Jujuy feudal: familias del poder y cien policías para desalojar a una abuela de 99 años

Por Analía Brizuela

Cinco familias campesinas y originarias fueron desalojadas con violencia de su territorio en las cercanías del pueblo de Guerrero, a poco más de 20 kilómetros de San Salvador de Jujuy. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había reconocido los derechos a la comunidad kolla Guerrero (toma el mismo nombre de la localidad): primero le otorgó la personería jurídica y, años después, aprobó la carpeta técnica con la cartografía de su territorio de ocupación actual, tradicional y público. Detrás del desalojo está la familia Jenefes Quevedo, parte del poder político y empresarial de la provincia.

Guerrero es una localidad vecina de San Salvador de Jujuy, a medio camino entre la capital de la provincia y la turística Termas de Reyes. Antes de cruzar un puente sobre un curso del río Reyes, la curva de la ruta provincial se encuentra con un camino de tierra: allí aparece un portón que marca el ingreso Finca Guerreros (o Finca Quevedo). Es el ingreso a las casas de varios integrantes de los Jenefes Quevedo, pero también a las humildes viviendas de la comunidad indígena kolla desalojada el martes 15 de octubre.

La zona es rural, pero tan cercana y accesible desde San Salvador que la convierte en altamente apetecible a intereses inmobiliarios. La familia Jenefes Quevedo tienen varios catastros que heredaron de Susana Carrillo de Quevedo Cornejo. Las hectáreas en conflicto, sobre las que el juzgado jujeño número 7 de Primera Nominación ordenó desalojar, apenas superan las dos hectáreas. Gran parte de esa superficie se extiende hacia el suroeste, por un camino vecinal que ingresa montaña adentro por faldeos de las yungas jujeñas que corona el gran pico del Nevado del Chañi.

Foto: Alerta Campesina

Decretos para beneficiar a aliados y usurpar territorios indígenas

El conflicto territorial de los Jenefes Quevedo contra la comunidad del pueblo kolla de Guerrero lo inició Juan Jenefes, hijo de Guillermo Jenefes, empresario de medios, ex vicegobernador y ex Convencional Constituyente de la Reforma de 2023. Jenefes hijo ocupa hoy una banca como diputado provincial por el PJ jujeño. “Varias versiones dan cuenta de que ellos (por la familia Jenefes) querían darle las dos hectáreas a las y los comuneros, pero cuando vieron que reclamaban por más de 1.000 hectáreas, comenzó el conflicto”, advirtió Mariana Mamaní, periodista jujeña que acompaña a la comunidad.

El dato concuerda con el expediente judicial que inició Juan Jenefes Quevedo en 2017, año que se relaciona directamente con la finalización de la cartografía del relevamiento territorial indígena que realizó el INAI a través del Renaci (Registro Nacional de Comunidades Indígenas) a favor de esa comunidad.

El documento oficial confirma la superposición entre el territorio indígena —relevado por un organismo nacional— y diversos catastros atribuidos a la poderosa familia de la élite jujeña. El plano cartográfico data de octubre de 2017 y el INAI lo formalizó por medio de la resolución 62 el 5 de marzo de 2018 (según consta en el Boletín Oficial de la Nación). Pero el gobernador Gerardo Morales, vía decreto número 2696, anuló en febrero de 2021 la personería jurídica de la comunidad kolla de Guerrero (que el INAI le había otorgado en 2008) y dejó sin efecto el relevamiento territorial indígena.

Es decir, Morales anuló toda validez de la documentación de la comunidad que había sido otorgada por Nación (y que validaban sus antecedentes y confirmaban derechos territoriales comunitarios). Incluso, en ese decreto provincial, el gobernador Morales anuló una resolución de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Jujuy que legalizaba la documentación que el Estado argentino les había otorgado a los originarios de Guerrero.

No casualmente, la abogada de los Jenefes Quevedo en este caso, Leonor Palomares, aseveró: “No son aborígenes, son usurpadores”. Después remató con el argumento de los papeles fuera de regla, al menos en territorio jujeño. ”Usted bien invoca al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional”, respondió con léxico jurídico la abogada, “pero es potestad no delegada de las provincias el otorgamiento o rechazo de personerías jurídicas a comunidades aborígenes”.

Foto: Alerta Campesina

El Poder Judicial y la Policía

Más de cien efectivos policiales ingresaron al territorio comunitario para desalojar, por orden de la jueza jujeña Lis Vadecantos Bernal, a las familias campesinas y originarias kollas. Fue el martes a la mañana y las escenas eran de caos, angustia y violencia.

