En 15 días desmontaron más de 800 hectáreas en Salta

En Salta se desmontaron un total de 839 hectáreas, de las cuales 130 fueron registradas en la finca San Francisco, del departamento San Martín. Según la organización ambientalista Greenpeace, esta finca es de propiedad de Ignacio García del Río, quien es a su vez presidente de la Sociedad Rural Salteña y miembro de PROGRANO, entidad que nuclea a los grandes productores de Salta y Jujuy.

Las imágenes satelitales muestran que los desmontes en la finca San Francisco se realizaron entre el 13 y 23 de marzo uno, y entre el 23 y 25 de marzo el segundo.

El de esta propiedad “es el único caso en el que sabemos fehacientemente de quien es la finca, porque estuvimos ahí”, dijo a Salta/12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini. Queda por ahora analizar la ubicación del resto de superficies desmontadas.

El secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, por su parte, adelantó a este medio que se remitirán las actuaciones al Ministerio Público Fiscal. Esto porque se realizaron durante la cuarentena y con eso se habrían violado la disposiciones del gobierno nacional de aislamiento social obligatorio, por la pandemia del coronavirus. “Se elaboraron informes internos. Están autorizados en la gestión anterior. El motivo es incumplimiento de la cuarentena. Actuará el Ministerio Público y le proporcionaremos la información de soliciten”, agregó Aldazábal al responder vía redes sociales a las consultas realizadas.

Una autorización incierta

Giardini recordó que la recategorización y posterior autorización del desmonte en la finca de García del Río ya había sido cuestionada en 2013. Esta fue una de las superficies que estaba en amarillo según el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia. Los desmontes estaban prohibidos en esta categoría y en la roja. Sin embargo, durante su gobierno Juan Manuel Urtubey dictó en 2011 dos decretos que permitieron la recategorización de zonas rojas o amarillas (es decir, en las que se prohibía el desmonte), a verdes (para desmontar).

Con estas modificaciones mediante, la finca de García del Río junto a otros 31 establecimientos agropecuarios fueron beneficiados para desmontar.

Al iniciar 2018 el ex ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, instó al gobierno de Urtubey a suspender los desmontes que había permitido mediante esas recategorizaciones.

A regañadientes, el gobierno de Urtubey aceptó la observación. El 24 de enero de 2018 la Secretaría de Ambiente emitió la resolución Nº 19 del Ministerio de Producción, Trabajo, y Desarrollo Sustentable que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”. En el anexo del decreto se mencionaba las 32 fincas enmarcadas en esta resolución. Si bien no sale mencionada la finca San Francisco como tal, Giardini explicó que esta es un desmembramiento de la finca Caraguatá, que aparece en el listado detallado por el Ministerio de Ambiente de la Nación al momento de pedir suspender los desmontes.

Lejos de aceptar que las recategorizaciones implicaban un efecto regresivo para el OTBN, y amparándose en el principio de autonomía provincial, en el instrumento legal salteño se afirmó que las “resoluciones cuestionadas gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, y su validez no puede ser alterada por un acto administrativo emanado de una autoridad nacional no competente al efecto”. Sin embargo, se resolvió la “suspensión de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso del suelo cuestionadas”.

En parte de los considerandos de la resolución provincial se habló de que “correspondería disponer provisoriamente la suspensión de las autorizaciones de recategorizaciones”, pero en ningún momento se habló de un tiempo determinado.

“No sabemos si se liberó alguna (de las 32 fincas en donde se suspendieron las autorizaciones de desmontes), para seguir deforestando”, dijo Giardini. Desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, en tanto, se afirmó que la autorización de desmonte de la finca es de 2011.

Efecto inundación

Entre los argumentos que adujo Greenpeace en 2013 para refutar la recategorización de los montes de la finca San Francisco se encuentra el hecho de que la superficie limita con el ex lote fiscal 14, y cualquier modificación en esta parte incide en el territorio de uso ancestral de las comunidades indígenas de esa zona. Es sobre las más de 640 mil hectáreas que forman parte de los ex lotes fiscales 55 y 14 (ubicados en el departamento Rivadavia), que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló recientemente a favor de las comunidades originarias.

Conocedores de esta causa sostuvieron que en principio el desmonte a realizar no complicaría el trabajo de reubicación que las familias criollas deben hacer en los próximos seis años. Sin embargo, recordaron que en 2013 se refutó la autorización de este desmonte en razón de que favorecería el escurrimiento de las aguas sobre los ex lotes fiscales y, por lo tanto, provocaría inundaciones en perjuicio de las comunidades que habitan el ex lote fiscal 14.

Fuente: Página 12