La expansión descabellada de la palma aceitera en Papúa y la resistencia de la comunidad Kampung Bariat
Al igual que lo hicieron los colonizadores holandeses en el pasado, el gobierno, las empresas y los inversionistas de Indonesia consideran que la tierra de Papúa es un vasto territorio vacío, una nueva frontera para la extracción y la especulación. Sin embargo, la tierra de Papúa no está vacía sino que es el hogar de cientos de Pueblos Indígenas, entre ellos los hombres y las mujeres de la aldea de Kampung Bariat, quienes luchan por garantizar el control de su territorio ancestral y mantenerlo libre de plantaciones de palma aceitera.
Una noche de octubre de 2023, decenas de mujeres de Kampung Bariat, una aldea en el distrito de Kondo, Regencia de Sorong, provincia de Papúa Occidental, se reunieron en el centro de su comunidad para una actividad que implicó compartir y catalogar las diferentes formas en que utilizan y se relacionan con el bosque. Éstas formas son esenciales para sus tareas de cuidado que incluyen alimentar y garantizar la salud y el bienestar de sus familias y comunidad. Con la luz de tan solo unas pocas bombillas escribieron y compartieron conocimientos tradicionales sobre lugares de particular importancia que rodean a su comunidad, como por ejemplo lugares donde se puede encontrar un buen sagú –un alimento básico de la comunidad–, lugares para plantar ciertos cultivos, lugares para recolectar determinadas hierbas, raíces y hojas medicinales, sitios sagrados, etcétera. Fue una actividad alegre que reveló la profunda y fuerte conexión que las mujeres tienen con su territorio.
Pero el motivo para hacer esta actividad no fue nada alegre. En 2014, el gobierno indonesio en Yakarta decidió otorgar una concesión de 37.000 hectáreas en el sur de Sorong a PT Anugerah Sakti Internusa, una filial del grupo Indonusa Agromulia (1). Los permisos posteriores de las autoridades de Papúa autorizaron a la empresa a comenzar a destruir 14.467 hectáreas dentro de esta zona de concesión (que en ese momento estaba conformada por un 96% de bosque intacto) y plantar millones de árboles de palma aceitera (2). El futuro de la aldea de Kampung Bariat se ve amenazado porque la concesión se superpone con su territorio. No se informó a la comunidad y mucho menos se le pidió que diera su opinión o consentimiento para la concesión.
Aquella noche especial de octubre, las mujeres de Kampung Bariat también hablaron de la empresa. Enojadas por la situación, declaran: “¡Necesitamos que la palma aceitera no entre!” y “¡Somos capaces de cuidar nuestro territorio!” Las aproximadamente 300 mujeres y hombres de Kampung Bariat han cuidado su territorio durante generaciones, desde que diez clanes familiares se unieron y se establecieron en esta zona. Se identifican como Tehit, un grupo indígena perteneciente al pueblo Afsya.
Expansión industrial de la palma aceitera en Papúa e Indonesia
Según cifras oficiales, hay alrededor de 16 millones de hectáreas de plantaciones industriales de palma aceitera en Indonesia, aproximadamente la mitad de la cantidad total mundial. Sin embargo, Sawit Watch, una ONG indonesia que monitorea el sector de la palma aceitera, estima que el área total de plantaciones de palma aceitera en Indonesia se acerca a los 25 millones de hectáreas (3), y advierte que en el futuro se agregarán millones de hectáreas más. En 2023, estas plantaciones en Indonesia crecieron 116.000 hectáreas, un aumento del 54 por ciento en comparación con 2022 (4).
