Honduras: Piden detener el proyecto por el que asesinaron a Berta Cáceres
Ecologistas en Acción solicita a la empresa alemana Voith Hydro Holding GmbH & Co que se retire del proyecto de Agua Zarca en Honduras por el gran daño ambiental y social que produce. Se trata del proyecto al que se oponía la activista hondureña recientemente asesinada.
La presa hidroeléctrica Agua Zarca está siendo construida por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A., que a su vez subcontrató a la empresa alemana Voith Hydro Holding GmbH & Co la instalación de las turbinas.
Esta presa se construye sobre el río Gualcarque, en el noroeste de Honduras, y provocaría un gran impacto medioambiental, al situarse en una zona de gran valor natural. También generaría un importante impacto social sobre el pueblo Lenca, al alterar el río Gualcarque y su entorno, un río sagrado para ellos, y limitar su acceso al agua y a alimentos.
Pero es que, además, en los últimos años han sido asesinados en la zona cinco activistas contrarios a la construcción de la presa. La última víctima fue Berta Cáceres, que fue asesinada por pistoleros el pasado día 3 de marzo.
Consideramos que ninguna empresa europea debería participar en proyectos de este tipo que, además de generar tremendos impactos medioambientales y sociales, están vinculados al asesinato de aquellas personas que de forma pacífica se oponen a su construcción.
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado por escrito al presidente de la empresa alemana Voith Hydro Holding GmbH & Co que se salgan de un proyecto manchado de sangre. Proyecto que, además, choca frontalmente con los principios ambientales y sociales que dice defender la empresa.
El uso de la violencia que está teniendo lugar en Honduras contra los opositores a la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca repugna al conjunto de habitantes de la Unión Europea, por lo que las empresas radicadas en la misma deberían dar la espalda de inmediato a todos aquellos proyectos que recurren a la violencia para llevarse a caso. De esta manera, contribuirían a que estas prácticas asesinas no resultaran beneficiosas para los gobiernos y entidades empresariales que pudieran consentirlas o favorecerlas.
Fuente: OMAL