En el Bajo Aguán, Honduras, toletazos, gases y cárcel contra campesinos en lucha

La criminalización de la protesta campesina en Honduras no para. En días pasados, la capital hondureña fue escenario de una nueva y violenta represión policial contra cerca de 350 campesinos y campesinas pertenecientes a diferentes organizaciones del Bajo Aguán, quienes fueron desalojados de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia a punta de toletazos y gases lacrimógenos, cuando exigían una solución rápida y urgente al conflicto agrario de la región norte del país, así como el cese de la represión y el fin de la impunidad.

Específicamente, las organizaciones campesinas del Bajo Aguán pedían reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Rivera Avilés, para plantearle la necesidad de que se juzgue con imparcialidad el caso de las tres fincas en posesión del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA). Los campesinos pedían también la suspensión inmediata de los juicios amañados en su contra, así como la liberación de 25 campesinos que fueron detenidos el pasado 21 de agosto.

Pero en lugar de aceptar la solicitud de diálogo, la policía preventiva procedió con el uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, dejando una decena de personas heridas, seis menores con asfixia por el gas lacrimógeno y 25 campesinos detenidos, entre ellos Yoni Rivas y Vitalino Álvarez, secretario general y vocero del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), respectivamente; Carlos Ramón Navarro, presidente de la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH); y Antonio Trejo, apoderado legal del MARCA.

Los campesinos detenidos fueron acusados de manifestación y asociación ilícita, y se les dictaron medidas sustitutivas a la prisión, prohibiéndoles participar en cualquier manifestación popular en las calles del país. Sirel Vitalino Álvarez, vocero del MUCA, dijo que permanecieron incomunicados por más de 24 horas y que las personas heridas y golpeadas durante el desalojo no tuvieron acceso a medicamentos.

“Nos acusaron de manifestación ilícita y nos liberaron a las dos de la mañana. Ahora pretenden que no participemos en protestas públicas, pero no podemos dejar de reclamar justicia, ni abandonar la lucha por nuestros derechos. En estos días hemos vivido en carne propia la manipulación de quienes controlan el país. Hemos visto el poder que tienen y sus planes para destruirnos. Sin embargo no nos van a poder detener y vamos a seguir exigiendo justicia”, dijo Álvarez.

Mientras en la capital los 25 campesinos detenidos eran inesperadamente procesados, en el Bajo Aguán un fuerte contingente policial atacaba sin piedad a centenares de campesinos, que protestaban exigiendo la liberación de sus compañeros.

El saldo de la represión desatada en Planes, municipio de Sonaguera, Colón, es de 20 detenidos, entre ellos cinco menores de edad, y varios heridos. También fue detenido Rigoberto Durán Cruz, miembro del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos del Aguán (OPIDHA).

“Es evidente que hay poderes fuertes que están operando de manera oculta, tratando de maquillar la represión y las ilegalidades que se están llevando a cabo desde los poderes del Estado, con el fin de frenar la protesta de los campesinos que en todo el país están luchando por su derecho a la tierra”, aseveró Dina Meza, defensora de derechos humanos y periodista del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). De acuerdo con organizaciones de derechos humanos nacionales, la delicada situación que se ha generado en estos últimos días evidencia la presencia de fuerzas ocultas, que estarían orquestando una campaña para desprestigiar, criminalizar y desmovilizar al movimiento campesino.

“Los campesinos fueron reprimidos y detenidos ilegalmente. La misma Fiscalía dijo que no había argumentos para proceder a acusarlos y hasta se firmó un acta de conciliación”, dijo Meza.

Sin embargo, Elvis Bonilla, jefe de la policía metropolitana número 1, por mandato del propio jefe de la policía hondureña, Juan Carlos Bonilla, decidió de manera autoritaria llevarse a los presos, manteniéndolos por más de un día incomunicados en la estación de policía CORE 7, hasta que la Fiscalía “decidió” cambiar de opinión y procesarlos.

Ante esto, Lista Informativa Nicaragua y Más (LINyM) conversó con Juan Carlos Bonilla sobre la violenta represión llevada adelante por efectivos policiales contra miembros de diferentes organizaciones campesinas del Bajo Aguán, y sobre las razones de la detención y enjuiciamiento de 25 campesinos por el supuesto delito de manifestación, asociación ilícita y daños a la propiedad.

