La comunidad científica pide a los gobiernos de la UE que abandonen el Tratado sobre la Carta de la Energía

La iniciativa se ha recogido en la web  End Fossil Protection.

Esta carta deja claro el posicionamiento de la comunidad científica de cara a la reunión del Consejo Europeo el 10 y 11 de diciembre. En dicha reunión se debatirán, entre otros puntos, estrategias comunes para hacer frente a la crisis climática, como un nuevo objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

Entre los firmantes se encuentran Olivier De Schutter, relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y Derechos Humanos, Sandrine Dixson-Declève, co-presidenta del Club de Roma, o Jean-Pascal van Ypersele, vicepresidente del IPCC.

Según Olivier De Schutter, “el Tratado sobre la Carta de la Energía es una herramienta en manos de los actores más ricos y poderosos. Permite obstaculizar decisiones urgentes de interés público, como la lucha contra el cambio climático y el logro de una energía limpia y asequible para todas las personas. Socava la democracia. Los países europeos deberían iniciar una retirada conjunta lo antes posible».

En el Estado español, la petición ha sido apoyada por figuras como Fernando Valladares, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), Yayo Herrero, investigadora, consultora y profesora ecosocial, o Miguel Bastos Araújo, investigador científico en el MNCN-CSIC.

Para Fernando Valladares, “el Tratado sobre la Carta de la Energía va en contra de la evidencia científica que demuestran las acciones que hay que tomar para converger en los objetivos de la cumbre de París y en la transición ecológica, energética y en la transición social necesaria para mitigar el cambio climático”.

España, con 48 demandas, es uno de los países más denunciados bajo el TCE. Hasta la fecha ha sido condenado a pagar a los inversores extranjeros más de 1.000 millones de euros pero las demandas ascienden a más de 8.000 millones. La implementación de la nueva ley de Cambio Climático y Transición Energética podría desencadenar una nueva oleada de demandas.

Esta petición de la comunidad científica se enmarca en la etapa final de la modernización del TCE, un proceso fallido iniciado en julio cuyo objetivo era abordar los grandes nudos gordianos del Tratado: la protección a los combustibles fósiles y el mecanismo ISDS para la resolución de disputas entre inversores y Estados.  Las negociaciones han finalizado y el TCE no se ha modificado: los Estados pueden ser demandados ante tribunales privados de arbitraje por medidas legítimas como la descarbonización del sistema energético.

Mediante esta carta la comunidad científica quiere alertar de los peligros que supone continuar en el TCE para la ciudadanía, el clima y el planeta. Si los países no abandonan este tratado, las consecuencias en 2050 podrían ser:

• Más emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): al menos 216 gigatoneladas de emisiones GEI serán protegidas bajo el TCE, una cifra equivalente a más de un tercio del presupuesto global de carbono restante para el período 2018-2050.
• Costes elevados para las arcas públicas: los activos irrecuperables de la industria fósil protegidos por el TCE podrían alcanzar 2,15 billones de euros. La implementación de medidas encaminadas a lograr el objetivo de neutralidad climática podría dar lugar a 1,3 billones de euros de costes por demandas ISDS. Esto corresponde al triple de las inversiones necesarias para financiar el Pacto Verde Europeo.
• Graves impactos en los países del Sur global debido a la expansión del TCE: países de África, Asia y América Latina con grandes reservas fósiles se verán atrapados en un sistema energético obsoleto que resultará ser una carga económica, además de tener impactos en la salud humana en las décadas venideras.

Hasta la fecha la Comisión Europea solo ha manifestado, en una respuesta a una pregunta parlamentaria, la posibilidad de abandonar el TCE si no se alcanzan los objetivos fundamentales de la UE en materia climática dentro del proceso de modernización del Tratado. Eso sí, no indica ningún tipo de plazo.

Fuente: Ecologístas en Acción