cautelar y que existen “bases para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable, en infracción constitucional”.

Asimismo, el juez consideró que “podrían existir severos riesgos de contaminación” del acuífero Raigón y áreas aledañas con Neptuno, y que “no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública las posibilidades de que pudieran haber sobrecostos gravosos en las tarifas de agua”, entre otras cosas.

Como CNDAV, impulsora del plebiscito de 2004 que determinó que el agua es un derecho humano y que los servicios de agua y saneamiento deben ser prestados por empresas públicas, advertimos que el proyecto Neptuno es inconstitucional y no es una solución a la problemática del agua. Nunca nos escucharon.

Sin embargo, la justicia ahora nos da la razón y brinda la oportunidad de que se abra un período para estudiar si Neptuno es la mejor opción o si es el momento de dar una discusión pública bien informada tal como dice el Artículo 47 de la Constitución nacional: los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos.

¡Enhorabuena! Los derechos de los/as consumidores/as y posibles afectados/as han sido protegidos.

Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV)

Agrupación Tucu – Tucu

Fuente: Redes - Amigos de la Tierra Uruguay