El comisionado se extrañó al enterarse de que los campesinos habían sido procesados y, sucesivamente, liberados con medidas sustitutivas a la prisión. De acuerdo con él, los campesinos habían sido trasladados al Juzgado de Conciliación y puestos en libertad. Ni siquiera parecía estar al tanto de cómo se había desarrollado la situación durante las jornadas del 21 y 22 de agosto.

Cabe preguntarse, ¿Quién tomó la decisión de mantenerlos detenidos por más de 24 horas y forzar la decisión de la Fiscalía, que ya había dicho no tener argumentos para proceder a acusarlos?

¿Qué informaciones tiene sobre la situación de los 25 campesinos del Bajo Aguán que fueron detenidos el día 21 de agosto?

El tema se está manejando a nivel de Corte Suprema de Justicia y de Ministerio Público. Sabemos que allá (Bajo Aguán) hay un problema de tipo social y como policía nacional lo que hacemos es atender a los requerimientos de la Fiscalía. A parte de eso, hacemos que se respeten los derechos de cada uno de los campesinos, porque tenemos derecho de manifestarnos libremente, pero no de obstruir los derechos de los demás. Por todos los medios se busca la conciliación.

Tengo entendido que el grupo del MUCA causó daños a la propiedad de la Corte Suprema de Justicia y que la policía intentó dialogar. Posteriormente, siempre según la información que me dieron, hubo un desalojo, durante el cual en ningún momento se trató de violentar los derechos a los campesinos.

¿Qué pasó después?

Fueron remitidos a las oficinas del Ministerio Público y puestos en libertad. La información que tenemos es que en un primer momento la Fiscalía no encontró argumentos para acusarlos y hasta se firmó un acta de conciliación, pero que cuando ya los estaban poniendo en libertad hubo una intervención del jefe de la policía metropolitana número 1, Elvis Bonilla.

De acuerdo con varios testigos, Bonilla recibió una orden directa de usted para que se mantuvieran detenidos y se trasladaran a otro lugar. ¿Usted participó de esta situación?

Cada oficial de policía encargado de una Estación Departamental o de una Metropolitana tiene el conocimiento de la ley y de lo que le corresponde hacer. Sí, quiero manifestar que hice la pregunta de cuál había sido el procedimiento que habían utilizado con los campesinos (detenidos), y se me manifestó en ese momento.

¿Quién le manifestó?

El director de Servicios Especiales de la Policía Preventiva, Alex Villanueva, y posterioremente hablé también con el subcomisionado, Elvis Bonilla Andara. También hubo comunicación directa con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde hicimos la coordinación para preguntar qué era lo que estaba pasando. En este sentido Bonilla Andara me dijo que los había remitido (a los campesinos detenidos) a la Fiscalía y que los fiscales no quisieron recibirlos, diciendo que los mandáramos al juzgado de Conciliación.

Aquí no se trata de ver quién tiene la culpa en algo, sino que son cosas de procedimientos. Si usted causa daño a la propiedad o lanza piedras a una autoridad o a un ciudadano comete un delito, y en presencia de un delito, el procedimiento es remitir la persona al Ministerio Público, para que tome el procedimiento respectivo.

Si es una situación de falta, la policía puede retener la persona por 24 horas. En este caso miré algo raro: si estamos en presencia de un delito ¿por qué se remitieron los campesinos a un juez de Conciliación? Hasta me llamó el presidente de la Corte Suprema de Justicia y le expliqué lo que estaba pasando y que ya los habían puesto el libertad.

En ningún momento voy a dar la instrucción para que se haga lo contrario, sino que cada quien sabe lo que tiene que hacer y lo que corresponde de acuerdo a la ley.

Reitero y concluyo: en este caso los campesinos fueron remitidos al juez de Conciliación y ahí todo terminó. Aquí todo el mundo quiere lavarse las manos y yo estoy en contra de eso, porque uno debe ser responsable de todas sus actuaciones.

Pero, ¿cómo se explica ese cambio que hubo en la decisión de enjuiciarlos?

No ha habido ningún cambio. Tengo entendido que quedaron en libertad y no se reportó algo diferente.

Comisionado, no fue así. Los campesinos fueron retenidos por más de 24 horas y fueron enjuiciados. Los liberaron a las dos de la madrugada de hoy con medidas sustitutivas a la prisión.

Yo salí de Tegucigalpa la tarde de ayer y la información que le he dado ha sido clara.

