Gobierno de Arévalo apuesta por nuevo mecanismo de diálogo ante los cientos de conflictos agrarios

Los conflictos agrarios en Guatemala son un problema recurrente, y algunos casos son incluso de carácter histórico. Desde el 2020 la entidad que se hacía cargo de atenderlos era la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), pero el presidente Bernardo Arévalo designó un nuevo mecanismo para atenderlos.

El acuerdo de creación de la Copadeh fue reformado la semana pasada y las frases que hacían alusión a los conflictos agrarios fueron removidas, dejando como parte de sus tareas específicamente los derechos humanos y la paz.

Ahora, los conflictos agrarios se atederán desde la subsecretaría del diálogo adscrita a la Secretaría Privada de la Presidencia.

Para atender los conflictos se firmó un convenio agrario como resultado de los diálogos sostenidos con los diferentes representantes indígenas en la transición de gobierno.

Se lograron cinco acuerdos los cuales son atención a la conflictividad agraria, acceso a la tierra, economía campesina, articulación territorial y creación de espacio político de comunicación permanente, según lo detalló Adrián Zapata, asesor de diálogo.

“Para nuestro gobierno el dialogo no es solo una herramienta es un pilar fundamental que impulsa la participación de la ciudadania”, aseguró Arévalo en el evento protocolario.

El mandatario resaltó que este convenio refleja el compromiso con la participación ciudadana, tomando en cuenta a todos los sectores. Fueron cuatro grupos campesinos los que firmaron el convenio con el gobierno el Comité de Unidad Campesina (CUC), Comité Campesino Del Altiplano (CCDA), Unión Verapacence de Organizaciones Campesinas (Uvoc) y Nuevo Día.

“El objetivo es muy sencillo, ya fue mencionado que en primer lugar es fomentar el progreso y bienenstar de las comunidades campesinas”, añadió el mandatario.

Son cerca de mil 500 casos de conflictividad agraria los que en su momento atendió la extinta Secretaría de Asuntos Agrarios, y el mismo número los que manejaba la Copadeh hasta el año pasado.

De acuerdo con la expicación del gobernante, en este mecanismo solamente se atenderán conflcitos agrarios, no ambientales, relacionados a minas o hidroeléctricas, ni el conflicto con Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

El comisionado por la Paz y los Derechos Humanos, Oswaldo Samayoa, explicó a Prensa Libre que si bien la Comisión no se hará cargo de los conflictos agrarios, colaborarán en este mecanismo especializado, sobre todo en materia preventiva.

“Lo que estamos generando ahorita son estrategias adecuadas para para atender los mismos”, señaló Samayoa.

Retos

Uno de los retos es la reconfiguración de la institucionalidad agraria que incluye al Fondo de Tierras, al Registro de Información Catastral, Registro General de la Propiedad y los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación y de Desarrollo Social, esto a juicio de Claudia Villagrán,  exsubsecretaria de resolución de conflictos de la Secretaría de Asuntos Agrarios.

“Luego de alinear, de armonizar a la institucionalidad y también en algún momento ver cómo hacer que el Congreso tome decisiones que ha ido postergando por muchos años como estos temas de límites municipales”, comentó.

Asimismo, criticó que en los últimos años muchos de los conflictos agrarios se abordaron de una manera represiva más que con el diálogo. Y añadió que se deben priorizar los conflictos que generan más ingobernabilidad.

Sobre esto, Samayoa destacó que no se usará la fuerza para atender estos conflictos, sino se atenderá desde un marco de diálogo y negociaciones, mismo que responde a este nuevo mecanismo presentado.

“La seguridad democrática nos dice que el uso de la fuerza es de último y lo primero que se tiene que hacer es gestionar los acercamientos, las negociaciones y el diálogo con las personas o los que estén en conflicto”, indicó.

Fuente: Prensa Libre