La comunidad menonita extiende su frontera agrícola echando la selva abajo

En este último, la expansión menonita ha acabado con más de 2 mil 600 hectáreas de bosque tropical, sin contar los árboles protegidos que talaron para la siembra de sorgo. Numerosas investigaciones y multas se han interpuesto en su contra, pero este grupo étnico permanece impune y devastando los escasos recursos forestales que le quedan al Estado, como complemento letal de todas las jornadas depredadoras de las selvas quintanarroenses obradas en su historia, como entidad federativa o, antes, como Territorio Federal o como inhóspito paraje a merced del mejor postor (como los ingleses de la excolonia británica –que sería la nación beliceña- y que en los tiempos de las guerras brutales entre comunidades indígenas enemigas o contra los Gobiernos yucateco y porfirista, compraban, con armas, a los nativos alzados, maderas preciosas).

Algunos impunes caciques regionales se enriquecieron saqueando y aserrando especies maderables de las más valiosas y únicas en el mundo, al amparo de la corrupción política de los gobernantes impuestos por la Federación o de los nativos que se quedaron con el Gobierno estatal en los setenta. Y con la inmigración masiva de colonos atraídos por el otorgamiento de tierras rurales gratuitas -alentada por el entonces presidente Luis Echeverría con el objeto político personal de crear el Estado de Quintana Roo incrementando de manera artificial su población para cumplir con las condiciones constitucionales requeridas-, y con el establecimiento de innumerables poblados y la apertura indiscriminada de espacios para la producción agrícola mecanizada –en un ámbito selvático impropio para esos efectos por la naturaleza de su suelo calcáreo, inconveniente para la retención del agua y donde a la postre se conocería el fracaso productivo rotundo de tal proyecto colonizador de más intencionalidad clientelar priista y populista que de interés público y social-, la devastación de la selva y de sus recursos forestales únicos fue implacable y criminal.

Luego, la fundación de Cancún y el expansionismo urbano derivado de la voracidad turística inversora y sin compromiso alguno con la sustentabilidad, más los negocios de los usos de suelo y de autorización criminal de densidades de todo tipo de construcciones –entre gobernadores, alcaldes, empresas inmobiliarias y ejidatarios improductivos pero propietarios de zonas rurales para el despliegue sin orden ni concierto de las ciudades- están completando el desastre general de la entidad, el agotamiento de sus recursos hídricos utilizables y de sus humedales y sus especies de flora y fauna y, por supuesto, de lo poco que queda de su riqueza forestal y maderable, de la que están haciendo cera y pabilo, ahora, las comunidades menonitas, cuyo sentido de la conservación del medio natural acaso no esté tan pervertido como el de los hoteleros, los funcionarios y gobernantes de todos los niveles republicanos, y los empresarios madereros –por llamar así a esos depredadores impunes- que han derribado sin piedad las selvas de Quintana Roo con tanta rapidez y capacidad de deforestación, como la de los bombarderos estadounidenses sobre las junglas vietnamitas.

Javier Ramírez

El excandidato presidencial y ecologista Gabriel Quadri de la Torre citó en una dura crítica, el pasado 22 de marzo, que “en México se otorgan privilegios jurídicos injustificables a personas de determinadas razas, así como a pueblos originarios y comunidades indígenas. Al parecer, también (aunque de facto), alguna ideología de este cuño se atrinchera en nuestro sistema judicial protegiendo a grupos de menonitas que cometen recurrentemente delitos ambientales y atrocidades contra el patrimonio de la nación, recursos naturales, biodiversidad y capital natural”.

En tal contexto, se estima que, en Quintana Roo, la comunidad de menonitas ha deforestado más de 2 mil 600 hectáreas de bosque tropical, de las cuales 300 pertenecían incluso a zonas protegidas de los Municipios de José María Morelos y Bacalar.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) reconoció en pasados años que en sitios como Bacalar se han observados huellas de deforestación que están vinculadas a la presencia y modo de vida y economía de la comunidad menonita, grupo étnico que insiste en devastar la ecología e incluso de ni siquiera solicitar los permisos correspondientes para cambiar el uso de suelo.

