Fusilado por Gendarmería: el asesinato del joven indígena Ivo Torres en Jujuy

Cuatro gendarmes son investigados por el crimen de Ivo Torres, integrante de la comunidad San Juan de Quillaques, de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (Jujuy). El hecho ocurrió el jueves 6 de febrero en La Quiaca, cuando los efectivos perseguían al joven de 22 años mientras transportaba hojas de coca a su localidad. El abogado de la familia, Carlos Sebastián Espada, confirmó que el viernes por la noche la causa pasó del Poder Judicial provincial al fuero federal. La autopsia confirmó que la muerte se produjo por una herida de bala. La jueza federal Carina Inés Gregoraschuk dictó la prisión preventiva de los cuatro gendarmes. Esta semana la defensa de la familia se constituirá como querellante.

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, a través del fiscal regional Alberto Mendivil, había tomado la causa en las primeras horas de la investigación. Tras el cambio de fuero, la carátula de la misma cambió a “homicidio agravado” sobre los cuatro gendarmes detenidos: el subalférez Alexander Ezequiel Gunther, el sargento primero Walter Daniel Álvarez, el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki y la cabo Juliana Carina Enciso, quienes estuvieron en el móvil durante la persecución y el asesinato de Ivo Torres. La imputación tomó como agravante la función o cargo “cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario".

La autopsia contó con la presencia de la perito de parte Silvia Brizuela, en representación de la familia de Torres. Al finalizar la misma, confirmó que el joven recibió dos disparos de bala en su cuerpo y que uno de ellos fue mortal. También que los recibió mientras conducía la moto, de cerca, y que si bien hay que determinar otras pruebas criminalísticas, se trataría de balas de calibre nueve milímetros, del mismo tipo que utiliza la Gendarmería. La moto que conducía el joven tenía siete disparos, según informaron su familia y el abogado.

Rodrigo Ivo Torres residía en Barrancas, en la cuenca de Salinas Grandes, a 174 kilómetros de la capital jujeña. Había nacido en la comunidad de San Juan de Quillaques, parte del mismo territorio. Estudiaba turismo en el Instituto de Educación Intercultural "Carpinta Guazu Gloria Pérez" y trabajaba en la agricultura y el pastoreo del ganado con su familia. También hacía changas y compraba hojas de coca para venderla a sus pares, como salida para ayudar a que sus hermanos terminen los estudios. 

Desde el viernes fueron múltiples las expresiones de repudio y de pedido de justicia desde las organizaciones indígenas que integraron en 2023 el Tercer Malón de la Paz. La Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que nuclea a más de 33 comunidades indígenas, de la que Ivo y su familia son parte, expresó: “Este hecho de violencia nos duele y nos indigna. No podemos permitir más atropellos contra nuestros hermanos. Exigimos una investigación transparente y castigo para los responsables”.

Jóvenes de la Cuenca de Salinas Grandes lo recordaron por su solidaridad y por compartir otras salidas ante el avance minero en el territorio y por dedicarse a proyectos de turismo rural y comunitario. También se expresaron la Nación Omawaca, el Parlamento de Naciones, Pueblos y Comunidades Indígenas “Narciso López”, Malón Vive, HIJOS Jujuy y sectores docentes como El Hormiguero.

El gobierno nacional viene reforzando las políticas que sojuzgan a amplios sectores de la población. Y que se expresan con mucha crudeza con acciones constantes de discriminación, racismo y xenofobia en las fronteras, “en nombre de la lucha contra el narcotráfico” contra quienes trabajan para sobrevivir como Ivo o como  Fernando Gómez, joven bagayero asesinado en diciembre pasado en Salta y por el que también se investiga a efectivos de Gendarmería. 

Recientemente se conoció el cerco fronterizo que se quiere construir en la frontera de Salta con Bolivia, promovido por el gobierno de Gustavo Sáenz y avalado por Patricia Bullrich. En Jujuy el cobro a los extranjeros por acceso a la salud, es parte de la política antiinmigrante sobre todo con las hermanas y hermanos bolivianos.

Los hechos

El asesinato de Ivo trascendió el jueves por la noche y llamó la atención la poca información que circuló respecto de lo que es un crimen de Estado. Mientras el joven era perseguido por los cuatro efectivos de la Gendarmería Nacional pertenecientes al Escuadrón 21, por una zona periférica en la salida de La Quiaca, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, estaba en la ciudad y desarrollaba actos protocolares junto al intendente Dante Velázquez, funcionarios y diputados de la UCR y el PJ.

La única información de ese momento la brindó el local La Quiaca al Día. Dio cuenta de que la causa estaba en manos del Poder Judicial provincial, a través del Ministerio Público de la Acusación, y de que los gendarmes estaban detenidos. Reina Alancay, madre de Ivo y familiares, solamente recibieron llamados desde la Policía de la ciudad de La Quiaca y de la Fiscalía.

Fueron los organismos de derechos humanos, las comunidades y organizaciones indígenas, y la izquierda quienes se hicieron eco de lo transmitido por la referente indígena, Aurora Choque, quien dio a conocer lo que había sucedido con quien era su sobrino. Eso permitió romper el cerco mediático y que se cambien el fuero y la carátula.

La Policía, través de un funcionario a cargo, brindó una conferencia de prensa recién el viernes a la tarde a medios locales dando cuenta que “se tomó conocimiento de un accidente de tránsito” aproximadamente a las 10.30 horas del jueves y que fueron a constatar el hecho en la zona del barrio Las Praderas, en el acceso sur de La Quiaca. 

Sostuvo que el personal policial se encontró con la presencia de efectivos de Gendarmería y del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia, y que procedieron a dar aviso a la Fiscalía, donde se demoró a los cuatro efectivos. Según dichos del funcionario supuestamente el “personal de Gendarmería había detectado a una persona que circulaba y que aparentemente transportaba hojas de coca”.

El Ministerio de Seguridad, comandado por Bullrich, a cargo del accionar de Gendarmería Nacional, no emitió opinión al respecto. La situación es muy grave, ya que Ivo fue perseguido por cuatro oficiales y le dispararon aparentemente a quemarropa con balas de plomo. El joven solo llevaba hojas de coca, que se consume masivamente en la provincia, a su comunidad —que vive alejada de los centros urbanos— para su venta en el lugar.

El gobernador Sadir tampoco emitió opinión al respecto, más allá que hubo actuación del Ministerio Público de la Acusación y de policía de la provincia.

Mientras se realizaba la autopsia en la morgue judicial, además de los familiares estuvieron referentes de derechos humanos, como Fabiola Suarez de la Coordinadora contra la represión y la diputada Natalia Morales (PTS-FIT), integrante de la comisión de derechos humanos de la Legislatura de Jujuy, entre otros. 

Leonardo Pérez Esquivel e integrantes de la Misión de Defensa de los Derechos Humanos articularon para poner en contacto a la perito de parte con el equipo forense de Buenos Aires, y que se pueda garantizar el protocolo de Minnesota (recomendado por las Naciones Unidas para realizar autopsias en el marco de investigaciones de crímenes de lesa humanidad). Sostuvo que la autopsia tendría que haberse desarrollado en el fuero federal, pero el hecho de que se haya acelerado la misma impidió solicitar el cambio, más aún si en las primeras horas la causa se tramitaba en el Poder Judicial provincial.

En el Congreso Nacional, el bloque del FIT presentó con urgencia la interpelación a la ministra Bullrich por este hecho y por el crimen de Fernando Gómez.

Fuente: Agencia Tierra Viva