Honduras: lucha agraria, palma africana y explotación

Cuando Temístocles Arellano, puertorriqueño nacionalizado estadounidense, decidió vender al Estado sus 5.724 hectáreas en el Bajo Aguán, esas tierras volvieron a manos del Instituto Nacional Agrario (INA) para fines de Reforma Agraria.

Allí, en el municipio de Trujillo, el gobierno de Honduras había instalado el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), donde en los años 80 expertos estadounidenses entrenaban en el arte de matar a las tropas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas y a la “Contra” nicaragüense.

Afinando técnicas de corrupción, disfrutando de una avalancha de dinero proveniente de los organismos financieros internacionales y apegándose a la Ley de Modernización Agrícola, aprobada a principio de los años 90, los terratenientes lograron adueñarse ilegalmente de estas tierras y comenzaron a impulsar el proyecto de la palma africana.

Cuando las familias campesinas se enteraron de la existencia de una escritura, con la que la Procuraduría General de la República pasaba las tierras al INA, comenzaron a organizarse para su recuperación.

“Éramos todas familias muy pobres, sin tierras y sin medios para subsistir –contó a Sirel el miembro del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), Donaldo Aguilar–.

Nuestra lucha siempre ha sido por tener una vida digna y el acceso a la tierra. El Sitio CREM, como se le conoce en la zona, estaba destinado a la reforma agraria, y comenzamos a luchar para recuperar esos predios”.

La recuperación de las tierras del CREM

El 14 de mayo de 2000, unas 600 familias campesinas recuperaron las 5.724 hectáreas. La reacción de los terratenientes no se hizo esperar y se desató una fuerte represión en contra de los campesinos.

Pese a las continuas represalias y la falta de crédito para echar a andar proyectos productivos, las familias campesinas se organizaron en 45 empresas y conformaron el MCA, asentándose en la comunidad Guadalupe Carney.

Con el pasar de los años y con la ayuda de organizaciones solidarias, las empresas campesinas lograron desarrollar proyectos de ganadería “paso de cadena”, cultivo de palma africana y de granos básicos para su alimentación.

“El problema principal para los terratenientes era que esta experiencia representaba una nueva cara de la reforma agraria y de la lucha por la tierra en el Aguán. Una lucha que han intentado silenciar con la violencia, la corrupción y el adueñamiento ilegal de las tierras”, explicó Esly Banegas, coordinadora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).

En 2001, bajo la presión popular, el Congreso Nacional emitió un decreto con el que se pagaban las mejoras a los terratenientes, que estaban instalados en las tierras recuperadas por los agricultores.

La lucha campesina logró que se les entregara títulos de propiedad a las empresas, pero bajo la presión de los terratenientes el proceso se detuvo. El golpe de Estado de junio de2009 dio el golpe final. Actualmente quedan todavía 1.300 hectáreas por sanar.

“Ha sido un proceso largo, bajo una constante represión. Ha habido muertos y heridos, y en la comunidad está todavía la presencia constante de la Policía. Además, seguimos en el proceso de legalización de nuestras tierras.

Han tratado de quebrar nuestros esfuerzos para sobresalir y vivir de manera digna –continuó Aguilar– defendiendo nuestros derechos. Sin embargo, estamos demostrando que podemos seguir adelante pese a las grandes dificultades económicas”.

También para Fidel Pacheco, miembro del MCA, trabajar lo propio es la mejor opción para centenares de familias campesinas.

“En las plantaciones de palma africana de Miguel Facussé explotan a los trabajadores. Les pagan una miseria, sin ninguna prestación laboral y sin derechos a organizarse, ni a reclamar para un salario decente.

Es una explotación del hombre por el hombre. Nosotros recuperamos las tierras, pasamos meses viviendo en carpas de plásticos y casi sin poder alimentarnos.

Los gobernantes decían que esta tierra no era apta para producir alimentos y les hemos demostrado que sí es posible –continuó Pacheco–, que podemos cultivar y producir lo nuestro, sin explotación, vejámenes ni humillaciones”.

Los jóvenes son el futuro

En la Guadalupe Carney existe también una radio comunitaria, Radio Orquídea. Su señal se escucha en cinco municipios. Una programación variada que da mucho espacio a las luchas campesinas y populares de la zona.

El equipo que trabaja de forma voluntaria en la radio está conformado sobre todo por jóvenes y durante los días duros del golpe y de la militarización de abril pasado, la comunidad ha salido masivamente para defender su radio ante el intento de destruirla.

Con el aporte solidario de las familias se logró instalar la energía eléctrica y canalizar el agua de un manantial. Las carpas se transformaron en casas y los potreros en calles. Los gobiernos no aportaron un solo centavo para el desarrollo de la comunidad.

Además, se está creando una nueva empresa conformada por jóvenes que se han criado con el ejemplo de sus padres de que sí es posible soñar un futuro mejor.

“Aquí estamos, y de aquí no nos vamos a mover. La represión de todos estos años y el golpe nos han enseñado que la unidad es la única solución para seguir adelante.

Hubo un intercambio de conocimientos entre los diferentes gremios y sectores. Se han acercado, han intercambiado experiencias y han aprendido los unos de los otros, luchando y solidarizándose entre sí. Esto nunca había pasado en nuestro país”, concluyó Pacheco.

Fuente: Rel-UITA