Europa: La ECVC presenta propuestas concretas para garantizar precios justos a lxs campesinxs
En un comunicado de prensa emitido el 27 de febrero, la Coordinadora Europea Vía Campesina exigió que se obligue a nivel de la UE a garantizar que los precios pagados a lxs agricultorxs cubran los costes de producción, incluida una renta digna por el trabajo de lxs agricultorxs y trabajadorxs agrícolas y sus cotizaciones a la seguridad social.
He aquí lo más destacado;
La ECVC cree firmemente que la directiva de la UE sobre prácticas comerciales desleales (UTP) (aplicada en España) ofrece varias medidas pragmáticas para garantizar precios justos a los productos de los agricultorxs. De hecho, obliga a cada eslabón de la cadena alimentaria a cubrir sus costes de producción, empezando por lxs productorxs. La ECVC ha exigido que esta directiva se retome a escala de la UE para reforzarla.
A través de la ley, lxs productorxs tienen derecho a denunciar de forma anónima a cualquiera que compre sus productos a un precio inferior a sus costes de producción, que ellos mismos determinan para sus productos caso por caso. Esto puede acarrear fuertes sanciones. Durante el primer trimestre de 2023, el Gobierno español anunció que se había sancionado a 55 empresas, señaló ECVC.
Otro aspecto de la directiva es el Índice de precios origen-destino (IPOD) que se publica cada mes para comprobar el abuso de poder y la imposición de precios por debajo de los costes de producción por parte de la agroindustria y los distribuidores. Este índice nació en 2008 como una iniciativa de organizaciones de agricultorxs y consumidorxs, e ilustraba la diferencia entre los precios pagados a los agricultorxs y los pagados por lxs consumidorxs. Esta diferencia ascendía a más del 500%, lo que indicaba que los mayores beneficiarios de la desregulación del mercado han sido los operadores más fuertes (generalmente los grandes distribuidores) y los más perjudicados lxs campesinxs y lxs consumidorxs.
ECVC también exigió que la UE debe garantizar un alto nivel de control público y la transparencia de los precios a través de instrumentos como la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que para llevar a cabo inspecciones de oficio de cumplimiento y ejecución de los contratos, sobre los abusos de precios – y – El Observatorio de la Cadena, que se encarga de realizar estudios de precios y costes a lo largo de la cadena de valor de cada producción agrícola y animal.
“Los precios por ley deben cubrir los costes de producción en cada eslabón de la cadena, empezando por el agricultor, y el coste debe incluir una renta digna para lxs agricultorxs y todos los trabajadorxs agrícolas”, señala el comunicado.
Entre otras propuestas, ECVC también exigió que se prohíba la venta a pérdidas. Los agricultores deben cobrar en un plazo máximo de 30 días cuando vendan un producto perecedero y de 60 días si se trata de productos transformados. Las sanciones deben ser importantes si no se cumplen los puntos anteriores. Los observatorios de precios a nivel nacional y europeo deben proporcionar los niveles de margen neto por marca y fabricante. Debe haber transparencia en las condiciones de negociación comercial.
Por último, esta ley no será completamente eficaz si no se aborda el comercio internacional, apartando a la OMC de la agricultura y poniendo fin a los acuerdos de libre comercio. Se debe implementar un nuevo marco comercial basado en la soberanía alimentaria para permitir la deslocalización de la producción agrícola y evitar que la producción nacional compita con las importaciones que mantienen los precios bajos. Además, estos acuerdos de libre comercio agravan las crisis climática y de biodiversidad y dañan los sistemas alimentarios de Europa y del resto del mundo.
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Fuente: La Vía Campesina