Honduras: diálogo bajo amenaza de desalojo

Idioma Español
País Honduras

El MUCA recibe propuesta del Gobierno en medio de amenazas, asesinatos y campañas de desprestigio. La Policía y el Ejército han desplegado decenas de efectivos en la zona del Bajo Aguán, en un claro intento de mantener la presión y generar temor.

Giorgio Trucchi
Martes 30 de marzo de 2010

El pasado 24 de marzo, el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) recibió una propuesta del Gobierno para solucionar el grave conflicto agrario en el Bajo Aguán, en el departamento norteño del Atlántico hondureño. Un conflicto originado por la usurpación de miles de hectáreas de tierra sembradas de palma aceitera, situación que el golpe de estado profundizó. El proceso de recuperación de las tierras por parte del MUCA ha desencadenado la violencia de los cuerpos represivos del Estado y una campaña mediática para desprestigiar al movimiento campesino.

Después de los violentos intentos de desalojo por parte del Ejército y la Policía en enero y febrero de 2010, que ha dejado un saldo de varios heridos y un sinnúmero de demandas y órdenes de capturas contra los campesinos organizados, el MUCA ha aceptado sentarse con el Gobierno para buscar una solución definitiva al conflicto.

Sin embargo, las propuestas del Gobierno y del Instituto Nacional Agrario (INA) no parecen estar encaminadas a reconocer los derechos de los campesinos sobre esas tierras, que son para uso exclusivo de Reforma Agraria, ni a retomar el hilo de las negociaciones iniciadas con el gobierno de Manuel Zelaya que fueron brutalmente interrumpidas por el golpe de estado.

Según Rudy Hernández, miembro del MUCA, "el Gobierno pretende una respuesta inmediata a la propuesta, no obstante nosotros necesitamos por lo menos 15 días para estudiarla y consultarla con nuestras bases, ya que hemos detectado varios elementos que no son muy claros".

El texto de la propuesta no menciona, por ejemplo, el Acta Convenio firmada entre las partes pocos días antes del golpe de estado, para conformar una comisión tripartida que revise el procedimiento legal que se utilizó para la adquisición de la tierra por los terratenientes Miguel Facussé Barjum, René Morales y Reynaldo Canales.

Tampoco se explica la ubicación exacta de las tierras -aproximadamente dos hectáreas por cada familia beneficiaria- que el Estado adquiriría para entregárselas a los miembros del MUCA y que son propiedad de la Sociedad Agrícola Cressida del Aguán SA, empresa controlada por Miguel Facussé, una de las partes en conflicto.

Si eso fuera poco, en la propuesta del Gobierno se pretende que los beneficiarios del MUCA firmen un convenio de coinversión con las plantas procesadoras propiedad de Miguel Facussé y René Morales -Sociedad Agrícola Cressida del Aguán SA y Empresa Agropalma SA-, obligándolos a venderles la producción.

Además, los miembros del MUCA deberán asumir la deuda con el Estado en la compra de la tierra. Paradójicamente, el gobierno de Porfirio Lobo no sólo estaría reconociendo el derecho de propiedad de estos terratenientes sobre miles de hectáreas de tierra, echando al traste los avances logrados antes del 28 de junio de 2009, sino que hasta los beneficiaría con la compra de miles de hectáreas de tierra y les levantaría el negocio obligando a los campesinos venderles la producción de semillas de palma aceitera.

"A lo largo de la negociación pedimos que se retomara el Acta Convenio firmada con el presidente Zelaya, pero el Gobierno hizo caso omiso a nuestra demanda y ahora nos encontramos con esta propuesta que nos deja con muchas dudas", dijo Hernández a Sirel.

Diálogo bajo amenaza no es diálogo

Pese al inicio del proceso de diálogo, la violencia y la campaña mediática contra los miembros del MUCA no ha cesado.

El 1 de marzo, el diario La Prensa, de propiedad del empresario Jorge Canahuati, publicó un extenso reportaje, supuestamente basado en un informe de la inteligencia militar, en el que se acusa al MUCA de estar organizando un frente guerrillero en las fincas recuperadas.

