Juicio Ético y Popular a los Ecocidas: “La agricultura extractiva engorda los bolsillos de las corporaciones y profundiza la pobreza”

El Juicio Ético Popular a los Ecocidas se inició en el mes de marzo de este año con un primer encuentro virtual y luego se extendió de manera presencial en las provincias de Mendoza, Santa Fe y Catamarca y luego a otras provincias. La iniciativa retoma, en la actual coyuntura, la experiencia del  Juicio Ético a las Transnacionales que se realizó en el año 2011. Se trata de un proceso que concluirá en el mes de diciembre de 2022, para llegar a una sentencia.

En una hermosa tarde de sol, frente al río Paraná, se conformó la jornada pública del Juicio Ético en Rosario, que tuvo como telón de fondo el humo de los incendios y los buques cargueros que no cesaban de pasar.  El proceso que se inició con el homenaje a Carlos Vicente, presidente honorario del Tribunal, intenta establecer responsables del ecocidio, en un contexto de profundización de un modelo productivo en el que “no es posible dejar que esto siga sucediendo”, tal como se expresó en la presentación a cargo de una integrante del colectivo Pañuelos en Rebeldía, que impulsa la iniciativa. Y agregó que “es necesario recuperar las historias de luchas colectivas y científicos comprometidos con la ética, como Andrés Carrasco”.

Los testimonios estuvieron atravesados por ejes transversales como el impacto del ecocidio sobre los cuerpos de las mujeres, identidades feminizadas y disidentes y las niñeces; y la criminalización que sufren les defensorxs en sus diferentes modalidades, como el hostigamiento, las amenazas, persecusiones y hasta el asesinato de lideres y lideresas (Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Elías Garay, Aldo Flores y Enzo Brisuela o quienes defendían sus territorios en Chubut, entre tantxs otrxs). Hay preguntas que están presentes, como la relación entre el ecocidio y el genocidio.

Los testimonios

Los testimonios se dividieron en problemáticas específicas y estuvieron representados por colectivos que vienen denunciando y trabajando para visibilizar los efectos de las prácticas depredadoras sobre el ambiente en su conjunto. 

Para denunciar la contaminación del suelo, agua y aire y sus distintos impactos sobre las poblaciones, fauna y flora locales, estuvo presente Daniel Romano de la Multisectorial Paren de Fumigarnos y Martín Montiel, de la Asamblea Contra los Agrotóxicos de La 18 y de la Red de Comercio Justo del Litoral. 

Se denunciaron la relación entre el agronegocio y los agrotóxicos y el desarrollo del trigo transgénico HB4 como uno de los 63 eventos transgénicos aprobados para la explotación industrial de nuestras tierras. La profundización de la agricultura industrial extractiva, al tiempo que engorda los bolsillos de las corporaciones, profundiza la pobreza. “No es real que este modelo ayude a combatir el hambre”, expresó el integrante de la Asamblea de la Ruta 18 e integrante de la Red de Comercio Justo del Litoral. Y agregó que “este modelo envenena y empobrece, transforma los recursos del Estado y los transfiere al sector privado, como en el caso de Bioceres, y aumenta la concentración de la riqueza en pocas manos”.

Acerca de los impactos sobre la salud, la Dra. Analía Zamorano, del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), hizo hincapié en las políticas institucionales que buscan imposibilitar el trabajo de médicos, médicas y científicos comprometidos con la Ciencia Digna. Además, denunció la destrucción de los programas como los “campamentos sanitarios” que relevaban concretamente el incremento sistemático de los daños a la salud de las poblaciones afectadas por este modelo de envenenamiento. Patologías como hipertensión arterial, cáncer, hipotiroidismo, diabetes, entre otras, han aumentado su prevalencia en el país. 

Juan Pablo Guadagnoli, del Equipo de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía, trajo la problemática de la mal llamada hidrovía y los impactos sistémicos en el ecosistema, más allá del uso del río para el traslado de commodities y la falta de transparencia acerca de qué es transportado en los barcos cargueros. Juan también destacó la contaminación urbana e industrial que se genera en la zona portuaria, el impacto en la soberanía estatal y los impactos culturales y simbólicos por el hecho de nombrar el Río como hidrovía.

En relación al extractivismo urbano, se escucharon testimonios de las habitantes más vulnerables que pueblan la periferia de las ciudades. Como siempre, son las mujeres quienes sostienen las luchas, las tareas de cuidados y soportan con sus cuerpos la crueldad y la codicia. Lidia Aranda, vecina de Playa Norte, Santa Fe y Antonia Pereyra, de Vecinas de la Sexta en Lucha, denunciaron las amenazas que sufren constantemente para expulsarlas del territorio como parte del proceso de gentrificación que viene generando desplazamientos forzados y vulnerando el derecho a la vivienda y a una vida digna para las poblaciones. Una situación que favorece intereses de las empresas inmobiliarias y la ya conocida inversión de los excedentes de capitales en la ciudad de Rosario. 

