El neocolonialismo agrario amenaza con dejar sin alimentos a los países en desarrollo

El siglo XXI se presenta como un enorme campo de batalla, el escenario de encarnizadas escaramuzas que se están librando -o se librarán en un futuro inmediato- por asuntos tan transcendentes como la salud medioambiental del planeta o -si cabe el todavía más polémico- el hambre que vendrá. Y es que una de las grandes guerras futuras, con las trincheras ya bien pertrechadas de pólvora y balas, es la que tiene como protagonista a los productos agrarios que van camino de convertirse en un bien escaso para muchos países en desarrollo, cuyas tierras y explotaciones agrícolas están siendo adquiridas de forma masiva por los gobiernos y los inversores privados del primer mundo. Ante esta situación, calificada por los analistas como una forma de moderno colonialismo, la FAO ha tomado cartas en el asunto solicitando una serie de directrices internacionales que regulen las adquisiciones de terrenos en los países en desarrollo.

La realidad es que la compra de tierras en países de África, América Latina o el Sudeste Asiático se ha acelerado a un ritmo alarmante. Las advertencias de la ONU acerca de que estas adquisiciones podrían ocasionar un riesgo de pauperización en las ya muy sangradas economías del tercer mundo parecen haber caído en saco roto a juzgar por las adquisiciones masivas de países como China o los Estados del Golfo, que no pueden producir por sí mismos alimentos suficientes. Con un marcado efecto dominó muchos países compiten entre sí comprando más y más tierras y explotaciones. Así, casi un siglo después de que el pastel africano se repartiese en caprichosas porciones entre las golosas economías europeas, la situación se está repitiendo de nuevo.

EL NUEVO REPARTO DEL “PASTEL” AGRÍCOLA

Los más codiciosos, los que se han lanzado a comprar tierras por todo el mundo son los estados con petrodólares y divisas. Corea del Sur, primer comprador mundial, ha adquirido 2.306.000 hectáreas; le sigue China (2,09 millones), Arabia Saudita (1,61 millones), los Emiratos Árabes Unidos (1,28 millones) y Japón (324.000 hectáreas). Un total de casi 8 millones de hectáreas de tierras fértiles compradas o alquiladas en el exterior. También los países del Golfo, sin agua ni campos fértiles que cultivar, se han lanzado a las compras de parcelas exteriores. Los Emiratos Árabes Unidos controlan 900.000 hectáreas en Pakistán, y están sopesando proyectos agrícolas en Kazajistán. Libia adquirió 250.000 hectáreas en Ucrania a cambio de petróleo y gas. El grupo saudita Binladin ha conseguido terrenos en Indonesia para cultivar arroz, e inversionistas de Abu Dhabi compraron decenas de miles de hectáreas en Pakistán. Jordania producirá comestibles en Sudán. Egipto obtuvo 850.000 hectáreas en Uganda para sembrar trigo y maíz.

Con 1.400 millones de bocas hambrientas que llenar, el gigante asiático es uno de los compradores más compulsivos. China detenta tierras en Australia, Kazajistán, Laos, México, Brasil, Surinam, y sobre todo en África. Pekín ha firmado unos 30 acuerdos de cooperación con gobiernos que le dan acceso a explotaciones. También Corea del Sur está hambriento de terreno y ha adquirido 21.000 hectáreas para cría de ganado en Argentina y otras 700.000 hectáreas en Sudán, país conocido popularmente como “el granero del mundo árabe”.

Incluso la India ha prestado dinero a 80 compañías para comprar 350.000 hectáreas en África. Se conocen al menos seis países que han comprado grandes superficies en Sudán, uno de los países donde la seguridad alimentaria es más precaria. Otros países que han adquirido tierras el último año son Suecia y Libia. Los países afectados incluyen no sólo aquellos con tierras fértiles como Brasil, Rusia y Ucrania sino también países pobres como Camerún, Etiopia, Madagascar y Zambia.

En cuanto a las corporaciones y empresas más activas en compras exteriores, Alpcot Agro de Suecia compró 120.000 hectáreas en Rusia, la coreana Hyundai ha pagado 6,5 millones de dólares para ser la mayor accionista en Khorol Zerno, que posee 10.000 hectáreas en Siberia del Este, Morgan Stanley ha comprado 40.000 hectáreas en Ucrania. La también coreana Daewoo firmó un contrato para el uso de 1,3 millones de hectáreas en Madagascar durante 99 años, una adquisición que ha tenido mucho que ver con los disturbios producidos la primavera pasada.

UN ARMA DE DOBLE FILO

La organización de alimentos y agricultura de la ONU calcula que en total casi 20 millones de hectáreas de tierras de cultivo- un área equivalente a la mitad de tierras cultivables de toda Europa- ha sido vendida o está en proceso de adquisición. Una serie de especulaciones desmedidas que provocan una clara pérdida de fe en los mercados internacionales. Lo que para los inversores es seguridad alimentaria deja tras de si un reguero de hambre y escasez para las poblaciones locales, sin mencionar el daño medioambiental consecuencia de un cultivo muy intensivo, suelos agotados, sequía de los acuíferos y destrucción ecológica por culpa de los productos químicos. Un legado envenenado para los países en desarrollo.

