Fumigaciones colombianas en la frontera

Adital - El documento fue divulgado después de un encuentro diplomático en Quito, el último día 16 de agosto, entre los Cancilleres Francisco Carrión, de Ecuador, y María Consuelo Araújo, de Colombia.

El resultado del encuentro fue considerado "altamente satisfactorio" por las autoridades de ambos países, debido a la promesa de Bogotá de mantener la suspensión temporaria de las fumigaciones. Pero, la negación, por parte de las autoridades ecuatorianas, de la declaración del oficial estadounidense Javier Delucca, integrante del FOL (Forward Operating Location), de que la Base de Manta es parte del Plan Colombia, es vista por los movimientos sociales del país como una tentativa "de tapar el sol con un colador".

Según el documento divulgado por el Grupo de Monitoreo, "el país entero sospecha, desde 1999, que, más allá de lo que dice la diplomacia ecuatoriana y las aclaraciones subsiguientes de Bogotá o de Washington, el discurso de los responsables militares del FOL de EEUU en la Base de Manta está de acuerdo con lo que siempre se pensó: que la base de Manta es un componente estratégico y logístico de inteligencia en tiempo real, en apoyo de las operaciones ejecutadas en el marco del Plan Colombia."

El encuentro tampoco aclaró la demora del gobierno colombiano para responder a las recomendaciones de la ONU, de febrero de 2006, de que es necesaria la formación de una comisión para evaluar el impacto de las fumigaciones sobre la salud humana y sobre el medio ambiente de Ecuador, y que, mientras esa comisión no elabore las conclusiones, no deben ser reiniciadas las fumigaciones en el espacio de frontera entre Ecuador y Colombia. Más de seis meses después de la fecha de la recomendación, la respuesta colombiana todavía no es pública.

El departamento colombiano de Putumayo, ubicado en la frontera con Ecuador, fue informado, el 10 de agosto, de que las fumigaciones en el lugar iban a ser reiniciadas. Tres días después del informe, las fumigaciones recomenzaron y las plantaciones fueron siendo destruidas hasta el 16 de agosto, fecha en la que fue realizada la reunión diplomática. Las fumigaciones, además de afectar a los municipios de la frontera ecuatoriana, perjudican a los ciudadanos colombianos que enviaron cartas firmadas por 6 mil familias, solicitando al presidente colombiano Álvaro Uribe el apoyo gubernamental para fortalecer el desarrollo alternativo, en vez de utilizarse la fuerza.

El documento del Grupo de Monitoreo cuestiona además el uso de erradicación manual de la plantación como estrategia represiva anti-drogas: "esa expresión del Plan Colombia cae sobre los territorios, no sobre los vegetales ilícitos. Bogotá dice que ‘Colombia es soberana para decidir si fumiga o arranca’, pero Ecuador puede advertir las consecuencias que en nuestra frontera traería la combinación de fumigaciones con la nueva política de erradicación forzada por medios manuales, usando paramilitares desmovilizados, acusados como narcotraficantes por el propio Departamento de Estado (colombiano), pues no es casual ni está aislada de los enfoques y ajustes de Washington para el área andina."

Los problemas presentados por el documento ponen en riesgo la capacidad de los ecuatorianos de "escoger su destino", por eso los integrantes del Grupo de Monitoreo reafirman la posición en favor de una "política exterior y en las fronteras, que está empeñada en consolidar la organización civil y el tejido social, para la creación de Territorios de Paz Fronterizos y en presionar para que Ecuador recupere la ejemplar política exterior de paz, autodeterminación y soberanía que tuvo al inicio de la década de 1980."

Traducción: Daniel Barrantes - moc.liamg@leinad.setnarrab

Fuente: ADITAL, 24-8-06