Genómica, biopiratería y pueblos indígenas

A escala internacional existen, entre otros, el Proyecto Genográfico (de IBM y National Geographic) y el Proyecto HapMap (de Estados Unidos y otros gobiernos, junto a grandes trasnacionales farmacéuticas e informáticas). En México se destacan las actividades coordinadas por el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), que comenzó afirmando que México era un país de "oportunidades para la industria farmacéutica" debido a sus "60 grupos étnicos", pero luego cambió de lenguaje para disimular sus intenciones, asegurando que su proyecto Mapa Genómico de los Mexicanos se haría con poblaciones "mestizas". Desde el 22 de marzo pasado se quitó otra vez la máscara, cuando por pedido del gobierno represor de Oaxaca y en presencia de Ulises Ruiz, el Inmegen firmó un acuerdo con los servicios de salud estatales e instituciones de educación superior de esa entidad, para muestrear a los "grupos étnicos" del estado. Comenzaron por la Sierra Norte y la Mixteca. Varios otros pueblos indígenas están en la mira, como tzeltales, wixarica (huicholes), ñahñúes (otomíes), comca'ac (seris) y otros, pero el Inmegen y las instituciones implicadas no abren la información, esperando evitar la resistencia de los pueblos indios, su principal materia prima.

Ya desde antes existían múltiples proyectos de muestreo sanguíneo de indígenas -que ahora convergen con los del Inmegen- realizados por investigadores de la Asociación Mexicana de Genética Humana, de institutos académicos, como el Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara (CUCI-UdeG), y otros, incluyendo la UNAM. A menudo estas investigaciones están vinculadas a programas de salud públicos, que llegan a los pueblos a tomar muestras alegando diversos programas de prevención. Incluso hay casos en que están ligados a la recepción de programas de asistencia, como Oportunidades.

Esos proyectos no le han servido -ni le servirán- en absolutamente nada a los pueblos indios, pero a los investigadores les han reportado publicaciones, créditos académicos y becas, y a las instituciones la justificación para pedir asignación de recursos públicos, y en ambos casos, producir información que luego es capitalizada por las grandes empresas farmacéuticas. En algunos casos, las muestras obtenidas fueron a parar a "bancos genéticos" internacionales, y hasta hoy en día se pueden comprar por Internet, por ejemplo en el Instituto Coriell de los Institutos de Salud de Estados Unidos, copias de material genético de indígenas mexicanos de varios pueblos, desde 85 dólares la muestra. Algunas muestras colocadas en Internet han sido patentadas por empresas o investigadores.

Muchos estudios de antropología biológica y antropología física basados en muestras de sangre de pueblos indios no hubieran podido ser realizados si los pueblos hubieran sabido realmente el objetivo de éstos. Un ejemplo entre otros: los estudios comparativos entre los pueblos purépecha, wixarica y rarámuri de Héctor Rangel Villalobos son un profundo insulto a esos pueblos. Aunque para los investigadores es apenas "investigación", para los pueblos tal tipo de estudio y comparación es una ofensa, que no sería nunca aprobada en sus asambleas. Es posible que se les haya dado alguna información a los individuos de que las muestras serían para "investigación científica", pero esto de ninguna manera se puede considerar "consentimiento informado", ya que las personas muestreadas no aportan información individual, sino información genética de todo el pueblo al que pertenecen. Por tanto, es un tema del pueblo o nación, no de individuos.

La mayoría de estos proyectos afirman, sin embargo, que los muestreados han sido informados y consultados previamente. Pero la información que se les entrega -cuando esto sucede- es totalmente fragmentaria y no da una idea real de lo que puede suceder posteriormente con las muestras obtenidas. O desde el inicio la institución se desvincula de toda responsabilidad futura. Tal es el caso del proyecto Mapa Genómico de los Mexicanos, del Inmegen. El formulario de "consentimiento informado" que entrega esta institución dice textualmente: "no se puede predecir siempre el resultado de la investigación (sic) por lo que pueden surgir riesgos en el futuro que no podemos predecir ahora". En la práctica el Inmegen se deslinda así del uso que cualquier persona, empresa o gobierno le dé a la información genética que extraen.

Un asunto extremadamente serio, ya que el Inmegen, que vive de fondos públicos -y privados-, pero sobre todo de los genes de la población mexicana, incluyendo indígenas; desde su concepción tiene relaciones incestuosas con fuertes intereses privados nacionales y con trasnacionales farmacéuticas y bioinformáticas cuyo objetivo es lucrar con esa información. Esto por medio de productos farmacéuticos para las minorías que puedan pagarlos, pero también de muchos otros usos posibles. Por ejemplo, vendiéndole información sistematizada a bases de datos gubernamentales (nacionales o extranjeras) que en un futuro -del que el Inmegen ya se ha deslindado- puede ser usada contra los propios pueblos.

Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC.

Fuente: La Jornada