Conocido en inglés como land grabbing -expresión que podría traducirse como apropiación de tierras-, el fenómeno es sin duda un arma de doble filo, que sin embargo no está exento de oportunidades tales como la transferencia de tecnología para estimular la innovación y el incremento de la productividad; mejoras en la calidad; creación de empleo; vínculos regresivos y progresivos y efectos multiplicadores mediante el recurso a las fuentes locales para el suministro de la mano de obra y otros insumos. Incluso es posible que aumenten los suministros alimentarios para el mercado interno y para exportación. Sin embargo, los detractores del fenómeno advierten del daño que causa a las poblaciones locales, que con frecuencia quedan al margen de la negociación de los acuerdos. Los más críticos califican la estrategia de "neocolonialista" porque esquilma los recursos naturales de países que, en muchos casos, ya tienen sus propios problemas de escasez de alimentos.

El estudio más completo sobre la cuestión efectuado hasta el momento es probablemente el publicado en mayo de este año por el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED), que certifica que la apropiación de tierras es un fenómeno en ascenso, y advierte de que es cada vez mayor el riesgo de que campesinos pobres acaben siendo expulsados de sus tierras o pierdan el acceso al agua y a otros recursos. Yes que el neocolonialismo agrario le arrebata sin duda el trabajo al campesinado y crea un tensiones sociales extremas y violencias civiles. La tierra es un tema muy sensible, un símbolo, parte de la identidad de una población, campo de cultivo ideal para que se gesten odios y rencillas.

Si bien en el pasado los inversores extranjeros buscaban productos tropicales como plátanos y cocos o cultivos hortofrutícolas, la oleada más reciente de inversiones extranjeras se centra en alimentos más básicos como el maíz, el trigo o el arroz. Incluso en ocasiones las tierras se compran como materia prima para biocombustibles, y no para producir alimento. Si bien la mayoría de las adquisiciones de tierras se negocian directamente entre las autoridades políticas o a través de empresas que actúan como intermediarias para los Gobiernos, también hay fondos de inversión privados que participan en el negocio, como el británico Emergent Asset Management, que tiene previsto comprar 50.000 hectáreas de tierra en Mozambique, Suráfrica Botswana, Zambia, Angola y la República Democrática de Congo. El aumento de las compras de tierras en países pobres coincide con un agravamiento de la situación alimentaria mundial. Según la FAO, mil millones de personas pasan hambre en el mundo, la cifra más alta de la historia. De ellas, 100 millones han entrado en la lista como consecuencia de la crisis económica actual. La subida del precio de los alimentos en los mercados internacionales, frenada parcialmente por la crisis económica, es otro factor que ha contribuido a agravar la situación.

LA NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN INTERNACIONAL

La falta de transparencia es, en muchos casos, la lacra principal de estas transacciones. Tal y como han advertido expertos del Instituto Internacional de Investigación de Política Alimentaria, en muchos lugares de África, la propiedad de la tierra se rige por la costumbre, sin que existan papeles de propiedad, lo que significa que el Gobierno puede ejercer de propietario de unas tierras que han sido cultivadas durante siglos por clanes de campesinos locales.

La alarma es el sentimiento predominante en las poblaciones afectadas. Anticipándose a los requerimientos de la FAO, muchos Gobiernos han empezado a tomar medidas a nivel nacional. En Pakistán, los campesinos ya se están movilizando contra el desplazamiento de aldeas si Qatar compra terrenos en la region de Punjab, y Paraguay ha aprobado una ley que prohíbe vender parcelas a extranjeros. Uruguay se lo está planteando y Brasil estudia cambiar su legislación. También Tailandia rechazó a finales de junio una oferta de varios países árabes para invertir en el cultivo de arroz y en la ganadería. "En cumplimiento de nuestras leyes, los extranjeros o las compañías extranjeras tienen prohibido alquilar o comprar tierras para cultivar arroz o cualquier tipo de alimento, incluyendo el ganado, en Tailandia", afirmó el primer ministro, Abhisit Vejjajiva. En Filipinas, el Gobierno ha bloqueado la adquisición de más de 1,2 millones de hectáreas por parte de un consorcio chino con participación pública y privada.

Se ha hecho evidente la creación de un código de conducta vinculante que regule estas adquisiciones de forma que beneficien y no desangren a los países en desarrollo. Las directrices que solicita la FAO deberían ofrecer un marco que sirviera de punto de referencia para las reglamentaciones nacionales, especialmente si las partes reconocen que el cumplimiento de normas comunes redunda en el interés de todos. Y, lo que es más importante, deberían evaluarse y promoverse otras inversiones internacionales en agricultura distintas de la adquisición de tierras y garantizar que hay transparencia en las negociaciones y que se respetan los derechos existentes sobre las tierras afectadas, incluyendo la costumbre, y que los beneficios se reparten entre compradores y campesinos locales. Conjuntamente con las directrices internacionales, la cooperación de los inversores internacionales también sería necesaria. Deberían reconocer que sus inversiones tienen consecuencias y respetar rigurosamente las normas ambientales, sociales y laborales de los países donde invierten.

Fuente: Capital News