Emergencia Territorial Indígena: “El Estado argentino sigue en deuda con los pueblos originarios”

La Ley 26.160, aprobada en el año 2006, declara la Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena e instruye la realización de un relevamiento de tierras de comunidades indígenas en el país, que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) junto con las provincias. Además, suspende los desalojos o desocupación de las tierras contempladas en la Ley hasta tanto el relevamiento no esté concluido. El 23 de noviembre pasado, la prórroga de la emergencia territorial venció por tercera vez.

Desde el 2006 hasta la fecha, la Ley 26.160 se viene prorrogando. El 17 de noviembre de 2021, mediante el  decreto 805/2021, el presidente Alberto Fernández dio una nueva prórroga de la Ley 26.160, hasta 2025, la cual evita los desalojos, pero es una disposición que no garantiza la misma protección a los derechos que la sanción de una cuarta prórroga votada por el Congreso Nacional.

El Senado había dado media sanción para una nueva prórroga a fines de octubre, pero  Diputados no la aprobó ni siquiera durante diciembre, en la  extensión de las sesiones ordinarias.

El artículo 3º de la norma indica que el INAI debe realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación nominal de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promover acciones vinculadas a ello con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, entidades nacionales provinciales y municipales, organizaciones indígenas y Organizaciones No Gubernamentales.

Para esas tareas se crea un fondo especial para la asistencia de las comunidades indígenas para el relevamiento jurídico catrastral, la asistencia a programas de regularización dominial, y las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales. El INAI y el Estado en sus diferentes niveles sigue en deuda con la Ley 26.160 porque el relevamiento jurídico catastral nunca fue terminado.

Hay que destacar que la prórroga firmada por decreto presidencial puede modificarse con otro decreto antes del 2025, por lo que no hay garantías de la vigencia de la emergencia territorial. Que la prórroga se vote en el Congreso asegura la protección de los territorios por Ley ante posibles desalojos o avances extractivos.

Los pueblos originarios  habitamos los territorios en forma preexistente a la conformación del Estado nacional argentino. Nuestra vida, cultura, historia y nuestra forma de relacionamiento con el territorio está vinculado estrechamente a la permanencia en esos mismos territorios que habitamos. Es allí donde desarrollamos la vida en comunidad, la vida en la producción y distribución de nuestros alimentos, la transmisión de saberes y conocimientos ancestrales, el cuidado de nuestra salud y la educación de nuestros niños y niñas, y resolvemos colectivamente nuestros problemas comunes.

La Red Puna está integrada por comunidades indígenas, cooperativas y asociaciones jujeñas, que en conjunto suman unas 35 organizaciones. Las principales producciones que engloba la red son los chacinados –de ganado caprino y llama–, textiles en base a la lana de oveja y de llama tratados con tintes naturales, producción de granos andinos (quinua, trigo y maíz) que se les agrega valor al transformarlos en harina para su comercialización local, pero que podrían tener alcance nacional si se consiguiera la habilitación del Senasa. También se produce para el mercado local papas andinas, habas, maíz y carnes.

El incumplimiento estatal de la Ley 26.160

En Jujuy viven más de 300 comunidades con personería jurídica reconocidas, pero no son más de 30 las que tienen los títulos comunitarios de sus tierras. Además, en varios de esos 30 casos, no se reconoció la totalidad del territorio que había sido mensurado. Por eso, cuando reclamamos por la entrega de títulos también lo hacemos por los “remanentes”. Esas parcelas coinciden con zonas donde se pretenden instalar proyectos mineros. Además, las 30 comunidades que lograron finalizar el trámite de título de propiedad comunitaria se encuentran en solo tres departamentos: Santa Catalina, Susques y Humahuaca.

Es necesario destacar que desde el 2012 no se realizan entregas de títulos, a pesar de tener las carpetas técnicas aprobadas. Llevamos más de 15 años peleando por la regularización de las tierras y exigimos más compromiso por parte de los gobiernos provincial y nacional.

Sin la aplicación de la Ley de Emergencia Territorial indígena muchas comunidades quedan expuestas a que futuras explotaciones mineras avancen sobre sus territorios. Además, en Jujuy ya se vienen realizando explotaciones mineras sin la consulta previa (que está legislada por ley y convenios internacionales).

La representación de las comunidades y pueblos originarios en la explotación de los recursos naturales en la provincia es nula. El Estado proyecta sus emprendimientos y los desarrolla bajo la planificación acordada solo con las empresas.

En la zona de La Quebrada hay varios emprendimientos mineros que el gobierno provincial impulsa en la zona de Huacalera –localidad cercana a Tilcara–. Entre ellos, los que vienen sonando fuerte son las minas de uranio. Venimos luchando y concientizando a las comunidades para frenar esos emprendimientos, para que no avancen sin consulta previa.

Los pueblos indígenas, campesinos y organizaciones sociales estamos en estado de alerta y movilización. Exigimos al Congreso de la Nación que trate la prórroga de la Ley 26.160. El Estado está obligado a garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales que aseguran nuestra existencia como pueblos originarios en nuestros territorios.

Fuente: Agencia Tierra Viva