A partir de esa fecha y pese a la tregua acordada con el Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, la Policía y el Ejército han desplegado decenas de efectivos en la zona del Bajo Aguán, en un claro intento de mantener la presión y generar temor.

El 14 de marzo, fue brutalmente asesinado el periodista de Canal 5 de Tocoa, Colón, Nahun Palacios, quien había denunciado la violencia desatada contra los miembros del MUCA.

Ante esta ola de violencia y persecución, la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras denunció la constante amenaza de desalojo de la que son víctimas centenares de familias que están en proceso de recuperación de tierra en la zona del Bajo Aguán.

"Rechazamos esta campaña mediática y esta estrategia del terror contra nuestro movimiento. No les tenemos miedo, porque sabemos que estamos en lo correcto luchando por un derecho que todos los seres humanos tienen: el acceso a la tierra".

Alertó también sobre "las precarias condiciones en que viven miles de mujeres, niños, niñas, jóvenes, personas discapacitadas y hombres que necesitan cuanto antes, la dotación de agua, alimentos, medicinas, tiendas de campaña y otros insumos, ya que actualmente pernoctan a la intemperie en las numerosas fincas de palma aceitera".

Asimismo, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) denunció que "continúa el clima de zozobra implantado por la oligarquía terrateniente y el régimen de facto a través de los aparatos de seguridad del Estado que colaboran activamente con grupos paramilitares, amenazando constantemente la vida de las familias campesinas que exigen su derecho a trabajar la tierra".

"Las amenazas no han parado y hasta el mismo presidente Porfirio Lobo nos ha dicho que, si es necesario, no lo va a pensar dos veces en movilizar todos los batallones de Honduras hacia el Bajo Aguán para disolvernos", dijo Rudy Hernández a Sirel.

"Es por eso" -concluyó Hernández- "que pedimos la solidaridad a nivel nacional e internacional con nuestra lucha, para el mundo sepa qué es lo que está pasando de verdad en Honduras".

Prensa Rural

Honduras: Guardias privados asesinan a campesino en toma de tierras

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
Jueves 1ro de abril de 2010

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) hace un llamado urgente a la comunidad internacional ante nuevos actos de violencia ocurridos en el Aguán, este jueves 1 de abril:

1.-Condenamos el asesinato del joven Miguel Alonso Oliva de 22 años, quien fue asesinado por guardias de seguridad cuando el Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA) tomaba las tierras en la finca Boleros, que están en posesión ilegal del terrateniente René Morales.

2.-Al mismo tiempo condenamos la falta de acciones rápidas para solucionar el conflicto de tierras en el Bajo Aguán por parte del régimen de Porfirio Lobo Sosa, que se muestra aquiescente con los terratenientes al evadir asumir la responsabilidad de devolver las tierras que son del Estado y que de inmediato deben ser entregadas a los campesinos, tal como lo señala la Ley.

3.-Urgimos de la comunidad internacional el envío de acciones urgentes al estado hondureño a fin de terminar con esta situación precaria y difícil contra mujeres, hombres, niños y niñas que sufren el terror de los fusiles tanto de guardias de seguridad de los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales, como del Ejército y la Policía, que fuertemente armados se preparan para movilizarse a la zona, con la intención de desalojar a los campesinos que han recuperado las tierras en la margen izquierda del río Aguán, donde se ubican las cooperativas Suyapa del Aguán, Guanchías, Buenos Amigos, Remolino, Despertar, Trinidad, San Esteban, Quebrada Honda, Paso Aguán, El Plantel, Islas 1 y 2, Marañones y Bolero.

4.-Nos solidarizamos con la familia del joven Miguel Alonso Oliva, quien está siendo velado en la comunidad Guadalupe Carney, en Silín, Colón, donde decenas de compañeros llegan a acompañar a sus familiares.

5.- El Cofadeh ha recibido información no confirmada de otras posibles muertes de guardias de seguridad, lo que pone de manifiesto la urgencia de resolver este conflicto para evitar más derramamiento de sangre y la polarización de la familia hondureña.

Prensa Rural

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Tierra, territorio y bienes comunes

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