Guatemala: redes y organizaciones muestran consternación ante desalojos en Valle del Polochic

Petrus Mavromichalis
Jefe de la Unidad América Central y México del Servicio Europeo de Acción Exterior
Delegación de la Unión Europea en Guatemala
Estados miembros de la Unión Europea

23 de Marzo 2011

Nos dirigimos a ustedes con gran preocupación por los desalojos violentos que se están realizando desde el día 15 de marzo de 2011 en las comunidades mencionadas en Guatemala así como por el comunicado que el Gobierno de Guatemala ha hecho públicos justificando dichas acciones dentro del marco de la ley y en aras a mantener la gobernabilidad del país. Durante esos días numerosos elementos de las fuerzas de seguridad privada, legitimizados por la presencia de la policía nacional y efectivos del ejército, están haciendo uso de extrema violencia, ejecutando desalojos forzosos en contra de más de 800 familias de 14 comunidades en el Valle del Polochic, Alta Verapaz. Diversos reportes comentan la muerte de al menos una persona de las comunidades afectadas, varias resultaron heridas, tres intoxicadas (debido al uso de gases lacrimógenos) así como tres personas capturadas. Asimismo se ha extendido el rumor de la existencia de órdenes de captura en contra de defensores de derechos humanos que colaboran con las siguientes organizaciones: Comité de Unidad Campesina –CUC-, de la Fundación Guillermo Toriello y de ECAP. Sin embargo, como hemos observado en otros casos de criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, hasta el momento no se encuentra registrada en el sistema judicial ninguna orden de captura en su contra.

Según múltiples fuentes, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) para los Derechos Humanos en Guatemala, en estas acciones de desalojo del lunes 15, participaron empleados de los propietarios de la finca destrozando cosechas, casas y las pocas pertenencias de quienes fueron desalojados.

En 2009 algunas de las organizaciones firmantes de esta carta visitaron estas comunidades Maya Q’eqchi’ en el marco de una misión de verificación del derecho a la alimentación. Estas comunidades sobreviven en terrenos que fueron abandonados y actualmente serán destinadas a la construcción del ingenio Chabil Utzaj, con el objetivo de plantar palma africana para la producción de agrocombustibles para exportación.

Los desalojos forzosos en Guatemala y particularmente en el valle de Polochic fueron señalados por el Relator especial del derecho a la Alimentación de Naciones Unidas, Olivier De Schutter, en su informe sobre Guatemala en marzo de 2010, como también por el informe de verificación del derecho a la alimentación de las redes firmantes5, como violaciones del derecho a la alimentación y la vivienda. Existen además serias preocupaciones de cómo estos desalojos se realizan debido a la manera como se ordenaron y ejecutaron que son plenamente contrarios a los estándares internacionales vigentes, especialmente por el uso excesivo de la fuerza, la destrucción de casas y cultivos, así como la participación ilícita de fuerzas de seguridad privada. Estos métodos de desalojo, contradicen completamente lo establecido en los procedimientos especiales del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas al respecto6, y en particular por su impacto en el goce del derecho de las personas a la alimentación y a la vivienda.

En las acciones de desalojo de la semana pasada, la OACNUDH observó que las personas fueron notificadas el mismo día en que éstos iniciaron y que dispusieron de un plazo de una hora para desalojar sus viviendas. Por otra parte, los operativos no contaban con vehículos para transportar las pertenencias de las personas, ni contemplaron medidas para reubicar a las familias y ofrecerles abrigo temporal o acceso básico a agua y alimentos.

Anteriormente a los sucesos se había creado una Comisión de Alto nivel con representación del Registro de Información Catastral (RIC), de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPREDEH), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), el Sistema de diálogo permanente Nacional, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), FONTIERRA , representantes de 12 comunidades del Valle del Polochic, Comité de Unidad Campesina (CUC) y paralelamente representantes de la empresa Chabil Utzaj para que de forma pacífica se dé solución a la situación de los grupos indígenas y campesinos. Fracasado este diálogo y los acuerdos, el día anterior al desalojo se realizó la última reunión con el compromiso de solucionar el conflicto a través del diálogo. Este acuerdo no se cumplió. Igualmente no se ha garantizado un lugar adecuado de reubicación de las familias que en la actualidad se encuentran en una situación de mendicidad sin fuentes de alimentación y sin vivienda.

Visto el artículo 10 A del Tratado de Lisboa de la Unión Europea que establece la promoción de los derechos humanos como objetivo de la acción exterior europea, vista la cláusula democrática presente en el Acuerdo de la Unión Europea - América Central de 2003, el principio de coherencia de políticas de la UE y vistos los compromisos adquiridos por la Comisión y el Consejo, de velar porque los Estados asociados al diálogo político con la UE respeten el concepto de desarrollo y de la defensa del territorio de los pueblos indígenas, solicitamos a la UE:

• Pronunciar ante el gobierno de Guatemala su preocupación por los procedimientos violentos a la hora de realizar los desalojos, procedimientos que violan los protocolos establecidos por las Naciones Unidas para tales desalojos y apoyar, a través del diálogo político, la iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil local para implementar las directrices de desalojos desarrolladas por las Naciones Unidas;

• Expresar ante el Gobierno de Guatemala su preocupación por todas las violaciones de derechos humanos cometidas durante estos desalojos, así como el derecho de las comunidades a la alimentación;

• Instar al Estado, y en particular al Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, el Organismo Judicial, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y la Secretaria de Asuntos Agrarios, a través del diálogo político, a que, con apoyo de la OACNUDH, revisen la actuación del Estado en materia de desalojos, garantizando la capacitación de los agentes del Estado involucrados en la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y asegurando que “el derecho a la propiedad privada no prevalece sobre el derecho a la vida”;

• En tanto esto se realiza, instarlo a tomar las medidas necesarias dentro del marco jurídico para suspender temporalmente la ejecución de los desalojos;

• Solicitar al Estado que garantice el derecho a la alimentación y a una vivienda digna de esas familias que han sido desplazadas y despojadas de todas sus pertenencias;

• Solicitar al Estado la pronta investigación, persecución penal y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos en el transcurso de los desalojos mencionados;

• Instar al Estado guatemalteco a través del diálogo político a que cumpla con las normas internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, en particular la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y cumplir con sus obligaciones bajo el Convenio 169 de la OIT;

• Instar al Estado a la transformación de la tenencia y el uso de la tierra que facilite el acceso de campesinos y campesinas a la tierra y otros recursos productivos como se establece en el Acuerdo Socioeconómico y Agrario, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo para el Reasentamiento de Poblaciones Desarraigadas, en el marco de los Acuerdos de Paz en Guatemala;

• Requerir a los representantes permanentes de los EM de la UE que al igual que ya lo hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realicen visitas a las comunidades desalojadas;

• Velar por el cumplimiento del principio de coherencia de las políticas de la UE con las políticas de cooperación al desarrollo, incluyendo los acuerdos comerciales que aún con esta fuerte conflictividad agraria todavía promueven la expansión de plantaciones de agrocombustibles.

Atentamente,

Flavio Valente
Secretario General FIAN

Anabella Sibrian
Representante de Plataforma Holandesa contra la Impunidad en Guatemala

Lizzette Robletto
Presidente del Secretariado de CIFCA

Bernd Nilles
Secretariao General CIDSE

Souhayr Belhassen
Presidenta FIDH

Eric Sottas
Secretario General de la OMCT

Rafael Alegría
Vía campesina

Constantino Casabuenas Morales
Policy Adviser – Land Rights – Oxfam International
Oxfam Internacional

Fuente: FIAN