El modelo forestal chileno: plantaciones, celulosa y crisis del agua

El sector forestal se concentra en dos grandes empresas, ARAUCO y CMPC, quienes controlan desde las plantaciones de pino y eucalipto hasta los puertos de embarque, pasando por el transporte e industria de transformación de la madera. Esto implica control sobre los pequeños y medianos empresarios, a través de la fijación de precios, la absorción de sus industrias y el acaparamiento de las tierras y los mercados para la exportación. Así también conciben un sistema de subcontrataciones que funciona al filo de la ley laboral, con abusos permanentes sobre los trabajadores forestales.

Las grandes empresas se forjaron con las privatizaciones del patrimonio público durante la Dictadura y se han beneficiado por casi 40 años de una Ley de Fomento Forestal que subsidia las plantaciones forestales, lo que en la práctica ha significado la instalación de más de 2 millones de hectáreas de monocultivos de pino y eucalipto con el dinero de todos quienes pagamos impuestos. El resultado: exportaciones por más de 5 mil millones de dólares anuales, basadas en productos de baja elaboración (principalmente celulosa), que quedan en manos de unos pocos grupos económicos. Pero esta actividad deja a su paso un reguero de problemas sociales, como la emigración rural, conflictos por tierras y aguas, empleo de mala calidad, entre otros, y ambientales, como la erosión de suelos, contaminación y agotamiento de aguas, pérdida de biodiversidad y deterioro del paisaje, entre otros. No se extrañe por los grupos económicos que están detrás de todo esto: ARAUCO, perteneciente al grupo Angelini, con inversiones en la pesca, combustibles (COPEC) y minería y; CMPC, perteneciente al grupo Matte, involucrados en la banca y los mega proyectos hidroeléctricos de la Patagonia. Es decir, hablamos de una muestra importante de los verdaderos “dueños de Chile”. En un palabra, lucro.

En este contexto es relevante entender los vínculos del modelo forestal con la creciente crisis hídrica que se vive en el centro-sur del país, donde decenas de miles de personas del sector rural tienen problemas para acceder al agua con fines de consumo (agua potable) y autosustento (soberanía alimentaria). Un análisis detallado de los “aportes” que realiza el modelo forestal a la crisis del agua en Chile debe considerar al menos dos grandes temas: las plantaciones forestales de especies exóticas y la industria de celulosa.

Las plantaciones forestales alcanzan una superficie de 2,9 millones de hectáreas y se encuentran mayoritariamente entre la VII y XIV regiones, donde un 68% corresponde a monocultivos de la especie pino (Pinus radiata) y 23% a eucalipto (Eucalyptus spp.). Diversos estudios científicos realizados en Chile y el mundo muestran que el elevado consumo de agua de los monocultivos forestales de eucalipto y pino genera un desbalance hídrico, es decir, disminuyen la cantidad de agua disponible para otros usos en los territorios donde se instalan. Esto tiene una explicación: las especies de rápido crecimiento consumen grandes cantidades de agua para crecer, a través del proceso de transpiración. Si sumamos a esto la práctica de cosecha utilizada, la tala rasa, que consiste en eliminar toda la vegetación cada 20 ó 25 años, se configura un escenario de pérdida de suelo producido por la erosión que generan las lluvias al caer sobre el suelo desnudo. Con esto se pierde la capacidad natural de almacenar agua y la productividad de los suelos bajo este uso forestal.

Las consecuencias de este modelo de producción, que se viene aplicando desde inicios de la década de 1970, se pueden apreciar en las comunas que han experimentado un drástico aumento en la superficie de plantaciones forestales. Por ejemplo, en la Región de La Araucanía la superficie de plantaciones aumentó un 63% entre 1993 (351.330 há) y 2007 (572.184 há), con fuertes impactos en las comunidades rurales. Para ilustrar, comunas como Lumaco, Los Sauces, Chol Chol, Traiguén, Ercilla, Puren y Renaico, que hoy tienen una alta cobertura de plantaciones forestales, se ven enfrentadas a una escasez de agua tal, que los Municipios deben entregar agua en camiones aljibe a miles de familias, nuevamente utilizando fondos públicos. Esta crisis se ha venido profundizando y no se ve una respuesta sistémica desde el Estado para enfrentarla, sino sólo bajo la lógica de la emergencia: comienzan las lluvias y “se acaba el problema”, pero la raíz de esta crisis no se toca, porque implica tocar a los poderosos.

