Guatemala: ley de vegetales traerá conflictividad social

Criminalizar a las poblaciones indígenas y pequeños agricultores por el uso de materiales genéticos protegidos con derechos de obtentor abre el riesgo de un nuevo foco de alta conflictividad social, afirmaron en el foro Implicaciones de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, organizado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y la Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental (Redfia).

Debido a múltiples acciones de rechazo de varios sectores a la ley, diputados promueven cambios e incluso derogarla, pero el panorama se ve complicado para las dos opciones.

Más conflictividad

Lauriano Figueroa, decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos, afirmó que la ley es incomprensible incluso para los técnicos, y criticó que “nunca se pidió opinión a la academia para su creación”.

Destacó que la normativa únicamente menciona a los obtentores o descubridores, pero descuida a los productores y consumidores, lo que calificó de “grave”, pues “atenta directamente contra la seguridad alimentaria del país”.

“Aparte de esto está la criminalización de los agricultores. El polen vuela por kilómetros, y puede llegar a polinizar cualquier cultivo, y la empresa bajo el amparo de la normativa puede llegar y reclamar su derecho, como ya pasó en otros países”, comentó Figueroa.
Refirió que esas situaciones podrían generar otro foco de conflictividad.

“El país tiene suficientes niveles de conflictividad como para agregar un tema extremadamente delicado que tiene que ver con la alimentación y los recursos que esta tierra ha ofrecido, que además están protegidos por otras legislaciones”, afirmó Jorge Cabrera, de la directiva de Asíes y de Redfia.

Agregó que otra implicación de la ley es que “viola los derechos de los pueblos indígenas”, porque no reconoce el derecho de conocimiento colectivo, en un país que es clasificado entre 18 naciones megadiversas y origen de una amplia variedad de especies vegetales.

“Esta ley es un intento de privatizar la biodiversidad del país y a mediano plazo los alimentos en general”, aseveró Cabrera.
Leocadio Juracán, coordinador del Comité Campesino del Altiplano, coincidió con los expertos.

“Definitivamente va a contribuir a que se desate un nuevo foco de conflictividad en Guatemala. El control de las semillas y la dependencia de una empresa o de alguien generará mayor pobreza y desnutrición. Será el detonante de más conflictividad en los territorios indígenas”, señaló Juracán al ser consultado por teléfono.

Sugerencias

En el foro también participó Edwin Melini, experto en temas de propiedad intelectual, para quien “la normativa debe ser revisada para homogenizarla con los compromisos del Estado y las obligaciones constitucionales”.

El exdiputado y ponente de la norma, Mariano Rayo, expuso que se debe exigir al Ministerio de Agricultura que haga un trabajo exhaustivo en la elaboración del reglamento de la normativa y que sean consultados los científicos del país, por ser idóneos para opinar.

En el foro también se sugirió que “sería mejor derogar la ley”.

Nuevo error

Como se ha vuelto costumbre en esta legislatura, los diputados de nuevo buscan enmendar un error mediante iniciativas para reformar o derogar la también llamada ley Monsanto, por el creciente rechazo.

La bancada de Libertad Democrática Renovada fue la primera en presentar una iniciativa, con la que propone derogar la normativa que fue aprobada el pasado 10 de junio mientras se celebraba el Mundial de Futbol en Brasil.

Sin embargo, esa opción fue rechazada por el Partido Patriota (PP), porque en el mismo decreto se aprobó una ampliación presupuestaria por Q500 millones al Ministerio de Comunicaciones.

El PP y el diputado Amílcar Pop, de Winaq, presentaron una propuesta que deroga el artículo 50, en el que se fijan las sanciones penales.Además, se pide la prohibición de patentar las especies agrícolas existentes y que “tradicionalmente han utilizado las comunidades indígenas o agrarias”, lo que, según Pop, fue propuesto desde que se aprobó la ley, pero no se incluyó.

La Unidad Nacional de la Esperanza también prepara sus cambios, que según el jefe de esa bancada, Orlando Blanco, los harán en conjunto con entidades como el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con quienes sostienen reuniones.

Agregó que no descartan solicitar la derogatoria, si determinan que “es muy nociva”.

“No vamos a apoyar que se suprima la ley, porque es un compromiso que asumió Guatemala con Estados Unidos cuando firmó el tratado comercial”, afirmó el jefe del PP, Juan José Porras.

El subjefe de ese bloque, José Fernández, aseguró que la próxima semana comenzarán un proceso de diálogo en la Comisión de Agricultura o en la de Economía, para analizar posibles cambios.

El vicepresidente de la Comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior, César del Águila, afirmó que la iniciativa fue propuesta en la instancia de jefes de bloques, y que esa sala de trabajo no la había conocido este año, ya que se encontraba en segunda lectura, por lo que ya tenía dictamen.

LEGISLACIÓN POLÉMICA

Varios sectores señalan que la llamada ley Monsanto tiene deficiencias y originaría conflictos.

El Congreso aprobó el decreto 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, el pasado 10 de junio, con el voto de 82 diputados.

El artículo 4 de la normativa señala que se aplicará inicialmente por lo menos a 15 géneros o especies vegetales enumeradas en su reglamento. Sin embargo, expertos agrícolas afirman que es demasiado ambigua y que debió incluirse la lista en la ley.

Luego de 10 años de su entrada en vigor, la norma se aplicará a todos los géneros y especies vegetales. Sus detractores afirman que eso atenta contra la soberanía alimentaria del país.

El artículo 52 de esa legislación indica que también se podrá conceder derecho de obtentor para una variedad que ya no sea nueva en la fecha de entrada en vigor de la ley.

Uno de los aspectos que más indignó a los sectores académicos y civiles es que en el artículo 46 el Congreso autorizó una ampliación presupuestaria por Q550 millones para el Ministerio de Comunicaciones.

POR CARLOS ÁLVAREZ Y JESSICA GRAMAJO / GUATEMALA

Fuente: Prensa Libre