En apoyo a la demanda del defensor del pueblo argentino contra REPSOL

Desde la Campaña de Afectados por Repsol YPF celebramos la decisión del Defensor del Pueblo Argentino, Eduardo Mondino, de denunciar ante el Tribunal Supremo a 17 compañías petroleras, entre las cuales se encuentra Repsol YPF, por los daños ecológicos generados y de demandar el abono de 406 millones de Euros en concepto de reparación.

Queremos recordar que desde hace varios años, las poblaciones de diferentes países, afectadas por las actividades de estas petroleras, y de Repsol YPF en particular, han venido apuntando tanto los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales, como la irresponsabilidad e impunidad que caracteriza el comportamiento de estas empresas. Por lo tanto, el caso argentino, no es un caso aislado.

La Audiencia Preliminar del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Repsol en Colombia (16 de junio de 2007, Madrid), constituyó un espacio en el cual se destacaron los puntos negros del largo historial de Repsol YPF. Entre ellos, recordemos:

A nivel planetario: la contribución al cambio climático al estar Repsol YPF activa en una de las industrias más contaminantes del mundo.

Argentina: el conflicto más conocido es la contaminación del yacimiento de Loma de la Lata, donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil presentan niveles de intoxicación alarmantes por la acumulación de más de 17 metales pesados en sus tejidos corporales. Además, tras la privatización de YPF, Repsol YPF ha provocado un desempleo masivo que afectó a 60% de la población activa en General Mosconi, en la provincia de Salta.

Bolivia: Repsol YPF opera en 7 áreas protegidas y 17 Territorios Indígenas. En este país, el Pueblo Guaraní exige actualmente a Repsol YPF el pago de 20 millones de dólares por los daños causados durante 10 años en el Pozo Margarita. Por otra parte, esta empresa operó desde 1996 hasta la nacionalización de los hidrocarburos por Evo Morales, en situación de ilegalidad, al apoyarse en contratos que violaban la Constitución Boliviana.

Colombia: Por sus actividades en Arauca, en la que se vive una crisis originada por el conflicto armado y por la política de represión en contra de las organizaciones sociales, Repsol YPF ha adquirido una corresponsabilidad, directa o indirectamente, en el incremento del conflicto social, político y militar, la destrucción de los ecosistemas de la región y el acoso a las culturas indígenas. Por otra parte, la empresa ha tratado de asegurarse nuevas reservas de crudo en unas áreas de exploración que se superponen con resguardos indígenas u’was y guahibos.

Ecuador: Repsol YPF tiene actividades en el Parque Nacional Yasuní, declarado reserva de la biosfera, donde habita la etnia indígena huaorani. Además, esta empresa explota el conflictivo Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que afecta 11 áreas protegidas y cuya construcción implicó la violación de los derechos humanos básicos de las poblaciones locales.

Estado español: las organizaciones civiles canarias han denunciado los impactos de las prospecciones de Repsol YPF en las costas de Lanzarote y Fuerteventura y se oponen a la construcción de plataformas de la empresa en los Espacios Naturales Protegidos. En la refinería de Puertollano, la Inspección de Trabajo propone sanciones de hasta 1.2 millones de Euros por el accidente de 2003 donde perecieron 9 trabajadores.

Guinea: Repsol YPF opera en un país caracterizado por el poder dictatorial y graves violaciones de derechos humanos.

Perú: en el frágil contexto de la selva de Camisea, zona de alta biodiversidad y territorio de Pueblos Originarios, Repsol YPF, SK Corporation y Hunt se disponen a construir una Terminal de gas natural líquido y otras obras de infraestructura, sin contar con un estudio de impacto ambiental integral e independiente. El Banco Interamericano de Desarrollo contempla financiar este proyecto, pasando por alto que el gasoducto de estas empresas ha venido generando contaminación en los últimos años, rompiéndose hasta seis veces.

En respuesta a la irresponsabilidad social corporativa de Repsol YPF, nos sumamos a la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, que recomienda que Repsol YPF:

Devuelva la deuda ecológica que ha contraído con los Países del Sur

Restituya a las comunidades indígenas su territorio en las condiciones más parecidas que se pueda a su situación antes de su presencia.

Retire toda su actividad de aquellas zonas donde la población local lo requiera de forma inmediata.

Reconvierta su actividad desde la extracción, procesado y distribución de hidrocarburos, hacia las energías renovables, especialmente la eólica y la solar.

Respete y cumpla los marcos internacionales de derechos humanos, lo que debería ser constatado a través de la realización de una auditoria externa.

Restituya a los pueblos donde está realizando sus actividades todos los recursos que de ellos ha tomado para su desarrollo social en armonía con el entorno.

Destacamos asimismo la responsabilidad de: los principales accionistas de Repsol YPF, entre los que se encuentran otros gigantes del capital español como La Caixa (14.12%) y Sacyr-Vallerhermoso (20%); y por otra parte del propio Estado español, que debe obligar a sus empresas al respeto del Derecho Internacional y de las legislaciones ambientales.

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