Respecto a la industria forestal, lo primero a destacar es que su orientación es la exportación de productos de baja elaboración derivados de la madera, donde el 50% es pulpa química (celulosa), que implica un proceso altamente demandante de agua y que genera residuos industriales altamente contaminantes, que no son tratados adecuadamente antes de volver a los cursos de agua. Desastres ecológicos como el ocurrido en Valdivia se repiten en diversas partes del centro-sur de Chile donde están instaladas las plantas de celulosa, como Constitución, Mataquito, Nacimiento y Santa Fe, entre otros.

Esta industria requiere enormes volúmenes de madera, por lo que se genera una retroalimentación positiva entre la instalación de este tipo de industrias y la necesidad creciente de abastecerlas, por lo que las plantaciones de pino y eucalipto aumentan en el tiempo. Es más, el Gobierno de Chile a través del Director Nacional de CONAF plantea que las plantaciones en Chile deben crecer del orden de 2 millones de hectáreas. Por lo tanto, plantean políticas para consolidar el modelo descrito, como la nueva Ley de Fomento Forestal, actualmente en discusión en el Congreso, o la entrega de plantas de eucalipto por parte de CONAF e INDAP a los campesinos y mapuche del centro sur.

Entonces nos encontramos con una paradoja, porque por un lado tenemos a las comunidades rurales sin agua para uso humano, que acuden al Municipio para que les solucione (de manera parcial) el problema con un costo anual de miles de millones de pesos, pero por otro tenemos a otros organismos del Estado (CONAF, INDAP) promoviendo la profundización del modelo que genera los problemas de escasez de agua. Parece razonable detenerse a pensar, primero, para quién trabaja el Estado y, en segundo lugar, si es el Estado quien debe financiar estas “emergencias” que tienen a las familias del sur de Chile sin agua.

Es de esperar que como sociedad seamos capaces de darnos cuenta a tiempo que sin agua no hay vida, ni para el empresario “exitoso” que exporta celulosa ni para el campesino que quiere cultivar su huerta pero vive rodeado de plantaciones de eucalipto que lo dejan sin el vital elemento.

Para abordar esta situación es necesaria la participación de todos los sectores sociales, de manera de entender lo que está pasando y actuar de manera acertada en el abordaje de este problema, que sin duda es el más importante y transversal que enfrenta Chile en estos tiempos de cambio social y global. Se requiere una nueva forma de gestión territorial, y para eso hay que repensar la estructura del Estado, sus leyes e institucionalidad. Para realizar la contrarreforma agraria en la Dictadura Militar se separó el agua de la tierra, a través del Código de Aguas, lo que fue una decisión muy conveniente para los poderes económicos. La tierra sin agua es tierra yerma, y no tiene valor. Si esto fue posible, ¿por qué ahora no podemos hacer un cambio de esta magnitud?

Ahora estamos frente a otro Chile, uno que pide a gritos participación y gestión local, desde los territorios; la gente no quiere que le vengan a imponer proyectos de inversión que benefician a unos pocos y afectan a la mayoría, prueba de estos son las innumerables manifestaciones y movimientos que surgen en todo Chile. Esta debe ser la premisa para el cambio que estamos viviendo y los “dueños de Chile” deben entenderlo o afrontar las consecuencias de una crisis que tiene sus orígenes en la forma como usamos y tratamos a la Tierra.

Por Cristián Frêne Conget, ingeniero forestal AIFBN y director iniciativa “Agua que has de beber”

Fuente: El Ciudadano