En 2019 fueron asesinadas cinco defensoras de Derechos Humanos
Eulodia Lilia Díaz Ortíz fue una indígena que defendió los últimos tianguis del trueque en el Estado de México, una tradición prehispánica de la entidad por medio de la cual florece la economía de las comunidades náhuatl, otomíes y tlahuicas que intercambian leña por comida.
Luego de años de hostigamiento por parte de las autoridades municipales que buscaban el control del tianguis, el pasado 25 de marzo de 2019, un vecino presuntamente allegado a la administración municipal le disparó a Eulodia y la mató.
Este asesinato fue uno de los cinco crímenes contra defensoras de Derechos Humanos y mujeres periodistas que ocurrieron en México durante 2019, de acuerdo con datos registrados por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM).
Las otras defensoras asesinadas fueron la promotora del derecho a la vivienda digna en la Ciudad de México, María Cristina Vázquez; la periodista de Tabasco, Norma Sarabia; la defensora de tierra y territorio en Chiapas, Estelina López Gómez; y la defensora de personas desaparecidas en Michoacán, Zenaida Pulido.
Además de estos crímenes, durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron dos intentos de asesinato contra las activistas; cuatro detenciones arbitrarias; 22 casos de criminalización; dos desapariciones y tres allanamientos.
Estas cifras demuestran que el actual gobierno federal no logró hacer una diferencia con respecto a la administración de 2018, a cargo del priísta Enrique Peña Nieto, ya que, de acuerdo con datos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en ese año cuatro mujeres defensoras fueron asesinadas.
Según el conteo de la RNDDHM, en 2019 la mayoría de las defensoras agredidas trabajaban por la tierra y el territorio y los derechos ambientales; en favor de la población en contexto de migración; los derechos sexuales y reproductivos; y de las personas desaparecidas y desplazadas.
Control del territorio, la amenaza más grande
La mayoría de las agresiones contra las activistas ocurrió en un contexto de conflicto por el control del territorio, que es el tema de fondo, incluso, en las agresiones contra personas que acompañan a víctimas de desaparición, desaparición forzada o desplazamiento, aseguró en entrevista Gloria Flores, cocoordinadora de la RNDDHM.
Esto es así –precisó Flores con base en los casos que acompañan– porque algunas veces las empresas y los gobiernos trabajan en contubernio con el crimen organizado para que éste genere condiciones de violencia en la entidad que deriven en desaparición y desplazamientos. De esta forma, los territorios quedan libres para la instalación de proyectos o el control criminal.
A esto se suma que estos grupos externos a las comunidades (como empresas o actores políticos) implementan acciones para dividir la fuerza comunitaria, lo que coloca en una situación de mayor riesgo a las mujeres que defienden los territorios en sus comunidades, agregó la entrevistada.
De acuerdo con Flores, si bien los perpetradores directos son funcionarios públicos, empresas, personas de la misma comunidad y hasta grupos del narcotráfico, el Estado es el principal responsable de esta violencia, ya que la mayoría de las defensora ya habían denunciado otras agresiones en el pasado.
Sin embargo, las cifras de 2019 mostraron que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está rebasado y ha desatendido a las denunciantes, por lo que –a decir de Flores– requiere mayor presupuesto, infraestructura y capacitación del personal.
Esto ha orillado a que sean las mismas redes de activistas quienes realicen acciones de acompañamiento y protección para las defensoras. Incluso, son ellas quienes han tenido que hacer búsquedas de personas en el territorio, a pesar de los riesgos de seguridad que eso implica para ellas.
Para la RNDDHM, en 2020 se prevé un año de más riesgo para las activistas, ya que el actual gobierno federal tiene la intención de avanzar en la implementación de proyectos extractivistas, hidroeléctricos y otros, pero sin garantizar la participación informada de las comunidades.
Ante este contexto, las defensoras exigen al gobierno de López Obrador que verifique el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Protección y fiscalice el ejercicio de su presupuesto; y que garantice el funcionamiento de las Comisiones estatales para búsqueda de personas desaparecidas.
Además, urgen a que se realicen consultas indígenas, no ciudadanas, para la instalación de proyectos, pero con base en estándares internacionales; y que privilegie medidas de seguridad para aquellas comunidades que decidan rechazar el desarrollo de esos proyectos en su comunidades.
Fuente: Desinformémonos