¿Va a investigar lo que ha pasado? Porque parece que no tiene información sobre lo que ha ocurrido.

Voy a investigar lo que ha pasado, porque si habían cometido una falta tenían que ser puestos en libertad dentro de las 24 horas y si había un delito se iban a pasar a la Fiscalía.

Por lo que sabemos fueron retenidos casi 48 horas.

No, no fueron retenidos 48 horas. Nuestra policía nacional no va a retener una persona por 48 horas, le corresponde únicamente 24 horas. Si la información que circula es esa, yo, al llegar a mi país, voy a hacer las investigaciones del caso, porque tengo un respeto irrestricto a los derechos humanos y a todos los derechos de la persona.

Un frente ante la impunidad

Ante el ya conocido silencio de las autoridades hondureñas, a quienes les compete este caso, ha empezado a circular un comunicado firmado por 14 organizaciones y redes internacionales de la sociedad civil en el que expresan su profunda preocupación sobre los recientes actos de represión, violencia y criminalización contra las organizaciones campesinas del Bajo Aguán. Las organizaciones internacionales, muchas de las cuales integraron la Misión Internacional de Verificación sobre la Situación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán (marzo 2011) y organizaron la Audiencia Pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán (mayo 2012), manifestaron que: “Los últimos actos de represión y criminalización demuestran que las autoridades de Honduras aún mantienen la misma postura parcializada contra las comunidades campesinas envueltas en un conflicto agrario para el que no se encuentra solución integral, justa, pacífica y sostenible”.

Además, manifiestan que “persiste la violencia y violación a los derechos humanos y la impunidad por el desinterés de las autoridades correspondientes de investigar y castigar a los culpables de los atentados y asesinatos contra miembros de las agrupaciones campesinas en la zona”.

Según datos de estas organizaciones y redes internacionales, serían 53 las personas afines y afiliadas a las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, más un periodista y su pareja, que han sido asesinadas desde septiembre de 2009 hasta la fecha, en el marco del conflicto agrario que aqueja a la región. Además, un campesino continúa desaparecido desde el 15 de mayo de 2011. Ninguno de estos crímenes ha sido investigado.

Ante esta situación, las 14 organizaciones y redes lamentaron que ante la protesta pacífica, la respuesta sigue siendo “la ejecución de violencia y criminalización”. Además, remarcaron que continúa “la amenaza de desalojos forzosos contra las comunidades campesinas favorecidas por sentencias firmes que restituyeron su derecho a la tierra”.

También dijeron estar convencidas que el camino hacia la solución del conflicto del Bajo Aguán debe ser “a través del irrestricto respeto y la plena protección de los derechos humanos, y no mediante la violencia, la represión y la criminalización de la lucha campesina”. Reiteraron que, en cuanto parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Honduras está obligada a “respetar, proteger y garantizar estos derechos, cuyos titulares también son las y los campesinos hondureños”.

Finalmente, las organizaciones y redes internacionales volvieron a presentar las recomendaciones incluidas en la Declaración final de la Audiencia Pública. Entre otros puntos pidieron investigar y sancionar de forma expedita todos los crímenes cometidos, el cese inmediato de la represión y de los desalojos forzosos contra las comunidades campesinas, así como la búsqueda “de una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas”.

También solicitaron a la comunidad internacional insistir para que el Estado hondureño investigue y sancione los crímenes, procure que la cooperación internacional bilateral y multilateral con el Estado hondureño y las compañías privadas “no contribuya a violaciones de derechos humanos”, así como “suspender la cooperación internacional que promueve la militarización y que agrava la situación de derechos humanos”, en particular en el caso de la asistencia militar de Estados Unidos.

“Las organizaciones internacionales seguiremos monitoreando con mucha atención la situación del Bajo Aguán, tomando en consideración que el conflicto agrario del Bajo Aguán es el más grave, en términos del grado de violencia en contra de las y los campesinos en Centro América, en los últimos 15 años”, concluye el extenso comunicado.

Éste es solo un ejemplo de las varias situaciones de violación a los derechos humanos que dejan ver los intereses económicos de los poderes fácticos en Honduras, en una campaña abierta para desmovilizar, deslegitimar y criminalizar al movimiento campesino no sólo del Bajo Aguán, sino también de los movimientos sociales, indígenas y garífunas de esta región.

Fuente: Desinformémonos