Junto con las islas de Kalimantan, Sulawesi y partes de Java, Papúa está destinada a convertirse en la nueva frontera para la expansión masiva de la palma aceitera en Indonesia y en todo el mundo. Esto se debe a su vasto territorio y a las condiciones que el gobierno indonesio ofrece a las empresas e inversionistas del país. Estas condiciones se han vuelto cada vez más favorables, facilitadas en parte por la ley ómnibus (5). Papúa es el objetivo de muchos más megaproyectos mineros, plantaciones de caña de azúcar, proyectos agrícolas a gran escala llamados “polígnos alimentarios” y el antiguo proyecto hidroeléctrico Mamberano, todos los cuales causarían impactos devastadores. No es casualidad que Papúa, con sus vastos “recursos naturales”, fuera el último territorio sobre el que los colonizadores holandeses intentaron mantener el control, pero tuvieron que renunciar debido a la presión internacional (6).
La justificación legal que ha utilizado el gobierno central de Yakarta para entregar tierras de bosques a empresas de palma aceitera y otras empresas extractivas en Papúa se basa en una decisión del Ministerio de Agricultura adoptada durante el régimen de Suharto (nº 820/1982). Declaró que los aproximadamente 41 millones de hectáreas de superficie boscosa de Papúa eran “bosques estatales”, lo que quitó a los Pueblos Indígenas el poder de gestionar y tomar decisiones sobre los territorios que tradicionalmente ocupan y de los que dependen.
Una expansión descabellada
Tanto el gobierno holandés del pasado como el posterior gobierno indonesio afirmaron ser los “dueños” de Papúa, ignorando por completo la presencia de las comunidades indígenas que ya estaban allí. Actuaron como si fuera tierra vacía y sin uso, de la que los intereses capitalistas pudieran sacar provecho. Sin embargo, una investigación de la organzación Pusaka reveló la presencia de al menos 10.472 aldeas en Papúa, habitadas principalmente por Pueblos Indígenas. El informe agrega que todas estas comunidades dependen de un territorio más amplio, el cual administran de acuerdo con sus prácticas, costumbres y creencias. (7). La mayor área dada en concesión para el desarrollo de palma aceitera es el llamado proyecto Tanah Merah, en la Regencia Boven Digoel, provincia de Papúa del Sur. Siete empresas controlan la zona, que cuenta con un total de 280.000 hectáreas. Este proyecto viola el territorio donde reside el Pueblo Awyu y del que depende (8).
Los 29 millones de hectáreas totales que abarcan las plantaciones industriales de palma aceitera en todo el mundo tampoco estaban “vacías” cuando fueron ocupadas para esta actividad, sino todo lo contrario (9). Existe una gran cantidad de experiencias bien documentadas de comunidades cuyas tierras fueron tomadas por empresas de palma aceitera. Sus experiencias (las historias de violencia que han experimentado, los abusos que han enfrentado las mujeres, la destrucción y la contaminación de la tierra y el agua) son sorprendentemente similares. Ésta es la razón por la que una nueva ronda de expansión de la palma aceitera a gran escala dirigida a Papúa resulta una idea tan descabellada y absurda.
Algunos de los aspectos comunes a estas historias y experiencias de Indonesia, Malasia, Tailandia, Colombia, Nigeria, Guatemala, Papúa Nueva Guinea, Costa de Marfil, Honduras, Brasil, Ecuador, Camerún y muchos otros países son los siguientes:
- Los territorios de las comunidades indígenas y negras son los más codiciados, en violación de sus derechos territoriales y medios de vida. En la tierra de Papúa, por ejemplo, la expansión de la palma aceitera ha provocado en todos los casos conflictos con las comunidades indígenas. Para 2018, 272.000 hectáreas de superficie, principalmente bosques, en Papúa se habían convertido en plantaciones industriales de palma aceitera, dejando tras de sí no solo un reguero de bosques destruidos sino también de medios de vida destruidos (10).
- La palma aceitera industrial no sólo se apropia de la tierra sino también del agua. En Kalimantan Occidental se ha apropiado de más tierra y agua para la producción de palma aceitera industrial que en cualquier otro lugar del planeta. Una investigación realizada en ese lugar reveló que hubo apropiación a gran escala, alto nivel de contaminación y cuantiosa destrucción del agua a lo largo de la cadena de producción de aceite de palma, lo que afecta a toda la región y a su población. Sin agua nadie sobrevive (11).
