Honduras: ZEDE, y el desalojo de la comunidad Garifuna de Puerto Castilla

El pasado 10 de septiembre se llevó a efecto un desalojo en la comunidad Garífuna de Puerto Castilla, promovido por el Sr. Dennis Weizemblut Oliva, el cual aduce ser propietario de un terreno de una extensión aproximada de cinco manzanas, dentro del casco urbano de la comunidad

El tracto sucesivo de la posesión del terreno en litigio se convirtió en un laberinto jurídico, donde José Mauricio Weizemblut le vende a Dennis Weizemblut Oliva. El primero aparentemente se convirtió en propietario cuando logro obtener el pago de sus prestaciones como ejecutivo de Intermar compañia propiedad del japonés Satoshi Sasaki.

El empresario Sasaki logró sin el aval de la comunidad de Puerto Castilla, apropiarse de un terreno en el año de 1997, para la instalación de su empresa, la que supuestamente produciría harina de pescado además de la comercialización de productos marinos.

Los habitantes de Puerto Castilla sufren una enorme carencia de tierra, como consecuencia del despojo cometido por el estado de Honduras a favor de la Empresa Nacional Portuaria (EPN) en detrimento de la comunidad. De acuerdo a los mapas cartográficos, el terreno del cual aduce ser propietario Weizemblut Oliva está ubicado dentro del mar en la bahía de Trujillo.

La promoción de Puerto Castilla como uno de los parajes que pretenden convertir en una supuesta ciudad modelo (ZEDE), ha dado lugar a un sinnúmero de especulaciones inmobiliarias y despojos en la Bahía de Trujillo impulsando un apetito voraz por parte de inversionistas para apoderarse de terrenos ubicados en lugares estratégicos.

Cabe recordar que el 29 de agosto de 2014, se efectuó un desalojo promovido por los Weizemblut, y previamente en mayo del mismo año, un contingente de policías y soldados, con el pretexto de disolver una manifestación comunitaria, atacaron a la comunidad de Puerto Castilla, utilizando gases lacrimógenos como una arma ofensiva.

Historia de un despojo:

La Puntilla, nombre con que se le conocía a Puerto Castilla, fue concedida a la comunidad Garífuna de Cristales y Río Negro, el 18 de mayo de 1889, por el General Luis Bogran, reconociéndole tres millas de ancho por doce de largo.

El 9 de abril de 1921 La Truxillo Railroad Company adquirió 239 hectáreas del terreno conocido como La Puntilla, perteneciente a la comunidad de Cristales y Río Negro. La compañía retornó el terreno en cuestión a la comunidad de Cristales y Río Negro en julio de 1942

El 2 de abril de 1912, Manuel Bonilla firmo el Decreto No 99, aprobando la contrata entre el Estado de Honduras y Juan Glynn, en representación de Víctor Camors, el que resultó ser el representante de la Truxillo Rail Road Company. Fue hasta el mes de abril de 1921 cuando la comunidad accedió a ceder 239 hectáreas del terreno de la Puntilla, por un término de 99 años

El 17 de noviembre de 1977 se decretó la cancelación del asiento que constaba el antecedente de dominio útil a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro, procediendo el Estado a otorgar las tierras de la Puntilla a favor de La Empresa Nacional Portuaria. Según testimonios de los habitantes de la comunidad de Cristales, el General Alvarez Martinez, pistola en mano, obligó a la comunidad a ceder las tierras de la Puntilla en el año de 1976.

En el año de 1996 la Empresa Nacional Portuaria (ENP) supuestamente vendió o cedió cinco manzanas de tierra a la compañía Intermares, la que pretendió la construcción de una procesadora de harina de pescado, proyecto supuestamente apoyado por la cooperación japonesa. Este terreno es el que actualmente figura como propiedad de Weizemblut Oliva.

La ilegalidad de las ZEDES y la Corrupción de COALIANZA:

Las ciudades modelo, nombre con el que se ha dado a conocer tanto la Ley de regiones Especiales para el Desarrollo (RED) como la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), han sido denunciadas desde un inicio como iniciativas que atentan contra los derechos humanos de los habitantes de las áreas escogidas para subastar al capital extranjero; además de socavar el concepto de soberanía.

Las ZEDES se han convertido en el pilar de la actual administración de Juan Orlando Hernández, personaje íntimamente ligado a ese experimento político económico, desde las reformas constitucionales del año 2011. Para el mes de junio Hernandez planeaba participar en una conferencia en San Francisco, promovida por los libertarios de ultraderecha del Silicon Valley, denominada “Interrumpiendo la democracia: nuevas formas de gobernanza para Honduras. Su participación se suspendió ante la denuncia efectuada por la OFRANEH y el inicio de las marchas de las antorchas, protestando por la corrupción endémica que ha plagado al estado de Honduras, especialmente a partir del golpe de estado.

La visión autocrática del actual régimen y su visible desprecio por la democracia, nos hace temer que el desalojo anunciado para Puerto Castilla, será efectuado de una manera violenta sin respetar los derechos territoriales del pueblo Garifuna y mucho menos efectuar una consulta, previa, libre e informada; precepto que es totalmente desconocido por los nacionalistas en el poder.

COALIANZA ente encargado de las ZEDE ha sido denunciado en múltiples ocasiones por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), por la ausencia de transparencia y la versatilidad para ocultar información sobre los proyectos adjudicados y los salarios de miembros de ese ente.

Desafortunadamente los golpes efectuados a la Corte Suprema de Justicia -por haber declarado inconstitucional las RED- el asalto al Ministerio público y el fraude electoral cometido y avalado por la comunidad internacional, que dotó de una aplanadora en el Congreso Nacional al actual gobernante, han dado lugar a una dictadura perfecta, cuyo objetivo es saquear las instituciones del país y subastarlo por retazos al capital extranjero.

Según el resumen ejecutivo de las ZEDE Trujillo-Santa Fe, los más de 3000 habitantes de Castilla serán reubicados en San Martín y Santa Fe, aunque algunos funcionarios les han manifestado a los pobladores que serán reubicados en el paraje conocido como Plan Grande.

Hasta al momento no se ha efectuado ninguna reunión con los miembros de la comunidad y mucho menos realizado una consulta previa, tal como lo señala el Convenio 169 dela OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Los habitantes de Puerto Castilla han manifestado en diversas ocasiones, un repudio total a su relocalización, situación que indudablemente conllevará ante la ausencia de respeto a los derechos humanos por parte del Sr, Juan Hernandez a un enorme conflicto social.

Fuente: OFRANEH