Firma de TMEC abriría la puerta a patentar genes y cobro de regalías a agricultores de México por parte de transnacionales

Ante esto, la alternativa es que el Senado o el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promueva una salvaguarda y se retire del T-MEC y TPP11, la obligatoriedad de adhesión dicha acta,

Adherirse al Acta UPOV 91 “es sumamente grave, por los impactos que impedirían contar con semillas publicas mejoradas y nativas mexicanas, y constituye en una traición al campo, a los productores, a la Cuarta transformación”, expresó el presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Alejandro Espinosa Calderón.

Recordó que se han hecho intentos para que México se adhiera a la UPOV acta 91, uno de ellos en 2012, que fue suspendido en la Cámara de Diputados, y este año el diputado de MORENA, Eraclio Rodríguez Gómez, convencido funcionarios de administraciones anteriores que se han mantenido en diferentes instancias del actual gobierno, presentó el 19 de febrero pasado la iniciativa de Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), donde se señala que dada la obligatoriedad de adhesión de México a tratados comerciales (T-MEC y TPP11), conviene ubicar ya a México en el acta UPOV versión 1991.

Espinosa Calderón expuso que quienes vienen cabildeando la LFVV tuvieron anuencia del propio secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para presentar la iniciativa, el subsecretario de la dependencia y el Coordinador de Desarrollo Rural, lo que “constituye un despropósito frente a los principios que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien debe estar informado por lo menos de lo que significa la adhesión a UPOV ACTA 91, a través de TMEC que incluye la adhesión al Acuerdo de Budapest, igualmente terrible”.

En un análisis, detalla que “el Acta UPOV 91, patenta genes y variedades, limita el uso e intercambio de las semillas por parte de los agricultores, como lo hacen de manera milenaria, prohíbe la derivación esencial de variedades, afecta directamente la diversidad genética y extiende los derechos de las semillas patentadas incluso a los productos que genera la variedad patentada”.

Y subraya: “es el escenario jurídico ideal para que los oligopolios controlen completamente las semillas y transgénicos, permitiría el despojo más grave en la historia de la humanidad, ya que, si se contaminan los maíces nativos por híbridos patentados, los genes que tendrían los maíces nativos otorgarían el derecho de propiedad a los dueños de las patentes”.

En el Acta UPOV 91, apunta, se ubican países como Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, es decir los países de las grandes corporaciones y oligopolios, donde están patentados transgénicos, frutillas, hortalizas, flores, etc

El investigador recuerda que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, México se obligó a incorporarse a la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), lo que se concretó en 1997, después de contar con la LFVV promulgada en 1996, adhiriéndose al Acta UPOV 78, donde no se patentan genes y variedades, se privilegia el derecho milenario de los agricultores a usar e intercambiar sus semillas, se favorece la diversidad genética, se permite la “derivación esencial de variedades”, la protección de variedades es “sui generis”. Aquí se ubican países que como México poseen biodiversidad genética y usos similares de semilla propia como son Guatemala, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, India, entre otros.

Desde hace años –recalca Espinosa Calderón– en México y otros países se ejerce presión reubicar a los países del Acta 78 al Acta UPOV 91, para lograr el control de las semillas a nivel mundial, en especial la industria multinacional de los cultivos transgénicos tiene patentados sus desarrollos tecnológicos, lo que les da derecho legal al cobro de regalías.

Quienes pagan las regalías en los países que se adhieren al Acta UPOV 1991 son: productores que voluntariamente establecen contratos con la industria para el uso de sus productos; productores de granos o de semillas, bajo mandato judicial, cuando la(s) variedad(es) que siembran o comercializan hayan sido voluntaria o involuntariamente contaminada(s) con los transgenes patentados y sujetas a juicio.

En este contexto, “México y varios otros países que son centros de origen y/o de diversificación de especies cultivadas experimentan presiones exógenas para adoptar el Acta UPOV 1991”, manifiesta el investigador.

Fuente: Imagen Agropecuaria