Una historia de impunidad

En 2008, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) recibió alrededor de 18 denuncias penales en contra del asentamiento menonita en el Municipio de Holpechén, Campeche, por la deforestación de casi 800 hectáreas de bosque tropical y tráfico de varios árboles considerados exóticos o protegidos.

A pesar del aseguramiento de la maquinaria y una multa de poco más de 3.8 millones de pesos, dicha comunidad no tuvo ninguna consecuencia penal, ni tampoco reparó el daño, ni mucho menos pagó la multa.

Casi cinco años después, pero en Coahuila, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) denunció la destrucción de casi 2 mil 400 hectáreas de bosque, para ser sustituidas por 23 predios menonitas. Hasta ahora, y a pesar de todos los juicios de revisión, nulidad y amparos favorables a la dependencia federal, no se ha concretado la multa estimada en 14 millones de pesos.

Por ese mismo año, en Quintana Roo, la Profepa inspeccionó y denunció penalmente a un grupo de menonitas del campo 4 Banderas, por un desmonte con fuego que afectó casi 100 hectáreas dentro de un área natural protegida, que es el Área de Protección de Flora y Fauna, Bala’an Ka’ax, en el Municipio de José María Morelos. Nada se hizo.

Hace dos años, la Profepa, conjuntamente con la Secretaría de Marina Armada de México, constató y denunció de nueva cuenta la tala de bosque tropical por la comunidad de menonitas de Quintana Roo, aunque en esta ocasión fueron mil 445 hectáreas las deforestadas, en los Ejidos El Bajío, El Paraíso y San Fernando, en el Municipio de Bacalar.

De acuerdo con una nota de El Economista fechada en agosto de ese año, “la destrucción del bosque tropical se ha llevado a cabo con fuego y con maquinaria pesada, presumiblemente para plantación de sorgo, soya, chile o palma de aceite. Se han presentado las denuncias penales correspondientes ante la PGR y tramitado la clausura total de los terrenos, así como imposición de una sanción económica por 3.7 millones de pesos, además de la restauración del área afectada. Nada se ha cumplido, ni se espera que se cumpla”.

Selva en peligro

Se estima que los menonitas son los culpables del 16 por ciento de bosques tropicales perdidos en la última década en Quintana Roo.

Sin embargo, la cifra podría multiplicarse, luego de que se revelara, en abril pasado, que ejidatarios de la zona limítrofe entre Campeche y Quintana Roo aprobaron la renta y el posterior desmonte de por lo menos 5 mil hectáreas de selva alta, de las cuales 3 mil 800 pertenecen a tierras quintanarroenses.

La zona que se pretende devastar sería habilitada para la siembra de sorgo y está ubicada en los límites de los Municipios de Calakmul, Campeche, y José María Morelos, Quintana Roo.

De acuerdo con información que circuló en los medios locales el 6 de abril de este año, Carlos Lara Dzib, quien tomó posesión el 19 de agosto pasado como presidente del Comisariado Ejidal de Iturbide, en el Municipio campechano de Holpechén, se encargó de convencer a los pobladores para que celebraran el acuerdo para cambiar el uso de suelo en 27 mil 100 hectáreas.

“Poseedores de capital económico, los menonitas hacen ofertas atractivas a ejidatarios y pequeños propietarios para que éstos accedan a la venta o renta de sus tierras. Así mismo es necesario mencionar que, además del incentivo económico que los menonitas hacen a los ejidatarios, también se incluye la promesa de que, al cabo de algunos años, las tierras arrendadas les serán devuelvas, con el beneficio añadido de que éstas ya estarán mecanizadas y dotadas de servicios, lo cual casi nunca ocurre”, señala una nota del Por Esto!

El 15 de marzo del año pasado, la Profepa dio a conocer su intervención en el Municipio de José María Morelos, en el área donde colinda con el Ejido de Iturbide, luego de que se tuviera conocimiento de que al menos mil 200 hectáreas de selva habían sido deforestadas por agricultores menonitas.

En el sitio, donde tuvo también lugar un incendio forestal que acabó con por lo menos 450 hectáreas de selva, fue constatada la presencia de maquinaria propiedad de menonitas, quienes, incluso, aprovechando la nacionalidad mexicana, se han integrado a los padrones de ejidatarios y han justificado su derecho al uso del suelo que desmontan.

Fuente: Estos Días