- El aceite de palma se ha convertido en el aceite vegetal más barato a escala mundial debido a la feroz explotación laboral de quienes anteriormente encontraban su sustento en el bosque, la agricultura y la pesca. Las ganancias de las empresas de palma aceitera se refuerzan aún más con la explotación y el control de los cuerpos de las mujeres. Cuando la palma aceitera industrial invade un territorio comunitario, la vida de las mujeres se vuelve extremadamente dura. Cuando se destruye un río, por ejemplo, esto tiene profundas consecuencias para ellas. Debido a la división sexual del trabajo existente, en la que las mujeres son quienes sustentan la vida, los impactos destructivos de la palma aceitera profundizan la opresión de las mujeres. Las empresas también explotan el trabajo de las mujeres en las plantaciones. En este contexto, se generaliza la prostitución y la violencia sexual contra las trabajadoras (12).
- Incluso cuando hay pruebas de contaminación del agua u otras violaciones de derechos, las empresas de palma aceitera gozan de total impunidad. Mientras tanto, los activistas de las comunidades que dicen NO a las plantaciones industriales de palma aceitera y defienden sus derechos en su territorio deben hacer frente a la intimidación, amenazas de muerte, criminalización, acusaciones de terrorismo y prisión.
- Las certificaciones de 'control de calidad' como RSPO (Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible), creado hace 20 años, se han convertido en instrumentos de maquillaje verde para la industria de la palma aceitera. Estas certificaciones no cambian los patrones estructurales de injusticia, violencia y destrucción, y sus sistemas internos de queja tampoco cambian el comportamiento de las empresas en la práctica. Lo que sí garantizan estos instrumentos son ganancias para los productores de aceite de palma, inversores, comerciantes y empresas manufactureras (13). Estos instrumentos y certificaciones también tienen la responsabilidad compartida de las múltiples opresiones provocadas por las industrias extractivas en el Sur Global.
Hoy en día, los “biocombustibles” o “agrocombustibles” derivados del aceite de palma se venden al público como “energía renovable” y parte de la llamada “transición energética”. Ésta es la última mentira que la industria del aceite de palma ha difundido para justificar su expansión masiva. Ya en 2013, una investigación de la organización GRAIN reveló que el actual sistema alimentario dirigido por la agroindustria, en el que el sector de la palma aceitera es un actor clave, es responsable de aproximadamente la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (14).
Kampung Bariat y otras comunidades se defienden
De vuelta en Kampung Bariat, otra noche de octubre de 2023, la comunidad se reunió para ver el video de una visita que algunos miembros de la comunidad habían hecho a Yakarta, la capital de Indonesia, a unos 3.000 kilómetros de distancia. Las imágenes mostraban a los aldeanos expresando sus preocupaciones a diferentes autoridades de Yakarta. Yuliana Kedemes, una de las participantes en la visita, resumió su mensaje en una entrevista: “No podemos permitir que [las empresas palmicultoras] vengan aquí, porque si lo hacen ¿dónde vivirán nuestros hijos y nietos en el futuro?”.(15)
Al día siguiente, la comunidad recibió a las autoridades de la regencia de South Sorong y del distrito de Kondo. Fueron recibidos en lengua tehit por representantes de los diez clanes, quienes contaron la historia de cómo se fundó Kampung Bariat. Entregaron a las autoridades un expediente con documentación y un mapa que muestra la profunda conexión que tienen mujeres y hombres con su territorio. Afirmaron que necesitan un mínimo de 3.200 hectáreas de tierra para garantizar la supervivencia de su comunidad. Las autoridades manifestaron que apoyarían las demandas del pueblo de Kampung Bariat. La lucha de Kampung Bariat y de muchos otros Pueblos Indígenas de Papúa contra las amenazas actuales de la palma aceitera recibió un apoyo sin precedentes cuando, en abril de 2021, el regente de Sorongse revocó las licencias otorgadas a cuatro empresas de palma aceitera. Para ello se basó en una auditoría iniciada en 2018, que identificó violaciones jurídicas y administrativas por parte de las empresas. En junio de 2021 se revocaron las licencias de otras 12 empresas en el sur de Sorong, entre ellas las licencias de PT Anugerah Sakti Internusa, la empresa cuya concesión se superpone con el territorio de Kampung Bariat (16). Sin embargo, PT Anugerah Sakti Internusa acudió a los tribunales en diciembre de 2021 para impugnar la decisión, en un intento por recuperar sus licencias.
