Guatemala: Proyecto hidroeléctrico Xalalá pone en riesgo derechos del pueblo maya q’eqchi’

El informe busca aportar a los debates sobre proyectos hidroeléctricos, derechos de los pueblos indígenas y la aplicación del derecho a la consulta previa conforme los estándares internacionales de derechos humanos.

La autora de la investigación, Lieselotte Viaene, devolvió así los resultados obtenidos a las comunidades potencialmente afectadas por este mega proyecto mediante varios talleres en diversas localidades del territorio q’eqchi’.

Viaene es una experta en derechos humanos de los pueblos indígenas e investigadora posdoctoral asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Gante (Bélgica).

Con el apoyo de la asociación SERJUS, la Asociación de Abogados y Notarios Maya, El Observador y la Asociación Puente de Paz, el informe fue presentado el 24 de marzo en la capital de Guatemala ante la sociedad civil y el público interesado.

Los hallazgos y las recomendaciones se discutieron en reuniones con el Instituto Nacional de la Electrificación (INDE), promotor histórico del proyecto; el Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas; la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH); la Secretaria de Asuntos Agrarios; y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA).

El proyecto y los maya q’eqchi’

Surgido en los años 1970 pero cancelado durante el conflicto armado interno (1960-1996), desde 2004 los sucesivos gobiernos colocan al proyecto Xalalá en lo más alto de la agenda energética del país.

El actual gobierno de Otto Pérez Molina lo declaró “prioritario y de gran necesidad para la Nación”.

Sin embargo, hasta hoy el Estado de Guatemala ha omitido cumplir con la obligación internacional de consultar a las comunidades q’eqchi’ potencialmente afectadas.

Según el INDE, la zona de influencia del proyecto abarca alrededor de 220-230 comunidades indígenas de los municipios de Cobán, Uspantán e Ixcán en los departamentos Alta Verapaz y El Quiché.

Allí viven 62,964 personas, de las cuales el 95 por ciento pertenecen al pueblo indígena maya q’eqchi’.

El INDE reconoce que el 80 por ciento de las personas potencialmente afectadas por el proyecto no cuentan con la seguridad jurídica de sus tierras. Las familias q’eqchi’ amenazadas viven mayormente de la agricultura de subsistencia.

Los planes originales proponían la construcción de una sola represa con un gran embalse, pero el nuevo Modelo de Gestión Integral del INDE desistió de este diseño por su efecto devastador en las comunidades y el medioambiente. Ahora propone una cadena o catarata de tres a cinco represas medianas sobre el río Chixoy.

Violaciones a los derechos humanos de los indígenas q’eqchi’

Muchos q’eqchi’ no perciben al proyecto Xalalá como “desarrollo económico”, sino como un nuevo mecanismo para mantener el control sobre sus tierras por la élite de poder político y económico de Guatemala.

El pueblo Q’eqchi’ ha sido recurrentemente despojado de sus tierras durante distintos periodos históricos: la época colonial, la etapa liberal, la contra-revolución militar, el conflicto armado interno y los gobiernos neoliberales actuales.

El estudio demuestra que las comunidades indígenas ubicadas en la zona de influencia del megaproyecto han sido golpeadas fuertemente por las tácticas contra-insurgentes del Ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno.

Se estima que en la región de Cobán, incluida en la zona de influencia de la represa Xalalá, la población q’eqchi’ ha sufrido por lo menos 23 masacres y la destrucción de 36 de sus comunidades.

Los datos etnográficos revelan profundas preocupaciones entre la población q’eqchi’ potencialmente afectada, que atañen tanto a derechos colectivos como individuales, como los derechos a la tierra y territorio y el derecho a no ser desplazado por la fuerza.

También preocupan el derecho al agua y la alimentación que derivan del derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho a la identidad cultural.

Necesario enfoque intercultural de los derechos humanos

Los datos etnográficos demuestran que el megaproyecto amenaza las bases de la identidad y espiritualidad q’eqchi’.

Por ejemplo, su relación con la tierra expresada en la autodenominación como “hijos e hijas de la tierra” (r’al ch’och), lo sagrado (loqlaj) que se traduce en la interrelación entre las esferas espiritual, natural y social y el fuerte sentimiento comunitario entre los miembros de las comunidades (junajil).

Para la agricultura q’eqchi’, la relación con los tzuultaq’a (cerros y valles) o espíritus de las montañas, los dueños de la tierra y de todo lo que vive en ella, es fundamental porque provee todo lo esencial.

Los q’eqchi’ perciben este proyecto como otro nimla rahilal, expresión que normalmente usan para referirse a la violencia sufrida en la época del conflicto armado interno.

La población teme profundamente que el impacto provoque un nuevo “gran dolor y sufrimiento”, localizado no solamente a nivel individual, físico y emocional, sino también a nivel colectivo y en la esfera espiritual.

La destrucción de las bases físicas – el río Chixoy, los afluentes, las orillas fértiles, otras tierras de cultivo, los bosques – y espirituales – las cuevas y otros sitios sagrados, los Tzuultaq’a, el maíz sagrado, los nacimientos de agua y ríos sagrados – impactará de manera irreversible en las comunidades indígenas.

Conclusiones del informe

El estudio concluye que si el Estado guatemalteco no cumple con sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos colectivos e individuales de la población que vive en la zona de influencia, se convertirá a los q’eqchi’ en un pueblo en constante desplazamiento.

Además, desde la percepción q’eqchi’, la construcción de esta represa implicará vivir en un estado permanente de violaciones individuales y colectivas de los derechos humanos, de la naturaleza y la espiritualidad.

Por tal razón, para garantizar su supervivencia cultural y la protección de los demás derechos humanos, el Estado guatemalteco debe obtener el consentimiento de los q’eqchi’ potencialmente afectados mediante un genuino proceso de consulta conforme los estándares internacionales de derechos humanos y con una amplia visión intercultural.

Objetivos y metodología de la investigación

El estudio se basa en una investigación de escritorio y empírica que ha utilizado una triangulación metodológica. Incluyó una misión de investigación de seis semanas entre mayo y junio 2014, durante la cual se mantuvieron entrevistas y reuniones con los actores clave locales, nacionales e internacionales, entre estos funcionarios del INDE.

En coordinación con la autoridades comunitarias de la microregión Nimlaha’kok, se realizaron grupos focales y reuniones para recoger sus preocupaciones y también sus percepciones sobre la consulta y los derechos potencialmente vulnerados.

La investigación fue financiada por el Departamento Norte-Sur de la Municipalidad de Herent (Bélgica), que desde 2000 mantiene un hermanamiento con las microrregiones de Nimlaha’kok y Nimlasachal de la municipalidad de Cobán, en Alta Verapaz.

También contó con el apoyo institucional del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Gante.

Fuente: Servindi