La policía montada ingresó al territorio para provocar terror entre animales y familias. Los niños y niñas lloraban porque entendían lo que ocurría, porque la policía se llevaba a sus padres, porque sus madres gritaban impotentes o lloraban por dejar a sus animales, o simplemente porque veían a sus juguetes pasar de manos entre efectivos policiales que los cargaban en cajas para subirlos luego a un camión.

"Guillermo Jenefes dio la orden, nos están desalojando y la jueza Lis Valdecantos (Bernal) es cómplice de todo lo que nos están haciendo", denunció ese martes a viva voz ante una mujer que filmaba el hecho. Aludía a la jueza jujeña que ordenó el desalojo y está a cargo del Juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercial.

Pablo Quipildor, parte de la comunidad, permanecía sobre la caja de una camioneta policial, esposado con los brazos hacia atrás. También estaban Máxima Bustamante (presidenta de su comunidad), Nélida Bustamante; Jorge, Santiago e Ivana Cruz. Todos pedían por favor a los policías que los dejaran libres. Sin embargo, fueron trasladados en esas camionetas —los hombres en la caja, esposados— y luego demorados por algunas horas en la Comisaría de la localidad de Reyes. Ese martes por la noche fueron liberados, según informó el abogado de la comunidad kolla, Carlos Alberto Mamaní Cruz.

“En el desalojo hubo abuso de poder. Ese día se palmeteaban las espaldas el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro, con la jueza”, denunció Jorge Cruz, en alusión a Lis Valdecantos Bernal, la magistrada que ordenó el violento desalojo.

Una abuela de 99 años

"¡No quiero que me saquen a mi abuela!", fueron las palabras de una adolescente, que lloraba y gritaba en una crisis de bronca y dolor al momento del desalojo, mientras era consolada por un familiar. Todo transcurría mientras la policía jujeña sacaba a su abuela Clemencia Farfán de 99 años, en silla de ruedas, de la casa donde vivió toda su vida en la localidad de Guerrero.

"¡No me quiero ir! De esto vivimos nosotros ¿qué vamos a hacer?", repetía llorando Alicia Bustamante, campesina y originaria que miraba a su alrededor, pedía por sus animales, y yacía impotente en el suelo mientras la consolaba una compañera de la comunidad kolla, que le repetía "ya vamos a salir de esto".

La secretaria de la comunidad de Guerrero, Lorena Durand de Cruz, afirmó que el día del desalojo la policía actuó impunemente bajo la orden de Guillermo Jenefes, el empresario y político jujeño. “La policía no respondió al Estado sino directamente a él”. Denunció también que la policía le dobló los brazos a su hijo y tiraron al piso a su suegra. A su marido, con un primo, los efectivos de la policía jujeña los apresó, esposó y llevó demorados en la caja de una camioneta.

Precisó que su abuelo (fallecido hace tres años), Carlos Bustamante, vivió siempre en el lugar que ahora pretenden los Jenefes. “Vivió hasta los 96 años, así que imagínese hasta cuándo se remontan nuestros ancestros aquí”, dijo. “Nosotros no somos una comunidad inventada como ellos pretenden hacer creer (en alusión a la familia Jenefes Quevedo). Tenemos todos nuestros papeles en regla”, agregó la comunera kolla de Guerrero.

Foto: Mariana Mamaní

Familia del poder

Los Jenefes Quevedo representan una de las familias poderosas de Jujuy. El empresario Guillermo Jenefes es dueño del multimedio Canal 7, fue vicegobernador de Jujuy entre 2011 y 2015 (en la administración de Eduardo Fellner) y apoyó a Gerardo Morales (UCR) cuando ocupó una banca como convencional constituyente en la cuestionada reforma de la Constitución jujeña de 2023.

Si bien su hijo, Juan Jenefes, es diputado provincial por el PJ de Jujuy, los Jenefes en el Estado jujeño incluyen parientes en el Supremo Tribunal de Justicia jujeño (Sergio Marcelo Jenefes) y están en la mira de buena parte de la población por colocar personas a dedo en puestos claves. El abogado de la comunidad kolla, Mamaní Cruz, aseguró que la jueza Valdecantos Bernal "fue colocada en ese lugar y quien digitó su llegada fue el señor Guillermo Jenefes".