Hay más Pueblos Indígenas de Papúa que iniciaron casos judiciales. En el caso de la zona de desarrollo de palma aceitera más grande de Papúa, el proyecto Tanah Merah, el pueblo Awyu lucha por sus derechos en los tribunales, incluso ante la Corte Suprema. En mayo de 2024, los pueblos indígenas Awyu y Moi viajaron a Yakarta, donde realizaron oraciones, rituales y danzas para exhortar a la Suprema Corte a que evitara la destrucción de sus tierras (17).
Parte de lo que los Pueblos Indígenas de Papúa señalan al gobierno central es el abandono generalizado de las concesiones por parte de las empresas de Papúa. Una investigación de Pusaka reveló que desde 1988 hasta 2011 (cuando se emitió una moratoria presidencial sobre la tala de bosques), sólo 125.284 hectáreas de las 1.162.893 otorgadas a 51 empresas de palma aceitera (10,7% del área) habían sido realmente convertidas a palma aceitera. Mientras tanto, varias de estas empresas habían cesado sus actividades. Si se incluyen también las concesiones madereras y de plantaciones para obtención de madera, la cantidad de tierra abandonada, considerando las concesiones otorgadas durante este período de 1988-2011, asciende a 1.925.306 hectáreas. Los Pueblos Indígenas reclaman que el gobierno debería devolverles estas tierras ya que son su territorio ancestral, así como reconocer sus derechos territoriales (18).
Extractivismo “verde”
En lugar de responder a los reclamos legítimos de los Pueblos Indígenas, el gobierno indonesio permite la expansión de otro tipo de extractivismo en Indonesia, con todo el acaparamiento de tierras y la especulación que conlleva: el extractivismo “verde” de proyectos y programas de carbono forestal. En los últimos años, desde el Acuerdo de París por el Cambio Climático, la demanda de créditos de carbono se vio impulsada por el frenesí de las grandes industrias contaminantes para volverse “carbono neutras”. En realidad, al comprar esos “créditos” estas industrias contaminantes pueden continuar con sus actividades e incluso aumentar la quema de combustibles fósiles, que es la principal causa del caos climático. Por eso los “créditos de carbono” deberían llamarse “créditos de contaminación”.
Este mercado de carbono redunda en el interés del gobierno indonesio: ya ha recibido decenas de millones de dólares estadounidenses del Banco Mundial, el Fondo Verde para el Clima y los gobiernos de países industrializados como Noruega, Alemania, Japón y el Reino Unido para convertirse en “Listo para REDD”. Esto significa implementar la “infraestructura” necesaria, tal como una legislación favorable y métodos para supuestamente medir y verificar la cantidad de carbono en los bosques de Indonesia, el cual se compara con las cantidades de referencia definidas por el gobierno y los propios donantes (19).
Además de ser una oportunidad para la llamada “industria de la conservación” –como lo son organizaciones como The Nature Conservancy (TNC), Conservation International (CI) y World Wildlife Fund (WWF)– de aumentar las “áreas protegidas”, el negocio del carbono en Papúa también se ha convertido en una nueva oportunidad para industrias extractivas como las plantaciones de palma aceitera y las empresas madereras. Pero su nuevo negocio está agravando el caos climático y haciendo más difícil la lucha de los Pueblos Indígenas por sus derechos territoriales.