Por último, Cintia Pendino, Lucía Crosetto y Melisa Ceballos, del Colectivo Amaranto y de la Multisectorial por los Humedales, denunciaron las quemas intencionales en los humedales y la complicidad de los gobiernos en fomentar los negocios de grandes terratenientes y empresarios en detrimento de los derechos humanos y de la naturaleza, y el silencio acerca de la intencionalidad de los hechos. Además, remarcaron la violación de los convenios internacionales de defensa de los bienes comunes, como el Acuerdo de Escazú, la Conveción RAMSAR y el Convenio sobre Diversidad Biológica.

Tribunal

El Tribunal amplio que tiene la responsabilidad de dictar una sentencia está integrado por actores que siguen, desde hace varios años, la problemática del extractivismo y sus impactos en los territorios de Abya Yala. En esta edición, forman parte del Tribunal Norita Cortiñas, Beverly Keene, Marcos Pastrana, Mara Puntano, Pablo Lada, Sandra Gallo, Alejandra Ciriza, Jenny Lujan, Adriana Guzmán, Francisca Droguett, Djacira Araujo, Alicia Amarilla, Alejandra Santillana Ortiz, Damián Verzeñassi, Álvaro Álvarez, Roxana Longo, Alicia Massarini, María Teresa Cañas y José Pepino Fernández. 

Esta audiencia, en Rosario, contó con la participación de cinco representantes del Tribunal: Sandra Gallo, Beverly Keene, Álvaro Álvarez, Alicia Masszarini y Damiäan Verzeñassi, que aportaron su perspectiva.

Alicia Massarini, doctora en ciencias biológicas e investigadora del Conicet, compañera de Andrés Carrasco, explicó que se han sumado científicas y científicos a las denuncias de los efectos sobre la salud de este modelo productivo. Expresó que “el Estado no es cómplice sino un partícipe necesario y activo desde que este modelo se impone en el año 1996, las distintas gestiones no han hecho más que expandirlo y multiplicarlo y sin dudas son responsables de los daños que se experimentan desde los territorios”. Luego presentó como esos graves daños genéticos se prolongan “hasta tres y cuatro generaciones” y cómo comprometen el futuro de la vida. Además, denunció un sistema médico hegemónico que se desentiende de los daños a la vida. 

Damián Verzeñassi, médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario, remarcó que “un 25 de marzo de 1996 se nos dijo que este modelo iba a terminar con el hambre y la pobreza”. Y se preguntó en voz alta, como académico: “¿De 1996 a 2022 disminuyó la pobreza en nuestro país? ¿De 1996 al 2022 disminuyó el hambre en nuestro país? ¿El aumento por exportaciones disminuyó la malnutrición en nuestro país? ¿De 1996 a 2022 el desarrollo del modelo agroindustrial asociado al uso de agrotóxicos aumentó la cantidad de productores, productoras y campesinos que garantizan el arraigo en nuestro país? Preguntas que valen la pena que nos hagamos a la hora de pensar si en este juicio los acusados por las compañeras y compañeros son o no parte de quienes tienen responsabilidad en el ecocidio que en este momento se está transitando en el planeta”. Además, explicó las evidencias contundentes que hay del ecocidio, con la aplicación del paquete tecnológico ligado a los venenos y que violan el derecho humano a la integridad física. 

Beverly Keene, economista y miembro de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, denunció el carácter históricamente vinculado al extractivismo de la deuda a través de las políticas que obligan el país a profundizar la matriz extractivista con el objetivo de generar divisas. Beverly puso en evidencia el vínculo entre los genocidios y la explotación de los bienes comunes y la dominación del territorio a través de la sumisión a los organismos financieros internacionales.

Álvaro Álvarez, integrante del Equipo de Pañuelos en Rebeldía y investigador del CONICET, mostró cómo las obras de infraestructura de la mano de IRSA COSIPLAN cumplen la función de fragmentar los territorios y su apropiación de espacios indispensables para el desarrollo de la vida. “Las pedagogías de muerte y de crueldad debemos anteponerlas a la pedagogía de la vida y de la resistencia”, explicó.

Mauricio Cornaglia, integrante de la Multisectorial Paren de Fumigarnos y la Marcha de los Barbijos de Rosario, organizadores del encuentro, realizó una síntesis de lo que se fue escuchando. 

Todas las voces fueron unánimes en responsabilizar -por participación y/u omisión- a los gobiernos nacionales, provinciales y locales, las empresas nacionales y transnacionales, los terratenientes y los grandes productores del sector del agronegocio, y las instituciones y sus funcionarios públicos cómplices de las prácticas ecocidas, incluyendo sectores académicos que producen las condiciones de posibilidad para la cristalización de la imposición de un modelo de muerte.

Fuente: Marcha