Gobierno impone estado de sitio en El Estor tras reprimir a población

Gobierno impone estado de sitio en El Estor tras reprimir a población que protesta pacíficamente
contra la operación ilegal de minera

La última ofensiva del Estado contra el pueblo Q’eqchi’ organizado en El Estor, inició el pasado viernes 22 de octubre, cuando la PNC y el ejército reprimieron con lujo de violencia y haciendo uso de gases lacrimógenos a la población organizada de decenas de comunidades Q’eqchi. Estas comunidades mantuvieron durante veinte días una protesta pacífica en la entrada del municipio, para evitar el paso de camiones cargados del carbón que la mina necesita para operar; exigiendo, de esta manera, que se cumpla la resolución de la Corte de Constitucionalidad – CC, que ordena la suspensión de la operación de la minera y que sean incluidos en las actividades de preconsulta, también resolución de la misma CC.

La represión se prolongó durante el sábado 23 y el domingo 24, con el allanamiento ya mencionado de las instalaciones de la Defensoría Q’eqchi’ y de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a y la imposición del estado de sitio durante 30 días, durante los cuales quedará limitado el derecho de manifestación y las fuerzas de seguridad podrán realizar detenciones sin orden judicial.

Además, la represión policial y militar ha venido acompañada de diversos ataques y vulneraciones al derecho a informar de los medios de comunicación alternativos y comunitarios, a quienes se les ha amenazado, intimidado e intentado censurar de diferentes maneras, y que tratan de ofrecer una versión diferente a la oficial, la cual busca criminalizar a la población Q’eqchi’ y hacerla responsable de un contexto de violencia que es responsabilidad exclusiva del Estado, al permitir y ser cómplice de la operación ilegal de la minera y usar la violencia para reprimir a la población que se opone pacíficamente a esta ilegalidad.

Desde la IM-Defensoras exigimos el cese inmediato de la violencia de Estado en el Estor, la suspensión del estado de sitio y el cese inmediato de la operación ilegal de la mina explotada por la empresa Solway, haciendo responsable al Estado guatemalteco de cualquier vulneración contra la vida y la integridad de las personas integrantes del pueblo Q’eqchi’ que se mantienen en resistencia para exigir que se cumpla la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Asimismo, exigimos que se respete el derecho a informar de todas las personas que trabajan para medios comunitarios o alternativos.

Abrazamos, acuerpamos y reconocemos la labor y la fuerza de las compañeras defensoras y parte del Consejo ancestral Maya Q’eqchi’ que se mantienen en la primera línea de la resistencia, exponiendo sus cuerpos y sus vidas para defender el agua y proteger el lago Izabal y la red de la vida frente a la industria de la muerte y a la complicidad del Estado con la misma.

Llamamos a la comunidad internacional a solidarizarse con ellas y con sus comunidades, denunciando la situación, uniéndose a sus exigencias y manteniéndose vigilantes de los acontecimientos.

Fuente: Prensa Comunitaria