El mercado y el comercio de carbono: una nueva oportunidad para las industrias extractivas, una nueva amenaza para los Pueblos Indígenas de Papúa
Las empresas de aceite de palma y otras empresas de Papúa pueden aprovecharse ahora de una nueva fuente de ingresos. En lugar de destruir los bosques para la actividad maderera o la palma aceitera, pueden dejar el bosque “en pie” y seguir ganando dinero, vendiendo un nuevo producto llamado “créditos de carbono” –a partir de la promesa de que mantendrán el bosque intacto en lugar de talarlo. El gobierno de Indonesia permite a las empresas de la categoría de concesión PBHP (Permiso de Negocio de Utilización Forestal) utilizar las zonas de concesión para más de una actividad comercial, que puede incluir créditos de carbono. El Grupo ALS (grupo Alamindo), por ejemplo, propietario de tres empresas e industrias madereras en Papúa, pretende establecer un negocio de carbono a través de PT Rimbakayu Arthamas, en colaboración con otras nueve empresas, haciendo uso de este tipo de permiso (20).
En Brasil, las empresas de palma aceitera entraron en el mercado del carbono de una manera similar, al tiempo que perjudicaban a las comunidades indígenas aún más de lo que ya lo hacían. La empresa Agropalma, en el estado de Pará, en la región amazónica, está utilizando tierras de bosque (no dedicadas al cultivo de palma aceitera) para vender “créditos de carbono”. Estos “bosques de carbono” están “protegidos” por guardias fuertemente armados que persiguen a las comunidades indígenas Turiwara y afrodescendientes llamadas quilombolas. Estos pueblos siempre tratarán de entrar al bosque porque es su territorio ancestral, donde se encuentran sus cementerios y lugares para pescar y cazar (21). Con el reciente proyecto de carbono forestal, su lucha de larga data para recuperar estas tierras se ha vuelto aún más difícil.
En todo el mundo, 17 años de experiencia en proyectos de carbono forestal y otros proyectos llamados de tipo REDD han demostrado que allí donde avanza el negocio del carbono se debilita la lucha de las comunidades indígenas por sus derechos territoriales. Esto ocurre a pesar de que los promotores y partidarios de los proyectos de carbono afirman y prometen que los proyectos harán avanzar y mejorarán los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas (22). Lo que es peor, los proyectos de carbono hacen poco por revertir la deforestación y exacerban el caos climático, lo que en última instancia afectará negativamente a los bosques tropicales y, por lo tanto, a los Pueblos Indígenas. Según las investigaciones, la selva amazónica está en un proceso de rápida “desecación”. Podría convertirse en una gran sabana en un futuro próximo si los gobiernos, en particular de los países industrializados, no deciden rápidamente detener la extracción de combustibles fósiles (23).
Observaciones finales
El gobierno indonesio ya no puede ignorar la existencia de pueblos indígenas en la tierra de Papúa, cuyas delegaciones visitan regularmente sus oficinas en la capital, Yakarta. Entregar sus tierras a empresas privadas y permitir que éstas las destruyan o practiquen el extractivismo “verde” está en abierta violación del artículo 33 de la Constitución de Indonesia, que establece que aunque la tierra pertenece al Estado, debe “utilizarse en la mayor medida posible para la prosperidad del pueblo indonesio”. En una reciente entrevista con Al Jazeera, el presidente electo de Indonesia, Prabowo, llegó a afirmar: “Los intereses, la seguridad y el futuro de todos los Pueblos Indígenas son la máxima prioridad. Tenemos que protegerlos, tenemos que asegurar sus medios de sustento” (24).
Pero asegurar sus medios de sustento significa garantizar que puedan ejercer libremente el control sobre sus territorios. Esta demanda ha sido sistemáticamente ignorada por el gobierno. Por lo tanto, es fundamental fortalecer la lucha de resistencia. Esto puede ocurrir a través de procesos de aprendizaje horizontales que conecten a las comunidades de todo el mundo, de modo que puedan compartir su amplia diversidad de experiencias de resistencia contra tales plantaciones. Un ejemplo de ello es la alianza informal contra la expansión industrial de la palma aceitera en África occidental y central, que desde 2016 conecta a comunidades que luchan por recuperar sus tierras de manos de las empresas de palma aceitera en varios países africanos (25). Conectar las luchas contra la palma aceitera y otras amenazas extractivas podría ser un elemento clave para fortalecer la actual lucha de las comunidades de Papúa para defender sus territorios.