El defensor de las y los comuneros jujeños expulsados contó que —mientras sus clientes eran llevados por la policía— él logró acercarse a pocos metros del lugar. Pero la policía le impidió avanzar. "El operativo fue un acto completamente irregular", afirmó. Porque la jueza de Paz de Yala con jurisdicción en Guerrero, Yanina Noelia Bautista, y dos fiscales mujeres del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, presentes durante el procedimiento de desalojo, fueron quienes impidieron que el abogado no pudiese ingresar a verificar si se respetaban los derechos de sus defendidos. “La cuestión es el poder económico que tiene el señor Jenefes, que es quien inició esta causa", señaló, en alusión directa a Juan Jenefes.

Los desalojos campesinos indígenas en las yungas de Jujuy cerca de San Salvador entre 2023 y 2024 - Elaboración Analía Brizuela

Desalojar indígenas para avanzar con extractivismo inmobiliario

Mientras el Poder Judicial desoye el derecho indígena, las familias kollas están en situación de calle. La noche después del desalojo diluvió en la zona. Las pertenencias de la comunidad quedaron en el patio de la Comisaría de Reyes. "Tenemos que ver qué nos quedó. Encima nos comunicaron que están sacando nuestros animales y que habría una notificación para que saquemos a nuestros familiares fallecidos del cementerio", denunció Lorena de Cruz.

Contó un episodio que vivieron durante la pandemia. “Cuando murió mi abuelo, Carlos Bustamante, (Guillermo) Jenefes nos pidió que firmemos un permiso para poder enterrarlo en nuestro territorio”, rememoró Lorena de Cruz. “Nosotros nos negamos, porque era aceptar que él era el dueño. Decidimos enterrarlo igual en la comunidad. Nuestro abuelo está acá y ahora parece que nos dieron 72 horas para sacarlo de nuestro territorio (donde fue el desalojo)”, señaló.

El jueves 17 de octubre, Lorena Durand de Cruz denunció que había máquinas destrozando sus casas —tal como ocurrió en Tilcara para la construcción del Tren Solar jujeño— y que estaban tratando de exhumar el ataúd con los restos de su abuelo.

Ese mismo jueves, aunque por la tarde, hubo una convocatoria de la comunidad y lograron que vecinos de Guerrero, también referentes de comunidades originarias y campesinas vecinas, se congreguen en la casa de un familiar de los desalojados. “Estamos desprotegidos porque los funcionarios de turno son muy corruptos”, dijo Jorge Cruz, uno de los desalojados, a Mariana Mamaní, periodista jujeña presente en esa reunión convocada por la comunidad el jueves 17. “Hoy le tocó a la comunidad aborigen de Guerrero, a pesar de tener todo en regla. Mañana les van a tocar a la de Tiraxis, que también tienen conflictos. Nos excluyen porque somos comunidad originaria”, se quejó Cruz, que precisó que había tenido que viajar a Buenos Aires (años atrás) para gestionar personalmente en las oficinas del INAI la carpeta técnica (que incluía todo el relevamiento territorial) porque “en Jujuy no la querían tramitar”.

El mapa catastral de Jujuy muestra, en la zona de Guerrero, un loteo pendiente en el área de la propiedad registral que los Jenefes reclaman. Argumentan que tienen línea de parentesco con Susana Carrillo de Quevedo Cornejo. Ella, y su hermana María Ignacia, heredaron varios catastros en posesión de la familia de Ignacio Carrillo, un apellido conocido en la vida política jujeña. Susana Carrillo también contaba con acciones de Radio Visión Jujuy, que poseía en la década de 1990 las licencias de Canal 7 (hoy parte del multimedio de Jenefes) y de LW8 Radio San Salvador de Jujuy.

Esas mismas tierras, de donde fueron desalojados los y las campesinas originarios de Guerrero, se encuentran en proceso de loteo. Esas parcelas son parte del imaginario de "segunda residencia" a la que aspira una parte de la sociedad media-alta jujeña. Con las Termas de Reyes en el camino, la cercanía de hoteles con la localidad de Yala, y un camino que se interna hasta las lagunas y la reserva natural en la zona, los y las jujeñas mejor posicionados económicamente aspiran a hacerse de tierra en el lugar, sin preguntar mucho sobre cómo llegó a ser fraccionado y vendido. Y, sobre todo, sin preguntarse quiénes vivieron durante generaciones en ese lugar.

Fuente: Tierra Viva Agencia de Noticias