El "lobby" europeo más cerca de la coexistencia
En la Unión Europea, el debate y la contestación pública sobre la autorización de cultivos transgénicos (OGM) consiguieron hasta ahora que se aplicase una moratoria inicial en la mayoría de los países, siendo el Estado español el único estado miembro que permite el cultivo de transgénicos (maíz y soja) a gran escala.
Pero, tras la presentación del borrador del Documento para las Buenas Prácticas en la Producción de Maíz por parte de la Agencia Europea de la Coexistencia en la reunión del Grupo Consultivo sobre Desarrollo Rural el 10 de octubre de 2008, se pudo constatar que las tesis del lobby transgénico europeo se han impuesto sobre las tesis ecologistas y campesinas, debilitando la inicial oposición legislativa e institucional a los OGM. Primero consiguieron que se aprobara la legislación sobre etiquetado y trazabilidad, y luego imponer su visión sobre la coexistencia.
Durante las discusiones, los grandes lobbies europeos de agricultores intensivos y las empresas biotecnológicas solicitaron la libertad de elección para cultivar transgénicos considerando que éstos son más productivos, requieren un menor uso de fitosanitarios y consumen menos agua. Así mismo, apelaron a la pérdida de competitividad que suponen las limitaciones en el cultivo de transgénicos frente al resto de productores agrícolas (EE UU, Brasil y Australia), que sí tienen libertad para cultivar. Ahora, su postura se ha visto reforzada por la legislación europea al haber establecido el principio de la coexistencia y consideran que el debate ya no está en los transgénicos o en si la coexistencia es posible, sino en cómo se legislan los aspectos técnicos de ésta.
Las asociaciones ecologistas, por su parte, se oponen a dicha coexistencia al existir numerosos casos reales sobre contaminación por polinización o contacto físico (mezcla de semillas). Las asociaciones campesinas destacaron, además, la contradicción existente dentro de la Política Agrícola Común, que pretende la promoción de la biodiversidad de los paisajes y cultivos europeos, pero a la vez permite la pérdida de esta biodiversidad provocada por la contaminación por los OGM. Para estos agricultores, lo importante no es garantizar la libertad de elección del cultivo sino la libertad de elección del agricultor de no cultivar transgénicos, protegiendo los cultivos tradicionales de la contaminación.
Contaminación transgénica
En el Estado español se han notificado numerosos casos de contaminación detectados por ONG, sindicatos y comités de certificación de agricultura ecológica a lo largo de toda la cadena alimentaria. Sin embargo, las autoridades estatales no han reconocido ninguno de estos casos, ni han llevado a cabo ningún estudio sistemático para analizar el alcance de la situación. El caso de Aragón, donde el 75% de los cultivos orgánicos se han tenido que transformar en cultivos tradicionales por no cumplir con los requisitos de los comités de agricultura ecológica debido a la contaminación por transgénicos, es un ejemplo de la falta de elección a la que se ve abocada la agricultura orgánica.
Las empresas biotecnológicas seguirán presionando para conseguir que la Comisión Europea apruebe la legislación sobre coexistencia, la cual se ha demostrado imposible y con un alto impacto sobre los cultivos tradicionales. Si se admite la coexistencia, las explotaciones agroecológicas desaparecerán, al no poder garantizar la ausencia de OGM ; se extinguirán variedades autóctonas de cultivos, perdiéndose biodiversidad agrícola, y el consumidor estará más desprotegido y desinformado sin poder optar por alimentos libres de transgénicos.
¿Es posible la coexistencia ?
La coexistencia es un concepto socioeconómico, separado de la evaluación de riesgos al medioambiente o a la salud, y pretende la separación entre cultivos, asumiendo que técnicamente se puede evitar la contaminación de cultivos agrobiológicos por polinización de cultivos transgénicos y la mezcla física de semillas en toda la cadena alimentaria. El principio de coexistencia se contradice con la legislación sobre etiquetado y trazabilidad que permite la contaminación por transgénicos hasta un umbral de presencia accidental del 0,9%, ya que si evitar la contaminación fuese posible, no habría que fijar un umbral mínimo de contaminación.