Secretariado Internacional del WRM
(1) https://awasmifee.potager.org/uploads/2015/04/atlas-sawit-en.pdf
(2) Spurred by investor-friendly law, palm oil firms sue to get licenses back, Monagbay, enero 2022.
(3) Sawitwatch. Catatan&Proyeksi perkebunan sawit Indonesia tahun 2023, 2023
(4) Nusantara Atlas, 2023 Marks a Surge in Palm Oil Expansion in Indonesia, enero 2024
(5) Boletín WRM, Indonesia: legalización de crímenes bajo el lema de “creación de empleo”, enero 2021.
(6) Después de que el gobierno de Indonesia asumiera el poder, la primera inversión extranjera aprobada para Papúa en 1967 abrió las puertas para que Freeport Sulpur Inc. extrajera mineral de lo que se considera una de las mayores reservas de oro del mundo, con impactos devastadores sobre las comunidades, que continúan hasta el día de hoy.
(7) Documento informativo: Karena ada Hutan Tong Hidup, Jakarta, 2023
(8) The Awyu Tribe Fights the “Tanah Merah Project” Companies Up To the Supreme Court, Pusaka, marzo 2024.
(9) La palma de aceite en América Latina: monocultivo y violencia, GRAIN, marzo 2024.
(10) CIFOR, Drivers of forest loss in Papua and West Papua.
(11) Toxic river. The fight to reclaim water from oil palm plantations in Indonesia, December 2020, Kruha et al,
(12) WRM, Romper el silencio: hostigamiento, violencia sexual y abuso contra mujeres dentro y alrededor de plantaciones de caucho y palma aceitera, marzo 2019 y Rape, abuses in palm oil fields linked to top cosmetic brands: AP, Al Jazeera News, noviembre 2020
(13) Ver, por ejemplo: Latin American Palm Oil Linked to Social Risks, Local Deforestation, Chain Reaction Research, diciembre 2021 o Who’s funding palm oil?, Mongabay, marzo 2015.
(14) How much of world’s greenhouse gas emissions come from agriculture?, GRAIN, octubre 2014.
(15) Ibid 2
(16) Ibid
(17) Land Back: Supreme Court Ceremonial Venue for Papuan Indigenous Peoples Fighting Palm Oil Companies, Pusaka, marzo 2024. Hasta ahora, sólo siete comunidades han asegurado el control sobre sus tierras mediante el uso de una categoría jurídica creada mediante cambios en la Ley de Bosques de 2012. Se trata de los llamados ‘bosques consuetudinarios’ y suman 39.841 hectáreas. Es un paso importante, aunque insignificante al mismo tiempo, si se compara con las áreas entregadas a las empresas, empresas que tienen un gran impacto en los medios de vida y amenazan el futuro de los pueblos indígenas.
(18) Documento informativo: Karena ada Hutan Tong Hidup, Jakarta, 2023
(19) Indonesia REDD+ National Strategy 2021-2030; Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, noviembre de 2022
(20) Pusaka, The Moi Tribe Opposing Timber Corporate Giants, julio 2023.
(21) Boletín WRM, REDD y la Economía Verde agravan las opresiones y la deforestación en Pará, Brasil, julio 2023.
(22) WRM, 15 años de REDD. Un mecanismo intrínsecamente corrupto
(23) The Scientist, Amazon Rainforest Nearing Savannah “Tipping Point”, marzo 2023
(24) Al Jazeera, Indonesia's Prabowo: Victory, controversies and hopes, mayo 2024
(25) Ver la declaración de la última reunión de esta Alianza Informal contra la Expansión de las Plantaciones Industriales de Palma Aceitera en África Occidental y Central, en 2022, aquí.